La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado este martes a la Generalitat que retome el proceso de vacunación contra el COVID-19 de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que trabajan en esta comunidad. El tribunal da un plazo de 10 días a la Conselleria de Salud, dirigida por la republicana Alba Vergés, para que iguale «la proporción de vacunación de agentes de Guardia Civil y Policía Nacional con la del resto de cuerpos en los que sí se ha aplicado el plan de vacunación», según ha informado el TSJC.
El tribunal, además, exige a Vergés un «informe de cumplimiento«, que tendrá que remitir a la sala dos días después de que acabe el plazo fijado. Y, finalmente, impone a Salud las costas procesales.
La orden responde a la denuncia presentada por los sindicatos policiales Jupol y Jucil. Inicialmente, el TSJC rechazó fijar como medidas cautelarísimas este reinicio del proceso de vacunación y fue el Gobierno central el que anunció que se haría cargo de la inmunización de los agentes. Sin embargo, la Fiscalía sí ha apoyado esta petición y el tribunal, finalmente, ha decidido que debe ser Salud la que se haga cargo de la protección sanitaria de estos efectivos.
