La polémica en torno a los indultos a la presos separatistas condenados por levantarse contra el Estado en el otoño de 2017, más candente que nunca. Después de la indignación que suscitó en el mundo constitucionalista que el Ministro de Justicia, Juan Carlos Ocampo, pidiese ver con «naturalidad» la concesión de la medida de gracia y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, allanase el camino a su aplicación señalando que al Ejecutivo no le guiaría la «venganza», el Tribunal Supremo acaba de manifestarse en términos antitéticos a los del Gobierno.
Así, el Tribunal Supremo ha informado en contra de la concesión de cualquier forma de indulto —total o parcial— a los 12 condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública en la concesión de la medida de gracia. Los magistrados la consideran una «solución inaceptable», pues no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas y no hay prueba de arrepentimiento por parte de ellos. Además, añade que los argumentos en los que se basan las peticiones de indultos desenfocan el sentido de éstos porque dibujan una responsabilidad penal colectivo, así como pretenden que el Gobierno corrija la sentencia del Supremo.
Distintas voces constitucionalistas aplauden al Supremo
Las palabras del Supremo han suscitado una reacción muy positiva entre distintas voces dentro del constitucionalismo. El jefe de opinión de El Mundo, Jorge Bustos, ha interpretado en Twitter que el dictamen del organismo «aplasta la chatarra sanchista». Por su parte, la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, ha considerado en la misma red social que el Supremo se ha quedado corto al tachar los indultos de «solución inaceptable». «Ni siquiera. Ni aceptable. Ni solución. Inmoral. E inútil. Es más, groseramente contraproducente», ha señalado Álvarez de Toledo.
