Proceso insurreccional y desgobierno en Cataluña (III)

No me cansaré de recordar que el proceso insurreccional que culminó en el golpe de Estado del 27 de octubre de 2017 (27-O) en Cataluña se había ido fraguando a fuego lento desde 2003, cuando Maragall y el PSC, tras llegar al gobierno de la Generalidad, otorgaron máxima prioridad a aprobar una reforma del Estatuto de Cataluña con el propósito deliberado de violentar la Constitución de 1978 hasta hacer saltar sus costuras y crear un conflicto institucional reminiscente al vivido entre el gobierno de la II República y el gobierno de la Generalidad en los meses previos al 6 de octubre de 1934 -unos hechos documentados en el excelente y minucioso dietario que nos legó Amedeu Hurtado- cuando Companys proclamó la república catalana desde el balcón del Palacio de San Jaime.

Y es que pese a las enmiendas introducidas al proyecto de Ley Orgánica aprobado en el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005 durante su tramitación en el Congreso, el presidente Maragall podía afirmar -en el discurso que pronunció para celebrar la entrada en vigor del nuevo Estatuto en Sant Jaume de Frontanyà el 9 de agosto de 2006 – que «a partir de hoy tenemos una nueva constitución en Cataluña» que permitirá a Cataluña hacer lo que quiera porque el Estado será prácticamente residual, y concluía que de todos los territorios de Europa que no son estados, Cataluña era el «que más se parece a un estado». A nadie puede pues sorprenderle que, a partir de ese momento, la lógica de la desconexión se convirtiera en el hilo conductor de la acción política en Cataluña y que cualquier intento de recortar las alas al Estatuto fuera inmediatamente presentado como una ‘agresión intolerable contra el pueblo de Cataluña’.

Así lo hizo el indignado Montilla, cuando convocó a los catalanes a manifestarse contra la sentencia del Tribunal Constitucional en julio de 2010, y encabezó la manifestación al lado de Pujol, Maragall, Carod-Rovira y Barrera. Y así lo hizo también Mas, cuando tras la victoria electoral de la coalición Convergencia i Unión (CiU) en noviembre de 2010 se enfrentó a la difícil tarea de gobernar en medio de una recesión severa y larga, y vio la oportunidad de aprovechar el creciente sentimiento independentista que habían suscitado las oleadas de consultas independentistas realizadas entre septiembre 2009 y abril 2011, para convocar elecciones anticipadas el 25 de noviembre de 2012. Ese año se habían creado dos nuevas organizaciones independentistas, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y la Asamblea de Municipios por la Independencia (AMI) que organizaron, junto con Ómnium Cultural, la Diada de 2012 bajo el significativo lema “Cataluña, un nuevo estado europeo”. Pero a Mas le fallaron sus optimistas cálculos y las elecciones en lugar de ampliar la holgada mayoría de que disponía CiU en el Parlamento (62 escaños) perdió 12 escaños, mientras ERC sumó 11 a los 10 que ya tenía y la CUP obtuvo 3 diputados, 1 menos de los 4 que tenía Solidaridad Independentista en la abortada legislatura.

Con Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) acorralada por varias investigaciones judiciales en curso y con tan sólo 50 diputados del grupo de Convergencia y Unión (CiU) Parlamento, el presidente Mas decidió situarse a la cabeza del movimiento independentista y organizó la primera consulta ilegal que se celebró el 9 de noviembre de 2014 (9-N), desafiando abiertamente la prohibición del Tribunal Constitución. Asimismo, Mas se avino a comienzos de 2015 a satisfacer las exigencias de Junqueras (ERC) y Forcadell (presidenta de la ANC) de acordar la ‘hoja de ruta’ hacia la independencia que contemplaba la celebración de elecciones ‘plebiscitarias’ el 27 de septiembre de 2015 (27-S) que habían de ser el punto de partida de una legislatura ‘constituyente’ que había de concluir con la proclamación de la república catalana en un plazo de 18 meses. A esas elecciones concurrieron finalmente, tal y como deseaba Mas, los líderes de los partidos políticos (CDC y ERC) y organizaciones independentistas (ANC, Ómnium y AMI) en una lista unitaria, Junts pel Sí (JxS) de la que únicamente quedaron fuera los candidatos de la coalición independentista radical CUP-Crida Constituyente (CUP).

