Alfonso Reyes (Monterrey, 1889-Ciudad de México, 1959) merecería todo reconocimiento aunque solo hubiese escrito Pasado inmediato. Se trata del texto, reelaborado en 1938, de una conferencia con reflexiones sobre algunos hechos de la vida académica de su país. Más aún: tendríamos que estarle agradecidos aun si se hubiese limitado a recoger el primero de los párrafos, el introductorio, que él llamó El problema: «La historia que acaba de pasar es siempre la menos apreciada. Las nuevas generaciones se desenvuelven en pugna contra ella y tienden, por economía mental, a compendiarla en un solo esquema para de una vez liquidarla. ¡El pasado inmediato! Es, en cierto sentido el enemigo».
La descomposición de Cs ha sucedido -una coincidencia muy infeliz- a mitad de la legislatura regional y municipal que se abrió en la primavera de 2019 y de la que surgieron muchos parlamentarios y concejales, en no pocas ocasiones luego con dedicación exclusiva a esa tarea y por tanto con aspiraciones de desplegar lo que se llama una carrera política. En román paladino, atornillarse todo lo que la dignidad humana pueda verse estirada. Pero -punto crucial- sin que vaya a ser ya posible con las siglas bajo las que, en su momento, había tenido lugar el sufragio.
En román paladino, atornillarse todo lo que la dignidad humana pueda verse estirada
Bien conocemos los problemas vinculados con ello, destacando dos como generadores de perversiones: la lista cerrada y la dedicación exclusiva. En cuanto a la primera, durante la transición se oyó a dirigentes políticos sostener que la lista cerrada era imprescindible a la vista de la inexperiencia del cuerpo electoral hispánico, y a que no había un elenco conocido y amplio de políticos que pudieran propiciar un sistema diferente como el de lista abierta.
Salvo para los muy ingenuos, pronto se comprendió que la lista cerrada era la herramienta mágica de los líderes de partidos para premiar fidelidades y la pasarela que abría la vida pública a cualquier clase de aspirante, con independencia de su formación o aptitud. Ese modo de generar “clase política”, como bien sabemos ahora (es un vaticinium ex eventu y que por tanto no tiene el menor mérito), da lugar a toda especie de consecuencias patológicas, entre las cuales hay que incluir el transfuguismo del despechado o necesitado.
Ese modo de generar «clase política» da lugar a toda especie de consecuencias patológicas, entre las que hay que incluir el transfuguismo del despechado
Más aún, y ahí aparece el segundo problema: la exigencia de dedicación exclusiva, presentada como un alarde de responsabilidad y entrega y de prevención de corrupciones, también tenía y tiene la contrapartida de ahuyentar a todo aquel que tuviera profesión o trabajo serio – con las excepciones que se quiera –, dejando el sitio a los que buscaban ese trabajo sólido precisamente en la política. Un curriculum consistente solo en trabajar para el partido sin que se conozca actividad diferente alguna (situación más que frecuente) resulta perfectamente normal, como sería llegar al episcopado por el turno de sacristanes y mediante promoción interna.
El transfuguismo, con ese contexto y en la actual crisis de Cs, está servido. Lo de la Asamblea de la Región de Murcia, con sede en la histórica y noble ciudad de Cartagena, la Cartago Nova de los púnicos, ha sido una comedia de enredo y ha terminado en un gatillazo muy sonoro, aunque todo apunta a que el espectáculo no ha hecho más que empezar. El beneficiario, formal o informal, abierto o soterrado, será en algunas ocasiones el PP y en otras el PSOE. El viejo bipartidismo parece haber superado el mal trago de los últimos años y en lo sucesivo, los electores no tendremos otra alternativa que volvernos a resignar con el duopolio de siempre: guatemala o guatepeor.
El viejo partidismo parece haber superado el mal trago de los últimos años y los electores no tendremos otra alternativa que volvernos a resignar con
el duopolio de siempre
La opinión cercana al PSOE ha presentado el sainete cartagenero como poco menos que el apocalipsis: lo nunca visto, casi como si nos encontrásemos en el valle de Josafat y la segunda venida de Cristo, la Parusía, estuviese al caer. ¿Es justa esa manera de ver las cosas? ¿Qué enseñanzas arroja el pasado inmediato –“el enemigo”- del que hablaba Alfonso Reyes?
