El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado la suspensión del decreto del Govern que aplazaba las elecciones catalanas al próximo 30 de mayo, con lo que provisionalmente los comicios se mantienen el 14 de febrero.
En un auto, la sala contenciosa del TSJC ha decidido mantener las medidas cautelarísimas que dictó el pasado martes, por las que suspendía el aplazamiento electoral, a la espera de resolver en su sentencia, que dictará antes del próximo 8 de febrero, sobre los recursos presentados contra el decreto del Govern.
Por el momento, la sala ha comunicado únicamente el fallo de su resolución, que será redactada en las próximas horas y dada a conocer previsiblemente mañana, y ha advertido de que los eventuales recursos que se presenten contra la misma no tendrán efectos suspensivos.
Tramitación de las demandas
De acuerdo con el criterio de la Fiscalía, la sección quinta de la sala contenciosa del TSJC se ha reafirmado en su decisión de suspender el decreto del Govern que dejaba sin efecto la convocatoria electora del 14F por la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.
Por razones de urgencia, la sala ha decidido acortar los plazos previstos para la tramitación de las demandas contra el decreto -presentadas por un particular y varias formaciones políticas extraparlamentarias-, de forma que la sentencia se notificará antes del 8 de febrero, probablemente con la campaña electoral ya iniciada.
Por ese motivo, se ha dado a las partes cuatro días de plazo para presentar sus informes, en vez de los ocho que establece la ley, con el fin de poder dictar sentencia en las próximas semanas.
Alegaciones de la Generalitat
A diferencia de las medidas cautelarísimas del pasado martes, aprobadas de forma urgente sin tener en cuenta la postura de las partes, el TSJC ha decidido hoy mantener la suspensión del decreto del Govern una vez leídos los informes de la Fiscalía y del Govern sobre el asunto.
La Generalitat ha apurado el plazo establecido por el TSJC y, esta misma mañana, ha presentado sus alegaciones en defensa del decreto de aplazamiento de las elecciones del 14F y tres informes que justifican posponer los comicios hasta el 30 de mayo.
Uno de los informes está firmado por el director de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, Xavier Llebaria, y alerta de que el «pico de presión» en las UCI se alcanzará «pocos días antes» del 14-F.
Otro de los informes fue elaborado por el gabinete jurídico de la Generalitat, que alega que el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, dispone de la «competencia para dejar sin efecto las elecciones» convocadas automáticamente para el 14 de febrero.
El tercero es obra de la dirección general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales, que cuestiona la «legitimidad» del resultado que pueda derivarse de las elecciones si se celebran el próximo 14 de febrero en un contexto de «grave impacto» de la pandemia sobre las «garantías democráticas».
Informes de la fiscalía
Por su parte, la Fiscalía presentó ayer su informe al respecto, en el que, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, defendía mantener en suspenso el aplazamiento electoral, porque, de lo contrario, sería «inviable» celebrar las elecciones el 14 de febrero, con lo que los recursos «perderían su finalidad».
Es el mismo argumento en el que el TSJC basó sus medidas cautelarísimas: evitar que su resolución final, en caso de acabar estimando los recursos, tuviera efectos «irreversibles» sobre la convocatoria electoral del 14F, que exige poner ya en marcha el proceso para llevar a cabo la votación.