Las elecciones autonómicas del 27-S más que plebiscitarias constituyeron un hito en el proceso de descomposición política y creciente desgobierno en Cataluña. Durante el camino hacia el 27-S, se produjo la ruptura de CiU en junio de 2015 y los consejeros de Unión Democrática de Cataluña (UDC) salieron del gobierno de Mas. Además, los resultados del 27-S no otorgaron a la coalición JxS, la esperada y ansiada mayoría, ni en porcentaje de votos emitidos (39,79%) ni en escaños (62 de 135). Y si bien Forcadell (presidenta de la ANC hasta junio de 2015) que figuraba en el segundo puesto de la lista fue elegida presidenta del Parlamento el 26 de octubre, Mas, que iba agazapado en cuarta posición en la lista, fracasó estrepitosamente en su intento de ser investido presidente del gobierno de la Generalidad: los 10 diputados de la CUP se negaron a investirlo por dos veces y el altivo delfín de Pujol salió del Parlamento de Cataluña noqueado y fuera de combate el 12 de noviembre de 2015.

«Las elecciones autonómicas del 27-S más que plebiscitarias constituyeron un hito en el proceso de descomposición política y creciente desgobierno en Cataluña.»

La elección in extremis de Puigdemont (el candidato convergente elegido por el delfín caído), alcalde de Gerona y presidente de la Asociación de Municipios de la Independencia (AMI) como presidente del gobierno de la Generalidad el 10 de enero de 2016 y el nombramiento de Junqueras (secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya) como vicepresidente y consejero de Economía, dejó expedito el camino a quienes estaban dispuestos a emplear todos los recursos personales, materiales y legales a disposición del gobierno de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña para organizar el golpe de Estado, entendido como proceso ilegal y violento, que finalmente se consumó el 27 de octubre de 2017 (27-O).

Ese día, tras aprobarse una resolución en el Parlamento de Cataluña que instaurada la república catalana e instaba al gobierno de la Generalidad a adoptar las medidas necesarias para hacerla efectiva, el gobierno de España se vio abocado, pese a las resistencias del PSOE y Ciudadanos a dar el paso de invocar el artículo 155 de la Constitución Española y proceder a destituir al gobierno de la Generalidad y a disolver el Parlamento de Cataluña. No deja de resultar paradójico que los tres principales protagonistas del golpe al estado constitucional, Puigdemont, Junqueras y Forcadell, fueran los tres políticos mejor pagados por el ’opresor’ Estado español, y la Generalidad de Cataluña la Comunidad Autónoma de España más beneficiada por los préstamos recibidos del Fondo de Liquidez Autonómica del Estado.

¡Qué fácil habría resultado parar el golpe de haber mostrado los gobiernos de España mayor determinación y firmeza durante todos los años y meses anteriores y de haber contado el gobierno del PP con el respaldo leal del PSOE y Ciudadanos que, en lugar de apoyar al gobierno de Rajoy permanecieron agazapados a la espera de extraer algún beneficio del desgaste del gobierno. Mucho habían cambiado las cosas desde la histórica sesión celebrada en el Congreso el 14 de abril de 2014 en la que Pérez Rubalcaba, entonces secretario general del PSOE apoyó al gobierno en su rechazo del intento de colar una ley de consultas con intención de dar cobertura legal a la futura consulta del 9-N sobre la constitución de Cataluña en un nuevo estado. De las falsedades propagadas desde que Sánchez ocupó la secretaría general PSOE la más injusta y dañina para la estabilidad política de España ha sido precisamente culpar a la actitud poco dialogante y flexible del gobierno de Rajoy del auge del secesionismo en Cataluña, porque cualquier observador objetivo sabe que la máquina de fabricarlos no era el gobierno de España sino el gobierno de la Generalidad, y ahí la responsabilidad del PSOE de Rodríguez-Zapatero (2004-2010) y del PSC, tanto mientras estuvo al frente del gobierno de la Generalidad (2003-2010) e impulsó el anticonstitucional Estatuto como cuando ya en la oposición (2010-2017) llevaba en su programa electoral el derecho a decidir, es enorme.

Legislatura ‘constituyente’

El tropezón de Mas sólo reforzó si cabe la voluntad del nuevo gobierno de la Generalidad, comandado al alimón por Puigdemont y Junqueras, de acelerar el paso para proclamar la república catalana lo antes posible. En consonancia con el lema de la Diada de 2015, Vía Libre, los grupos políticos en el nuevo Parlamento y las organizaciones independentistas se pusieron de inmediato manos a la obra. La XI Legislatura se planteó desde su inicio como ‘constituyente’, y durante los dos años que duró se culminó el golpe de estado que había ido fraguándose a fuego lento desde 2003, y ya casi abiertamente a partir de noviembre de 2012.

