COVID-19, las consecuencias mortales de la desinformación

En numerosas ocasiones a lo largo de los últimos doce meses, he puesto en tela de juicio la política informativa (o desinformativa) del gobierno Sánchez-Iglesias sobre la evolución de la epidemia de Covid-19 en España. A estas alturas de la película de terror que estamos protagonizando en contra de nuestra voluntad, no hay ninguna duda acerca de que los principales responsables de gestionar la mayor crisis humanitaria y económica que ha sufrido la sociedad española desde la Guerra Civil, Sánchez, presidente del gobierno, Illa, ministro de Sanidad, y Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el triunvirato al que por brevedad bauticé en un artículo como el SIS, actuaron con grave irresponsabilidad y son, por ello, responsables indirectos de decenas de miles de muertes que podrían haberse evitado de haber adoptado medidas para reducir los contagios y preparar el sistema sanitario y las residencias de mayores para afrontar la epidemia.  

Quiero recordar que el 14 de marzo de 2020 publiqué en este diario un artículo titulado Coronavirus: un convidado de piedra que mata en el que advertía de la gravísima amenaza que suponía para la economía y para la salud la irrupción del nuevo virus cuya elevada capacidad de transmisión y letalidad eran conocidas al menos desde mediados de enero de 2020. Hasta ese momento, me había comportado como un ciudadano más que hacía su vida y acudía a mi trabajo con puntualidad para pagar con mi dinero “el traje que me viste y el lecho donde yago”, como diría el bueno de Don Antonio. Concluía dicho artículo con un párrafo que quiero transcribir íntegramente, sin cambiar una coma: 

“Sorprende sobremanera que a pesar de los riesgos que la expansión del coronavirus entrañaba para la salud de los ciudadanos y para el mantenimiento de la actividad económica, el gobierno de Sánchez se haya resistido a reconocer la gravedad de la situación desde la irrupción del coronavirus en China a finales de enero, y haya trasladado a los españoles dos mensajes falsos y muy perjudiciales: primero, que podíamos seguir con nuestra vida cotidiana; y, segundo, que los sistemas sanitarios de las CC. AA. estaban preparados para afrontar la crisis. Mejor hubiera sido que el gabinete de crisis que preside hubiera puesto en marcha controles más estrictos para frenar la importación y subsiguiente expansión del virus, y hubiera, sobre todo, preparado a nuestro sistema sanitario para afrontar una emergencia que ahora se califica de “caos hospitalario”. Esperemos que la declaración del estado de alarma sirva para aumentar el personal sanitario y dotarlo con más medios materiales, porque el coronavirus, como el convidado de piedra clásico, mata.” 

Desinformación contumaz

Aunque en aquellos momentos no tenía razones contrastadas para poner en duda la veracidad de las prolijas informaciones que nos servía el SIS en televisión a diario, me sorprendía y preocupaba ya la insistencia de Simón desde finales de enero en asegurarnos a los españolitos de a pie que podíamos seguir haciendo vida normal y dormir a pierna suelta porque el riesgo de infección era mínimo y nuestro sistema sanitario estaba preparado para lidiar con los pocos casos que pudieran producirse en España. Hoy, sabemos que las cifras con las que nos entretenía Simón infravaloraban de manera grosera la extensión de la epidemia, al igual que sabemos también que la cifra de fallecidos oficiales por Covid-19 en España hasta el 14 de febrero de 2021, 64.747, infravalora de manera grosera la cifra de exceso de fallecidos, 102.395, registrada en las 53 semanas comprendidas entre el 10 de febrero de 2020 y el 14 de febrero de 2021. 

Las revisiones de las cifras de casos que han venido produciéndose cada jueves constituyen un auténtico escándalo desinformativo.