El llamado “pacto antitransfuguismo” es un instrumento al servicio de la partitocracia y por tanto no carece de apoyos en el Art. 6 de la Constitución, que se refiere a los partidos como criaturas poco menos que angelicales. Pero sucede que, desde su primera versión, en el remoto 1998 (luego ha habido reformas en 2000, 2006 y 2020), no se ha plasmado en auténticas normas jurídicas, fuera de algunas menciones en los Reglamentos parlamentarios para desincentivar económicamente el paso al grupo mixto o de no adscritos. Y también, ya para los municipios (y Diputaciones), está el Art. 73.3 de la Ley reguladora de las bases del régimen local, que, en su versión actual, que es de 2003, establece en los párrafos tercero y cuarto lo siguiente:
“Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada Corporación.”
Cosa distinta es -párrafo cuarto- si la lista electoral fue de una coalición y es uno de los partidos quien decide la ruptura.
Y siempre teniendo como autoridad encargada de velar por el cumplimiento al Ministerio que, según épocas, se llama de Política Territorial, Administraciones Públicas o similares
Y siempre teniendo como autoridad encargada de velar por el cumplimiento al Ministerio que, según épocas, se llama de Política Territorial, Administraciones Públicas o similares. A cuyo frente está, ¡ay!, quien milita en un partido. Alguien que por tanto no es neutral. Ya sabemos lo que explicó Carl Schmitt: amigo/enemigo. Sobre la metáfora de la zorra encargada de cuidar a las gallinas no hará falta extenderse.
Vayamos a Benidorm, sede del meloso festival de la canción del tardofranquismo, escenario ideal de las entrañables películas turísticas de Alfredo Landa, septiembre del mismo 2009. El Alcalde, del PP, se vio desalojado por una moción de censura, porque hubo un tránsfuga que dio sus votos al PSOE y se vio recompensado con una Tenencia de Alcaldía. Otra fue para una tal Maite Iraola, concejala del propio PSOE, cuyo nombre dice poco a estas alturas, pero que sonará más cercana si recordamos que era la madre de Leyre Pajín, que entonces era toda una autoridad.
Zapatero estaba en La Moncloa y la crisis económica ya había hecho acto de presencia, aunque el bipartidismo no había notado aún sus corrosivos efectos bajo los pies
De eso hace sólo doce años mal contados. Zapatero estaba en La Moncloa -era el inicio de su segundo mandato- y la crisis económica ya había hecho acto de presencia, aunque el bipartidismo no había notado aún sus corrosivos efectos bajos los pies. Lo sucedido en Benidorm fue un movimiento que, por caminos más o menos tortuosos, acabó beneficiando al PSOE: en el Ministerio del asunto estaba Manuel Chaves, con Gaspar Zarrías como Secretario de Estado. ¿Alguien acaso movió un músculo? No. No hubo ni ademán. Ser militante de un partido -militante, sí- es lo que tiene.
Doce años -o sea, tres legislaturas- dan para mucho en la vida de los Ayuntamientos y más aún si se trata de un período de crisis social y desafección política con carácter crónico. Pongamos el foco, por ejemplo, en Brunete (Madrid) y en Fuente de La Higuera (Valencia), dos localidades, por cierto, muy vinculadas a la guerra civil y en las que los rifirrafes municipales han acabado llegando a los Tribunales. A lo Penal en un caso y a lo Contencioso-Administrativo en el otro.
Doce años dan para mucho en la vida de los Ayuntamientos y más aún si se trata de un periodo de crisis social y desafección política
Es ocioso recordar que, en julio de 1937, Brunete fue el escenario de sangrientos combates. La ofensiva partió de los que estaban defendiendo la capital, que intentaban sacudirse la presión de los rebeldes. Pero la cosa -que, se insiste, fue muy seria, con escenas heroicas por ambos bandos- apenas duró unas semanas y de hecho el franquismo consideró que había triunfado, como lo prueba el hecho de que, una vez terminada la guerra, pusiera el nombre de ese pueblo a la famosa División Acorazada que constituía la joya del ejército.
El tiempo pasó y vino felizmente la democracia, también en el escalón municipal. En las elecciones de 2011, el PP obtuvo seis concejales, por tres del PSOE, dos Izquierda Unida y otros UPy D. Como Alcalde fue designado el cabeza de lista del primero de los partidos -un tal Borja Gutiérrez-, aunque sin mayoría y por tanto llamado a una existencia azarosa. Según el relato de los hechos probados de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (de 21 de diciembre de 2020), que proviene del juicio que se desarrolló ante un jurado, en seguida comenzaron los acercamientos a uno de los concejales de UPy D, la Sr. María Isabel Cotrina, a quien el regidor le ofreció incorporarse a su equipo de gobierno con una canonjía: «Tengo abierta la cuarta tenencia de alcaldía, tengo una tenencia de alcaldía sin ocupar, la cuarta, pero me da igual la segunda, la tercera, la cuarta».