Pocos días después de la investidura de Puigdemont, el 20 de enero de 2016, se procedió, como es habitual, a constituir las comisiones parlamentarias, y la gran novedad fue precisamente poner en marcha la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente que se constituyó, valga la redundancia, el 28 de enero. Para presidirla se eligió a Casals, que había dejado la presidencia de Ómnium para ocupar la tercera plaza en las listas de JxS, aunque tras su imprevisto accidente acabó recayendo en otro constitucionalista de renombre: Llach, el hombre de ‘l’estaca’. El propósito de la comisión era acordar los pasos a seguir para instaurar la república catalana y, pese a haber sido impugnada por el gobierno de Rajoy, pudo completar sus trabajos y el 27 de julio de 2016 aprobó conclusiones que posteriormente fueron ratificadas en el pleno del Parlamento el 1 de agosto. Tras una fase participativa, se iniciaría la fase de desconexión con España que culminaría con la elección de una Asamblea constituyente encargada de redactar el proyecto de constitución.

«El gobierno de España se vio abocado, pese a las resistencias del PSOE y Ciudadanos a dar el paso de invocar el artículo 155 de la Constitución Española«

Al mismo tiempo, el gobierno Puigdemont procedió a impulsar estructuras de Estado como la Consejería de Asuntos Exteriores, al frente de la cual colocó a Romeva, número uno de la lista de JxS. La Consejería nació con la doble misión de representar al gobierno catalán en el exterior y dar visibilidad internacional al proceso independentista, con funciones que en algunos casos desbordaban las competencias de la Generalidad y fueron lógicamente recurridas por el gobierno de España ante el Tribunal Constitucional que obligó a cambiar el nombre del organismo y recortó algunas de sus funciones. Pero no fue hasta el verano de 2017 cuando el gobierno de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña apretaron el acelerador normativo para poner a punto la maquinaria del nuevo estado.

El Parlamento aprobó la Ley 21/2017, de 25 julio que creaba la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, en sustitución del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña, con el fin de reforzar la “beligerancia de las actuaciones en la red dirigidas hacia Cataluña en general y, concretamente, hacia la Administración de la Generalitat”. Asimismo, la Ley 21/2017, de 21 de septiembre, creaba la Agencia Catalana de Protección Social, un organismo autónomo configurado con un modelo de gestión donde “el pago de las prestaciones económicas y la prestación del servicio corresponden a la Agencia Catalana de Protección Social, y también la recaudación de los recursos que le pertenezcan en cada momento”. Cualquier observador medianamente objetivo podía darse que el objetivo último de todas estas iniciativas legislativas del gobierno y el Parlamento de Cataluña era dotar a su Administración de Generalidad de competencias homologables a las de un estado.

Otro aspecto considerado vital por el gobierno de Puigdemont y Junqueras para asegurar la viabilidad de la república catalana era la reforma de la Administración Tributaria. La Ley 17/2017 de 1 de agosto de Código tributario de Cataluña prestaba una gran atención a dotar de mayor autonomía y más recursos a la Agencia Tributaria Catalana, profundizando la tímida reforma iniciada ya por Mas en 2014 para convertirla en un organismo capaz de recaudar todos los impuestos de la nueva república. Así fue como Puigdemont y Junqueras presentaron la nueva Agencia “preparada para la independencia” con gran boato por Puigdemont, el 4 de septiembre de 2017, todo un guiño cargado de simbolismo en vísperas de la aprobación de las leyes de desconexión, unos días antes de la Diada 2017 y a tres semanas de la celebración del referéndum de autodeterminación.

Golpe de estado y fuga de Puigdemont

El golpe a la democracia se precipitó en septiembre y octubre de 2017. Primero, el Parlamento aprobó la Ley del Referéndum de Autodeterminación y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, los días 6 y 8 de septiembre, respectivamente. La primera proporcionaba cobertura legal a la celebración del referéndum de autodeterminación que se iba a realizar el 1 de octubre (1-O), y la segunda perfilaba el orden jurídico que regiría en Cataluña una vez declarada la independencia y proclamada la república. Ambas leyes fueron, a instancias del gobierno de Rajoy, suspendidas inmediatamente por el TC y declaradas posteriormente inconstitucionales.

Para demostrar la determinación del gobierno de la Generalitat y dejar claro quién mandaba en Cataluña, Sánchez y Cuixart, los presidentes de la ANC y Ómnium que habían sustituido a Forcadell y Casals, respectivamente, al frente de las dos organizaciones independentistas, convocaron sin solicitar autorización alguna a sus asociados a manifestarse frente a la sede de la Consejería de Economía el 15 de septiembre, donde la policía judicial estaba realizando un registro en busca de documentación relacionada con la preparación de la consulta ilegal del 1-O. Además de mantener cercados y retenidos durante horas a los miembros de la comisión judicial, algunos de los manifestantes entraron en los vehículos policiales estacionados frente a la Consejería, tomaron armas que se encontraban en su interior y los vandalizaron y redujeron a chatarra, ante la pasividad de los Mozos de Escuadra.