Las revisiones de las cifras de casos que han venido produciéndose cada jueves a partir del 13 de agosto de 2020 constituyen un auténtico escándalo desinformativo ya que carecen de cualquier justificación científico-estadística y ya les avanzo que buscarán ustedes en vano un despropósito similar en algún otro país de nuestro entorno, o incluso en cualquier otro lugar del mundo. Cuando comenzó esta práctica insólita de revisionismo estadístico, más propia de una dictadura que de una democracia constitucional, publiqué otro artículo en este diario titulado “Los jueves milagro de casos” en el que denunciaba una praxis injustificable e injustificada por los responsables del Ministerio de Sanidad. La mayoría de los países que sigo, o bien no las revisa, o cuando lo hace las nuevas cifras se publican pocas horas después, un día o dos días como muy tarde, y obedecen en gran medida a los desfases originados por diferencias horarias en su territorio. 

Permítanme ilustrar la magnitud de las alteraciones de los datos españoles con algunos ejemplos significativos. La cifra de casos totales el 15 de febrero de 2020 era originalmente 2, pero se elevó a 274 el 13 de agosto de 2020 y a 724 el 18 de febrero de 2021. Con razón se preguntará el lector cómo pueden producirse revisiones de tal magnitud meses después de los hechos y qué fiabilidad merecía el parlanchín Simón cuando nos tranquilizaba diciéndonos que había sólo 2 casos en España. En el minuto 19:58 de su comparecencia el 7 de marzo de 2020, Simón cifraba en 441 el número de casos totales en España, pero el 13 de agosto la cifra se revisaba al alza a 9.934. ¿De dónde, se preguntarán con razón, salieron los 9.493 casos más de los 441 que reconocía el director del CCAES? Y el 14 de marzo de 2020, el día en que el gobierno Sánchez decretó finalmente el confinamiento forzoso y la paralización de todas las actividades económicas no esenciales, la cifra de casos totales que manejaba el gobierno en sus comparecencias era 6.391, pero esa cifra se convirtió en 46.545 el 13 de agosto y en 46.542 el 18 de febrero de 2021. ¿Eran 6.391, como se nos dijo el 14 de febrero de 2020, o 46.500, como se nos dice ahora? Que nadie se sorprenda cuando lea en la página de internet de Worldometers que “hay numerosas cuestiones en torno a las cifras españolas, incluyendo un número de ajustes a la baja que no se han documentado en los informes revisados (que todavía muestran las cifras originales -más altas-, ni explicado”. 

El Gobierno de España comparte el dudoso honor de no publicar la cifra de recuperados con otros países de nuestro entorno, Reino Unido y Holanda.

En cuanto a la cifra de recuperados, otra variable clave para valorar la situación epidémica, el SIS dejó de publicarla el 18 de mayo de 2020, varias semanas antes de que concluyera la última prórroga del estado de alarma, cuando sus responsables creían haber logrado doblegar ya la curva, el presidente Sánchez “daba por superada la gran ola de la pandemia” y animaba a los españoles a ir planificando las vacaciones veraniegas. En este punto, el gobierno de España comparte el dudoso honor de no publicar la cifra de recuperados con otros dos países de nuestro entorno, Reino Unido y Holanda. Francia y Bélgica sí las publican, aunque sus cifras de recuperados, muy bajas, carecen de credibilidad. Pero hay en cambio otros países como Estados Unidos, Alemania, Italia, Suiza, Irán, etc., que publican religiosamente las cifras de recuperados y, gracias a ello, podemos conocer el número de casos activos, esto es, los casos totales menos los recuperados y fallecidos. Así, por ejemplo, sabemos que en Estados Unidos hay todavía 9.079.762 casos activos, en Alemania 130.286 y en Italia 404.664.  

