La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias para determinar si existe delito en la adjudicación de las licencias de ‘motosharing’ de un concurso del Ayuntamiento de Barcelona.
La investigación se ha iniciado después de que una empresa que se presentó al concurso haya denunciado a los responsables de Movilidad del Ayuntamiento por presunta prevaricación, falsedad documental, malversación y tráfico de influencias, ha avanzado El Mundo y han podido confirmar fuentes fiscales a Europa Press.
A raíz de la denuncia la Fiscalía investigará si existe presunto delito en la actuación en el momento de conceder las licencias de este servicio de motos eléctricas compartidas.
Fuentes municipales han explicado a Europa Press que «el proceso de adjudicación de licencias de ‘motosharing’ se ha llevado a cabo de conformidad con la reglamentación aprobada y publicada en su día».
Las mismas fuentes han añadido que al Ayuntamiento de Barcelona no le consta ninguna comunicación oficial de la Fiscalía en relación con este tema, aunque ha indicado que, en el caso de que se reciba,» se pondrá a disposición de los requerimientos que se hagan».
Actualmente, hay 7.000 licencias de motos compartidas eléctricas en la ciudad y el consistorio prevé aumentarlas hasta las 10.000 en los próximos meses, y cada una de las empresas concesionarias tiene el mismo número de licencias, que en ningún caso puede superar las 633.
