La Catalana, por antonomasia, fue en tiempos la del gas, y la electricidad acto seguido. Se fundó en 1843 mientras Espartero mandaba disparar algunos cañonazos sobre Barcelona, apenas nada en comparación con los bombardeos que pocos meses después ordenó el general Prim al efecto de aplastar la revuelta municipal conocida como la Jamancia. La incipiente burguesía patria se abría paso así, con el capital como medio y el poder por meta, más dinero, mientras las explosiones destruían viejos caserones, entre callejones estrechos.
Que la actual Naturgy, descendiente de aquella Sociedad Catalana para la Iluminación por Gas, pase ahora a ser controlada por el fondo IFM con sede en Australia, es apenas un dato más en un paisaje otra vez cambiante. Aunque aquí se hable mucho menos de ello que en París, Macron está a punto de convertirse en el patrón de Agbar, heredera de la asimismo histórica Sociedad General de Aguas de Barcelona. A Veolia, empresa estatal francesa, solo le falta culminar la opa que ha lanzado sobre la no tan pública Suez, y su 100% en Agbar.
Al presidente de la Caisse des Dèpôts, dominante además de mayoritaria en el accionariado que resulte de la absorción, le nombra el presidente de la República, Macron, que no piensa vender Agbar, tal como Suez pretendía de entrada. La opa obligará a Criteria, o sea La Caixa, a olvidarse de Suez, donde ha llegado a ser la accionista privada mayoritaria. Pero hará caja con la operación, no menos de 1.500 millones de euros. El futuro de Criteria en Naturgy no está tan claro y, si decidiera abandonarla también, el gobierno debería decir algo, al menos.
Visto desde este lado de la frontera, no deja de sumar otra paradoja entre tantas como se acumulan en Cataluña. El mayor operador de aguas «en baja», la de los recibos al usuario, va a ser una empresa más pública que privada, pero con el Estado francés de dueño, de facto, sin que ni la Generalitat pinte nada a parte de actuar como reguladora y, mediante Aigües Ter-Llobregat, proveedora. En cuanto a Naturgy, la eventual entrada de IFM significará un paso más en el creciente dominio de capitales extranjeros sobre las energéticas españolas.
«El futuro de Criteria en Naturgy no está tan claro y, si decidiera abandonarla también, el gobierno debería decir algo, al menos»
El paisaje da, sino un cuadro todavía, por lo menos para esbozar notas. La Caixa deja de ser lo que fue, y más en la Cataluña donde ha señoreado poderes como nadie antes. Porque ahora, más allá de las finanzas sobre las que se repliega junto a Bankia, abandona aguas y energía, sectores estratégicos y a la vez anticíclicos, apetecibles a inversores en tiempos convulsos. En el fondo, y más para Bankia, pesan sombras de la crisis general desde 2008. Y mientras, Europa y sus potencias, no parecen estar por el «laissez faire», en este trance.
Figura que Macron es el equivalente de lo que aquí es Ciudadanos. No estaría mal conocer la valoración del partido local. A falta de datos actuales y claros, se supone que Ciudadanos es menos intervencionista y, si acaso, muy celoso en impedir el «capitalismo de amiguetes», según la expresión de aquel pacto de gobierno con el PSOE que en 2015 se truncó, aquel que pudo haber desbancado a Rajoy. Podemos lo impidió. Votó contra Sánchez, al punto de forzar otras elecciones en las que tampoco salió bien parado. Y la crisis sigue, pese a todo.
Illa, ahora y en campaña, ha emitido un gesto. Ha hecho saber que su mano derecha va a ser el economista y socialista Maurici Lucena, que viene de presidir la pujante público-privada Aena. Hablar de lo «público-privado» se está convirtiendo en el lugar común del momento, el mainstream. Los fondos que la Unión Europea destine a esta fase post-covid de la crisis van a moverse, según se dice, muy por estos espacios donde confluyen capitales privados, sus patronos con afán de beneficio, y de eficiencia, y a la vez dineros de los contribuyentes.
Va a traducirse en el gobierno que resulte de estas elecciones, en el correlato político y la gestión consiguiente. Cerca de Ciudadanos, sigue Toni Roldan Monés, que fue su portavoz económico en el Congreso y, tras haber sido el primero que cortó con Rivera, ha montado y dirige el Centre for Economic Policy & Political Economy ESADE Business School. Vinculado a la London School of Economics, conoce muy bien Bruselas y es hijo del histórico socialista Santiago Roldán, a quien en la Vila Olímpica conmemora un monumento, obra de Úrculo.
«El tejido industrial catalán está sin músculo ni fuerzas de reserva.»
