La falta de vacunación de los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional no es una simple cuestión de prioridades en la distribución de vacunas, ni siquiera un posible retraso por cuestiones administrativas como quieren ahora hacernos ver, es algo muchísimo más grave. Es anteponer los intereses políticos y partidistas a la salud de los servidores públicos como son los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que están destinados en Cataluña y que, como los Mossos d’Escuadra, sirven a los ciudadanos catalanes, cada uno con sus competencias.
Tan personal de riesgo son los Mossos, o los Policías Locales como lo son los Guardias Civiles y los Policías Nacionales, todos cumplen con sus funciones. ¿Acaso no están expuestos al virus al igual que otros profesionales que han sido considerados personal de riesgo?. Sinceramente, me parece mezquino lo que los responsables de Salud de la Generalitat han hecho con este colectivo; y si, además, detrás de ello hay motivaciones políticas en la discriminación, indigno.
«Tan personal de riesgo son los Mossos, o los Policías Locales como lo son los Guardias Civiles y los Policías Nacionales, todos cumplen con sus funciones. ¿Acaso no están expuestos al virus al igual que otros profesionales que han sido considerados personal de riesgo?»
Espero que la Generalitat rectifique inmediatamente organizando una rápida vacunación de todo el colectivo. Rápidamente las redes sociales se han hecho eco de la noticia y, como es habitual, la medida ha sido aplaudida con gran alegría por los opinadores de la red de los 280 caracteres, amparados casi siempre por el anonimato, y se han felicitado por la “astucia” que representa que la Generalitat haya retrasado la vacunación de los Policías y Guardias. Sinceramente, me cuesta comprender que alguien pueda alegrarse porque a quienes son servidores públicos se les exponga al virus solo por no ser considerados como propios. A esto hemos llegado en Cataluña.
«Me cuesta comprender que alguien pueda alegrarse porque a quienes son servidores públicos se les exponga al virus solo por no ser considerados como propios. A esto hemos llegado en Cataluña»
La respuesta de la Ministra de Sanidad, al hecho que no se haya vacunado a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado en Cataluña, me parece incluso más grave que el hecho en sí. En un estado de derecho el cumplimiento de la Ley es un elemento esencial del juego democrático, y permitir que la Generalitat no les vacune y que en su lugar el Estado sustituya a la rebelde administración catalana es un precedente de una enorme trascendencia. Es demostrar la incapacidad o la falta de voluntad del Gobierno del Estado en hacer cumplir a la Generalitat el plan de vacunación, asumiendo la vacunación como si realmente fueran fuerzas de ocupación, a las que el ocupado se niega a vacunar.
En un estado democrático y de derecho no pueden existir espacios para la desobediencia y menos por parte de una administración, sea cual sea. Que el gobierno asuma esa desobediencia y la permita es un precedente de una extraordinaria gravedad, y si ello es consecuencia de posibles negociaciones políticas o por el interés en no generar un conflicto, la gravedad es extrema, es anteponer los intereses políticos a la salud de nuestros policías y guardias. Ante ello, solo cabe obligar a la Generalitat a la vacunación inmediata de ambos colectivos, el Estado tiene los instrumentos legales para obligar al cumplimento de la Ley, pero permitir la desobediencia y asumir la vacunación es la peor de las soluciones, y evidencia las ataduras del gobierno de Sánchez a sus socios de investidura, a quienes no quiere importunar.
«El Estado tiene los instrumentos legales para obligar al cumplimento de la Ley, pero permitir la desobediencia y asumir la vacunación es la peor de las soluciones, y evidencia las ataduras del gobierno de Sánchez a sus socios de investidura, a quienes no quiere importunar»
Algunas asociaciones de Guardia Civiles han denunciado por un delito de odio a la Consejera de Salud, pero ya desde el 2018 el TSJ de Cataluña viene manteniendo que la Policía y la Guardia Civil no pueden ser sujetos pasivos de un delito de odio, ya que por sus propias características no pueden ser considerados colectivo vulnerable, precisamente porque el bien jurídico protegido por el artículo 510 y siguientes del código se basa en la protección penal de colectivos vulnerables.
Entender que cualquier colectivo puede ser sujeto pasivo del delito de odio convertiría prácticamente en delito de odio cualquier acción de hostilidad hacia cualquier grupo social, sea vulnerable o no. Precisamente para evitar que todo se convierta en delito de odio resulta necesaria una revisión legislativa del mismo, con la que se concreten las conductas y los colectivos subsumibles en el delito de odio.
No obstante, nuestro código penal recoge otra conducta en la que podría ser subsumible la conducta de la Conselleria de Salud de la Generalitat, en el supuesto de que hubiera una deliberada voluntad en retrasar la vacunación de los Guardias y Policías, y que pudiera demostrarse.
La conducta no podría subsumirse en los delitos de odio sino en los delitos contra la seguridad de los trabajadores, y en concreto en el previsto en el artículo 316, que establece que quienes, con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. Y todo ello, por mucho que a algunos les pese, porque los Guardias y los Policías son trabajadores con sus derechos.