No se trata de un capricho: la cifra de casos activos y su variación diaria constituyen una información esencial para valorar la situación epidemiológica y las presiones que puede registrar el sistema hospitalario. La semana pasada, Worldometers volvió incluir, después de muchos meses de no proporcionar datos sobre recuperados y activos, cifras “basadas en datos históricos específicos para el país, las pruebas y análisis de anticuerpos en Comunidades Autónomas y otros países comparables”. A falta de explicaciones más detalladas sobre cuáles son esos ‘datos históricos específicos’ y “las pruebas y análisis” empleadas para calcularlas, poco podemos decir sobre su fiabilidad y deben ser tomadas con precaución. En todo caso, el Gráfico 1 presenta la serie ‘reconstruida’ por Worldometers de casos activos en España. Como puede apreciarse en el gráfico, el número de casos activos en España, 471.965, es bastante mayor que el de Italia, 404.664, y muy superior al de Alemania, 130.285, si bien ha descendido rápidamente desde el pico (810.868) que alcanzó el 5 de febrero. Con estas cifras de activos, se puede afirmar que estamos muy lejos de haber controlado la epidemia y sentado las bases de la recuperación económica. 

Fallecidos oficiales frente a exceso de mortalidad

La cifra oficial de fallecidos por Covid-19 en España hasta el 13 de febrero es 64.981, pero hay sólidas razones para pensar que esta cifra infravalora el número de fallecidos que ha producido el virus desde que irrumpió en España. El 3 de marzo se produjo el primer fallecido atribuido oficialmente al virus y hasta el 9 de mayo de 2020 se contabilizaron 27.443 fallecidos por esta causa. La estimación de exceso de fallecidos en el último informe del Servicio de Vigilancia de la Mortalidad diaria (MoMo), publicado por el Instituto de Salud Carlos III el pasado 23 de febrero, estima el exceso de mortalidad entre el 10 de marzo de 2020 y el 9 de mayo en 44.550. Por tanto, la cifra oficial infravalora en 17.107 el exceso de fallecidos en el informe MoMo, o, dicho de otro modo, el exceso de fallecidos en el informe es 62,34% mayor que la cifra oficial de muertos. No estamos hablando de pequeñas diferencias sino de errores enormes.  

La cifra oficial infravalora en 17.107 el exceso de fallecidos en el informe del MoMo, el exceso de fallecidos en el informe es 62,34% mayor que la cifra oficial de muertos.

Cuando consideramos las cuatro fases de exceso de mortalidad delimitadas en el último informe MoMo, la primera desde el 10 de marzo de 2020 hasta el 9 de mayo, la segunda desde el 20 de julio hasta el 29 de agosto, la tercera desde el 1 de septiembre al 25 de diciembre, y la cuarta desde el 28 de diciembre hasta el 13 de febrero de 2021, la diferencia absoluta entre el exceso de fallecidos, 83.029, y la cifra de muertos atribuidos oficialmente al Covid-19 hasta esa fecha, 64.981, es de 18.048, un valor no muy alejado de la cifra, 17.107, registrada en la primera fase. Esta proximidad indica claramente que las diferencias entre fallecidos atribuidos oficialmente y el exceso de mortalidad registrado en la segunda, tercera y cuarta fases de exceso de mortalidad fueron bastante pequeñas. En otras palabras, el grueso de la infravaloración de la mortalidad cabe atribuirlo casi exclusivamente a la negligencia del SIS que imposibilitó realizar las pruebas a aproximadamente 17.107 fallecidos para determinar si habían muerto a consecuencia de la infección vírica. 

Ignorancia, prepotencia y sectarismo

Otra medida alternativa para estimar el exceso de fallecidos la proporciona la estadística de defunciones semanales iniciada por el INE en respuesta a la epidemia en 2020. En estos momentos, disponemos ya de cifras para las 6 primeras semanas de 2021, las 53 semanas de 2020 y varios años anteriores. Resulta, por tanto, posible comparar lo ocurrido durante la epidemia con lo ocurrido en un período equivalente anterior para estimar el exceso de defunciones durante la epidemia. Pues bien, el número de fallecidos entre el 10 de febrero de 2020 y el 14 de febrero de 2021, 514.629, supera en 102.395 la cifra de fallecidos, 412.234, entre el 11 de febrero de 2019 y el 9 de febrero de 2020.  Aunque por la asignación de semanas y el hecho de 1ue 2020 fue bisiesto, la comparación incluye algunos días más en el primer período, lo cierto es que estas cifras apuntan a un exceso de mortalidad desde que se inició la epidemia en el entorno de 100.000 personas, una cifra bastante superior a la estimada (83.029) en los informes MoMo. 