El dramatis personae económico, en esta Cataluña, da igualmente para personalidades de carácter, bien oportunas en el cuadro. En especial Juan Carlos Gallego, número dos de En Comú-Podem por Barcelona. Licenciado en Económicas y enseñante jubilado, presidió la Conc (Comisiones Obreras en Cataluña), en la saga de los López Bulla, Rabell o Coscubiela. A diferencia de la presidenciable Jéssica Albiach, no son afines, y menos adictos, a lo del «procés». Tenga o no voz en campaña, se sabe bien que piensa Gallego, sobre todo en economía e industria.
Lo vive a pie de fábrica y, de ahí, en los despachos donde se trata de ertes o cierres, en la maltrecha economía. Lo cuenta a quien quiera escuchar. El tejido industrial catalán está sin músculo ni fuerzas de reserva. A propósito también de Macron, el cierre de Nissan en la Zona Franca apunta al repliegue de Renault en Francia, donde Macrón dispara las ayudas a la reconversión del automóvil hacia los motores eléctricos. Los centros reales de decisión, se siguen alejando mientras, aquí y por debajo, el drama es cada vez más agudo y traumático.
La industria auxiliar va a sufrir más, lanzada a reconversiones como la del automóvil en la que, desde Moncloa, apenas se habla de un Plan Prever para los eléctricos, que aún son pocos y de alta gama. Ni mencionar a las pequeñas y medianas empresas, básicas en el sector, por no ir al drama del comercio minorista, al que sólo le faltaba el inexorable ecommerce, o la moribunda hostelería. De la transición energética a la digitalización, tampoco habrá vida si no se crea y distribuye riqueza, y se potencian enseñanza y salud. Agonizar no es sobrevivir.
El panorama, catastrófico, merece un «new deal», una «nueva frontera» o, por lo menos, un gran pacto social y económico, por tanto político, que abarque a sindicatos y patronales, y desde lo que fue un Fraga a lo que fue un Carrillo, incluido vía Roca el Pujol de entonces. Dicho sea porque los Pactos de la Moncloa, en paralelo a la Constitución de 1978, han sido lo más parecido en la historia reciente de España. Desplegaron el Estado del Bienestar, a cargo después de las Comunidades Autónomas, y hasta la Ley de Trasplantes, más federal.
«El efecto Illa consiste en captar para el PSC voto constitucionalista.»
En esta campaña autonómica, sin embargo, apenas Ciutadans es capaz de evocarlo. El PSC de Illa, y con él su efecto, significativamente lo evita. Y no para negar aire a su más directo rival, Ciutadans claro está, Sobre todo porque prefiere cortejar a Jéssica Albiach, ni siquiera a Gallego, la cual a su vez se concentra en cosas tales como su «Constitució Catalana», lo de los presos y, en definitiva, simples trasuntos del «procés», de por sí agotado y por lo demás ya casi surrealistas. En otra voz y en otras circunstancias, serían simples anécdotas, banales.
Pero no lo son, ni mucho menos, porque Podemos se fundó allá por 2014 sobre un acuerdo con ERC, promovido desde Madrid por Joan Tardà, según el cual el «procés» iría vinculado a la abertura de un «proceso constituyente» en el conjunto de España. El de Illa, pues, no sería otro tripartito, en el bien entendido que aquel de Maragall derivó en el «procés». Este otro es el del «Frente Amplio», que le dicen a lo Mujica. Por si hubiera dudas, el mismo Tardà lo recordó este 27 de enero con un gran artículo en las páginas de opinión de El Periódico.
Lo podría haber firmado Jéssica Albiach, tal como en las generales del 28-A, en 2019, ERC y En Comú Podem presentaron idéntico programa, el uno con Tardà y Rufián, y con Asens el otro. Seguía a aquella primera investidura de Pedro Sánchez, lo cual abunda en que, de seguir adelante, lo que se prepara en Cataluña no va a ser una segunda versión del tripartito. Llevado a «proceso constituyente» y a «frente común», incluso Puigdemont podría tomar su parte en tal asunto. Illa no ha cortado con ello. No es ni mucho menos un Valls. Y si acaso, que lo demuestre.
El efecto Illa consiste en captar para el PSC voto constitucionalista. Pero bien podría compartirlo con ERC Albiach y Podemos mediante, que en las autonómicas de 2017 se hundió, ante Ciutadans, porque el 15M no fue Mayo del 68, y lo de ahora es más trágico. No va de estudiantes a las puertas de las fábricas, ante obreros «alienados» por el reformismo socialdemócrata y el consumo. López Bulla, Rabell o el anguitista Monereo son ahora realidad crítica, ante Asens o Pisarello. Y Anna Grau, en su ir y venir de candidata por bares y tiendas, lo más digno de Jane Fonda en aquel «Tout va bien» de Godard. Por periodista, claro está.
