Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, número 2 de Oriol Junqueras en la Conselleria de Economía y ex secretario de Hacienda, respectivamente, tendrán que depositar una fianza de 1,7 millones de euros ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) antes del próximo día 25. A principios del pasado mes de marzo y antes de declararse el estado de alarma por la pandemia de COVID-19, la magistrada María Eugenia Alegret impuso a ambos el pago de una fianza total de 4,5 millones. Jové y Salvadó están procesados por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1-O y por la planificación de la estructura del que tendría que ser el futuro Estado catalán.
Ahora el TSJC ha dado un nuevo plazo para el abono de la cantidad de 1,7 millones de euros y tanto desde ERC como desde JxCat se ha recurrido este jueves a la petición de donativos que deberán ser enviados a la Caixa de Solidaritat Catalana, dirigida por los ex presidentes del Parlament Núria de Gispert y Ernest Benach. Esta entidad ya ha afrontado otras fianzas como las de Artur Mas o las del CDR Adrià Carrasco. También ha recaudado fondos para abonar las cauciones de los líderes condenados por el referéndum ilegal del 1-O. Sin embargo, el pasado mes de febrero se negó a abonar la fianza impuesta al ex conseller Santi Vila por el caso de las obras de Sijena.
«Su represión no se para, nuestra solidaridad tampoco», ha advertido ERC en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Mensaje que también ha sido publicado en la cuenta del líder del partido, Oriol Junqueras, que cumple ahora mismo condena en el penal de Lledoners por la organización del 1-O.
Desde JxCat, la concejala en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, ha utilizado también su cuenta en esta red social para pedir a los independentistas apoyo económico a Jové y Salvadó. «Para todas las personas que padecen la persecución de un Estado represivo», ha tuiteado Artadi, «no estáis solos». De un modo similar se ha pronunciado el diputado autonómico Albert Batet, que ha acusado al Estado de «pretender arruinar» a Jové y Salvadó «por haber contribuido a poner las urnas el 1 de octubre».