La continuidad en el carguillo: lo que más se ansía por los que se dedican a la política
El pack incluía, de cara a las próximas elecciones (ya en 2015), integrarse en la lista del PP. La continuidad en el carguillo: lo que más se ansía por los que se dedican a la política. También se consideró acreditado que el 16 de noviembre de 2012 ambos se encontraron en el restaurante El ternasco -el nombre se las trae-, prometiendo el Alcalde “futuros favores personales y profesionales para ella y su entorno; favores procedentes de terceros interesados en la aprobación de los proyectos y ello a cambio del apoyo personal de ésta (la Concejal de UPyD) en las votaciones del Pleno”. El 23 del mismo mes fue un policía municipal el que se sumó a la interlocución, acudiendo al domicilio particular de la buena mujer y tratando “de convencerla para que votase a favor de un convenio con el Canal de Isabel II, transmitiendo y prometiendo en nombre del Alcalde que al día siguiente de votarse en Pleno en favor de dicho convenio, su hija discapacitada obtendría un empleo”. También se planteó, como solución intermedia, su ausencia en dicha votación, lo que sería suficiente para la aprobación del tal Convenio.
La primera de esas conversaciones tan edificantes se filtró en 2014 y, a instancias de la propia UPyD, los hechos acabaron en la mesa de la Fiscalía Anticorrupción. Seis años después ha venido la Sentencia: delito de cohecho.
Con prescindencia de los calificativos penales, se estará de acuerdo en que se trata de escenas propias de una película de Summers de los años sesenta, con José Luis López Vázquez y Gracita Morales de protagonistas. Producen una mezcla de vergüenza ajena e hilaridad, que dejan el nombre de Brunete a la altura del betún. Los que -en ambos bandos- dieron su vida en julio de 1937 no se merecen tamaño deshonor.
Producen una mezcla de vergüenza ajena e hilaridad, que dejan el nombre de Brunete a la altura del betún.
El pueblo que hoy se llama Font de la Figuera se encuentra al sureste de la provincia de Valencia (muy cerca del límite de Alicante y también de Cuenca, o sea, en el secarral del interior) y fue patria chica nada menos que de Vicente Rojo Lluch, el Jefe del Ejército Republicano durante la Guerra Civil. Las elecciones de 2015 arrojaron un panorama plural: cinco ediles para el PP, tres de Compromís, dos para el PSOE y el último para Cs, en la persona de Purificación Lluch, quizá emparentada con el ilustre militar. Lo cierto es que esa mujer, desatendiendo las indicaciones de su partido, se conchabó con Compromís y el PSOE para formar equipo de gobierno y fue expulsada de las filas. Pero, antes de recibir la carta, se pasó (“voluntariamente”) al grupo de los no adscritos y gozó de varias prebendas, cobrando hasta 544 euros al mes: las cosas son así de sórdidas. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, aplicando el citado Art. 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, ha dictado Sentencia de casación el 26 de octubre de 2020, sentando la siguiente doctrina: “El pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto de trasfuguismo, impide que se asuman cargos o que se perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas, ya que estos derechos políticos y económicos están ligados a la condición de concejal y derivan del mandato representativo otorgado por los electores”.
Aunque lo cierto es que en 2019 se celebraron nuevos comicios y el Alcalde de Compromís -el beneficiario de la jugada- no sólo no sufrió ningún reproche popular sino que a estas alturas, en abril de 2021, sigue con el bastón de mando.
Todos, en uno u otro grado, han estado entre bambalinas de los transfuguistas o al menos se han beneficiado de ellos
Todas esas son las enseñanzas del pasado inmediato, en el sentido del gran Alfonso Reyes: lo sucedido en el Ayuntamiento de Benidorm en 2009 o en Brunete y Font de la Figuera a partir de 2011 y 2015, respectivamente. Nadie -ningún partido- tiene las manos limpias. Todos, en uno u otro grado, han estado entre bambalinas de los transfuguistas o al menos se han beneficiado de ellos. No son abusos, sino usos de los partidos políticos, para decirlo con las conocidas palabras de Ortega y Gasset. Por eso, su lucha contra el transfuguismo va a estar siempre trufada de duplicidad y cinismo, aun cuando, como suele suceder, los dirigentes se manifiesten rasgándose las vestiduras a las primeras de cambio -véase el caso de Cartagena- como si el ayer -ayer, literalmente- no existiera.