Abuso del recurso a la supuesta autoridad científica del experto gubernamental en epidemias (Simón) para acallar voces discordantes.

Mucha cháchara tranquilizadora y autocomplaciente en las reiteradas comparecencias del SIS en la televisión pública; abuso del recurso a la supuesta autoridad ‘científica’ del experto gubernamental en epidemias (Simón) para acallar voces discordantes; revisiones injustificadas e injustificables de las cifras de casos totales cada jueves a partir del 13 de agosto; ausencia de información sobre las cifras de infectados recuperados y casos activos desde el 18 de mayo; y exigencia de realizar una prueba para certificar la muerte por Covid-19 cuando no había disponibilidad de material para realizarla en la primera fase de la epidemia, a fin de reducir la cifra de fallecidos oficialmente atribuidos al virus. Así podría resumirse la política de comunicación (o desinformación) seguida por el gobierno Sánchez-Iglesias desde que irrumpió la epidemia de Covid-19 en España en febrero de 2020.   

La combinación de ignorancia, prepotencia y sectarismo político de los principales responsables del gobierno Sánchez-Iglesias están detrás de la incapacidad que han exhibido para gestionar la catástrofe humanitaria y la recesión económica más grave padecida por la sociedad española en décadas. Ni alertaron a la población de la gravedad de la amenaza ni prepararon el sistema sanitario en las semanas previas a la irrupción del virus Covid-19 tal y como recomendaba la OMS: se limitaron a decretar el estado de alarma el 14 de febrero de 2020 cuando el virus se había extendido ya de manera incontrolada en la sociedad y resultaba imposible preparar el sistema hospitalario para atender la avalancha de casos que se produjo en las siguientes semanas. Esas tres razones -ignorancia, prepotencia y sectarismo gubernamental- son también las responsables de la desconfianza de la oposición a prorrogar el estado de alarma en junio y de la caótica desescalada a la carta que hemos vivido en meses posteriores. 

Ni alertaron a la población de la gravedad de la amenaza ni prepararon el sistema sanitario en las semanas previas a la irrupción del virus.

Los resultados están a la vista: 100.000 fallecidos, miles de nuevos casos y centenares de fallecidos todos los días, 2,63% de la población vacunada tras dos meses de iniciarse la campaña, y la economía española sumida en un pozo muy hondo -con una caída del PIB de 11% en 2020- del que tardará años en recuperarse y del que saldrá muy endeudada. ¿Tan difícil era ver que estábamos ante una amenaza tan grave que era preciso abandonar viejos hábitos, dejar al margen el tacticismo político de baja estofa y centrar todas las energías de un gobierno de concentración solvente y eficaz en salvar vidas y empresas? ¿Tan difícil era ver que una crisis de esta envergadura requería contar con la oposición desde el primer día, no para exigirle adhesión al régimen ‘sanchista’ y descalificarla si osaba discrepar de las medidas propuestas por un gobierno que quita el sueño incluso al presidente, sino para hacerla partícipe y corresponsable de la gestión gubernamental?  

Incluso la vieja Italia aquejada por el desgobierno y los tacticismos destructivos durante tanto tiempo, parece haber entendido mejor que nuestro gobierno que esta crisis requiere ponerse los manguitos y trabajar más unidos que nunca. A lo mejor Sánchez se cae del caballo, ve la luz y sigue su ejemplo.