La Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra tres responsables de dos empresas de gestión y transporte de residuos acusadas de arrojar al vertedero de Manresa restos clínicos de coronavirus, como jeringuillas o respiradores, sin tratarlos ni desinfectarlos.
En su querella, el ministerio público acusa de un delito contra el medio ambiente a los dos responsables de una empresa encargada de la gestión de los residuos sanitarios de dos clínicas de Manresa, así como al gerente de la sociedad a la que subcontrataron para transportar los restos hasta el vertedero.
La denuncia se dirige contra los responsables de esas empresas por haber permitido el transporte y deposición de los vertidos sanitarios, que habían estado en contacto con el coronavirus, «con incumplimiento flagrante de la normativa sanitaria, asumiendo de manera consciente las consecuencias derivadas del riesgo generado».
78 toneladas de residuos
La investigación que ha dado pie a la querella se enmarca en la operación «Retrovirus», que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil puso en marcha para evitar irregularidades en el transporte y la eliminación de residuos sanitarios generados por la pandemia de COVID-19.
Los agentes constataron que las empresas denunciadas habían arrojado al vertedero de Manresa 78 toneladas de residuos sanitarios procedentes de dos centros de la población, que incluían equipos de protección individual, jeringuillas, lotes de medicación, viales con restos de sangre, envases con soluciones acuosas, goteros o respiradores, «sin tratamiento alguno».
Concretamente, sostiene la querella, los vehículos transportaban los residuos desde los hospitales al vertedero sin señalizar los riesgos asociados a la carga y sin el embalaje doble o triple obligado por ley para ese tipo de desechos.
«Alto riesgo sanitario»
Las bolsas que contenían los restos se compactaban dentro de los camiones encargados del transporte, lo que provocaba que muchas de ellas se rompieran y se derramaran durante el trayecto líquidos infecciosos, y eran arrojadas directamente en el vertedero, lo que, según la querella, entrañaba un «alto riesgo sanitario» tanto para los operarios como para la salud pública en general.
Además, los restos sanitarios se depositaban en el vertedero sin desinfectar, añade la Fiscalía, «conteniendo carga viral presuntamente infecciosa» por tratarse de residuos peligrosos.
En su denuncia, el ministerio público recuerda que la ley obliga a transportar los residuos sanitarios considerados peligrosos en un espacio de carga impermeable al agua, debidamente identificado, y en el interior de un embalaje doble o triple, con bolsas cerradas con bridas o elementos similares.