Con el fin de la declaración de estado de alarma cada vez más cerca, todo comienza a volver a la normalidad. Y en Cataluña eso significa retomar el asunto de la independencia por parte de la clase política. Este martes ha sido el presidente Quim Torra el que se ha referido a ella. Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter y en respuesta a unas declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que le ha acusado de «descontento permanente«.
La ministra se refería a las críticas formuladas por Torra sobre el reparto de los fondos estatales que permitirán a las comunidades autónomas hacer frente a las consecuencias de la pandemia del COVID-19. El Gobierno destinará a este objetivo una partida de 16.000 millones de euros. Una cantidad claramente insuficiente para un Torra que reclama solo para Cataluña 15.000 millones. Montero ha recriminado a Torra su postura, diciendo que «recuerda el España nos roba» y ha admitido que el reparto de estos fondos ha generado en algunas comunidades «expectativas» que no se van a poder ver cumplidas.
«¿Expectativas?», se ha preguntado Torra en su cuenta de Twitter, «padecemos un expolio fiscal de 16.000 millones de euros que cada año desaparecen de nuestro país». El presidente ha afirmado que hacen falta «todos los recursos y toda la soberanía para poder asegurar el futuro y los puestos de trabajo catalanes». «Por ello», ha añadido, «la mejor normalidad es la independencia de Cataluña».
Aunque todo indica que Torra tiene los días contados al frente de la Generalitat, el presidente lleva varias semanas elevando el tono frente al Gobierno central. Y es que, a pesar de que es muy probable que sea definitivamente inhabilitado por el Tribunal Supremo, la convocatoria de elecciones no tardará mucho en realizarse y tanto su partido, JxCat, como su principal adversario, ERC, llevan ya tiempo instalados en la precampaña electoral. Ni la pandemia del coronavirus ha logrado que los hasta enero socios de gobierno sellen la paz y, durante la gestión de la crisis sanitaria y social, se ha podido comprobar cómo la posconvorgencia ha buscado la manera de que solo los republicanos asuman las consecuencias de lo sucedido en los dos últimos meses en Cataluña.
El último tropiezo de ERC en este sentido ha sido la contratación de la constructora Ferrovial para el rastreo de los contactos de los pacientes de COVID-19 por 17 millones de euros. Para el mismo objetivo, la consellera de Salud, Alba Vergés, ha decidido destinar 4,5 millones a Atención Primaria. La protesta de sanitarios y sindicatos ha llevado a Torra a exigir a ERC la suspensión del contrato. Algo que, de momento, Vergés y su departamento están estudiando.