Ha dicho hace unos días Alejandro Nieto en ABC (Política: publicidad y manipulación, 1 de abril) que “el objetivo de un partido es tomar el poder y en un régimen democrático este se toma en unas elecciones”. Ahora habría que añadir otros dos escenarios, ambos cuando, en el período entre dos sufragios, la voluntad de los representantes comienza a mostrar fisuras: mantener el poder a toda costa -modelo Asamblea de Murcia- o, en fin, alcanzarlo -también a toda costa- cuando no se había empezado teniendo, como ha sucedido finalmente, a modo de consolation price, en la capital de la región.
También hay quien piensa que, habiendo nacido como instrumento de la democracia, los partidos acaban representando su obstáculo
Vaya un bicho este de los partidos políticos, sobre todo si concurre la dedicación exclusiva a la política de los que se ven elegidos para un carguillo, a su vez con la vulnerabilidad estructural que eso les genera: un factor sociológico del que, se insiste, no se puede prescindir al interpretar las normas. Son muchos los que piensan, sobre todo a la luz de la politizada y electorera gestión que desde marzo de 2020 se está haciendo de la pandemia, que los partidos no son idóneos para servir el interés general que el Art. 103 de la Constitución proclama como norte –“el buen gobierno”- de la Administración: un precepto por cierto tan importante como el Art. 6. También hay quien piensa -puede ser la línea que se deriva de Nieto- que, habiendo nacido como instrumento de la democracia, acaban representando su obstáculo. De hecho, en Francia, en 1958, se aprobó una Constitución que sólo puede entenderse como un ajuste de cuentas contra ellos, después de las experiencias de la Tercera y la Cuarta República. Y en Italia llevan muchos años seleccionando dirigentes que sólo de manera derivativa y rebuscada tienen que ver con los resultados de las urnas. Draghi no es el primero.
Por otra parte, cuando se producen crisis de Gobierno en algunos países ( ejemplo pueden ser las propias Francia o Italia, así como Bélgica ) y, a pesar de ello no se registran especiales desconciertos sociales, se suele alabar, desde España, la solidez de sus Administraciones, que permite que la orquesta siga tocando sin necesidad de director. Aunque esa idea se podría matizar, lo cierto es que, entre nosotros, particularmente en las Administraciones autonómicas, cada movida electoral va acompañada de desfiles de cesantes y nuevos enchufados, recordando los vicios de la España de la Restauración, que quiso remediar hace más de un siglo el Estatuto Maura. Tal es el número de nombramientos que cuesta calcular la proporción de funcionarios por habitantes en algunas autonomías. Los partidos no representan solo la vía que tienen los ciudadanos para participar en la cosa pública, sino, especialmente, una excelente agencia de colocación multinivel, que, si los vientos soplan de popa, pueden además premiar a sus paniaguados con concursos restringidos que los consoliden como funcionarios, aunque rara vez en los sectores que de verdad los necesitan, como son sin duda la sanidad o la enseñanza.
Los partidos no representan solo la vía que tienen los ciudadanos para participar en la cosa pública, sino, especialmente, una excelente agencia de colocación
Pero no es la ocasión de explayarse por esa línea. Lo único que se trataba de mostrar es que los hechos tan cómicos de la Asamblea de Murcia de marzo de 2021 no pueden juzgarse como si el contador estuviera a cero y sus protagonistas -de uno u otro signo, víctimas o victimarios en ese concreto caso- fuesen como el primer hombre del que hablara Albert Camus.
¡Qué grande era Alfonso Reyes! ¡Qué clarividente! El mayor enemigo de la versión oficial sobre lo que en la región de Murcia acaba de suceder -y se relata con tal o cual énfasis- está, sí, en el pasado, pero el inmediato. De 2009 acá: los últimos doce años. La memoria histórica (en el sentido de la resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019) más cercana y, por eso mismo, menos fácil (y menos grata) de retener.
ANTONIO JIMÉNEZ-BLANCO, CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y ABOGADO
GONZALO QUINTERO OLIVARES, CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL Y ABOGADO