«Los Mozos de Escuadra permitieron la ocupación por parte de familias de los centros escolares donde se iban a instalar las urnas, con la excusa de celebrar la fiesta del otoño los días 29 y 30 de septiembre»

Pese al despliegue de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desplazados a Cataluña, con un coste para las arcas públicas cifrado en 87 millones por el Ministro del Interior, la consulta ilegal se realizó el 1-O. Los Mozos de Escuadra permitieron la ocupación por parte de familias de los centros escolares donde se iban a instalar las urnas, con la excusa de celebrar la fiesta del otoño los días 29 y 30 de septiembre, e incumplieron la orden judicial de desalojarlos y sellar los centros antes de las 6 de la mañana del día 1. Las urnas y las papeletas llegaron a esos centros en las horas previas al inicio de las votaciones ante la pasividad de los Mozos de Escuadra que nada hicieron para localizarlas e impedir su distribución.

Las urnas quedaron instaladas en los centros ilegalmente ocupados con la complicidad pasiva de los Mozos de Escuadra y la complicidad activa de las autoridades municipales. En Sant Cugat del Vallés, por ejemplo, la exultante alcaldesa Conesa se fotografió junto a las urnas en el polideportivo municipal -del que por cierto su formación había extraído la comisión del 3% a través del Palau de la Música- antes de iniciarse la heroica jornada. Los Mozos de Escuadra, pese al mandato judicial que les ordenaba sellar los centros, tampoco hicieron nada para detener que se abrieran para iniciar las votaciones. Cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado acudieron a algunos de los centros para cumplir la orden del juez y retirar el material, las personas responsables de las mesas y los comités de defensa del referéndum (CDR) organizados se negaron a obedecer y en algunos casos pasaron de la resistencia pasiva a atacar violentamente a policías y guardias civiles.

El 3 de octubre se convocó una huelga general y el 10 de octubre 72 diputados firmaron en el Parlamento un documento en el que afirmaban que “constituimos la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho democrático y social”, “disponemos la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república”, “iniciamos el proceso constituyente, democrático, de base transversal, participativo y vinculante”, “afirmamos la voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condicionamientos previos,” e “instamos a la comunidad internacional y a las autoridades de la UE a intervenir para parar la violación de los derechos civiles en curso”. El 11 de octubre, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, dirigió un requerimiento al presidente Puigdemont en el que ante “su actuación, premeditadamente confusa, unida a la firma por parte del Presidente de la Generalidad, su Gobierno y los grupos parlamentarios de JxS y la CUP ese mismo día de un supuesto manifiesto de constitución de la república catalana” le exigía que aclarase “cuál es el efectivo contenido y alcance de sus actuaciones”, por si fuera necesario activar el artículo 155 de la Constitución.

En la página 4 de dicha requisitoria, Sáenz de Santamaría recapitulaba así la situación a que se había llegado en Cataluña: “rota la neutralidad exigible a cualquier poder público, eliminada la separación de poderes por el incumplimiento sistemático de las Sentencias judiciales. Quebrados los derechos de los ciudadanos por la utilización de sus datos personales al margen de cualquier garantía, el resultado de la pretendida culminación del proceso secesionista es la creación de un grave riesgo para la convivencia democrática, del funcionamiento de las instituciones y del orden constitucional”. Aunque el burofax de la vicepresidenta llegaba demasiado tarde, expone perfectamente la vulneración de los derechos y el desamparo en que nos hemos sentido (y seguimos sintiéndonos) una gran parte de los ciudadanos catalanes desde al menos 2009.

La respuesta de Puigdemont unos días después no aclaraba si se había declarado o no la independencia, ni si procedía aplicar o no el artículo 155 de la Constitución, pero la incertidumbre duró poco. El Parlamento volvió a aprobar una resolución el 27 de octubre que, además de incluir íntegramente la resolución firmada por los diputados de JxS y la CUP el 10 de octubre, instaba “al Gobierno a dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República”, señalando en concreto dotar de medios los servicios para expedir los documentos acreditativos de la nacionalidad catalana; adaptar, modificar e inaplicar el derecho local, autonómico y estatal vigente antes de la Ley de transitoriedad; recuperar la eficacia de todas las normas anuladas o suspendidas por “el Tribunal Constitucional y por el resto de tribunales”; y “promover ante los estados y las instituciones el reconocimiento de la República catalana”.

«La respuesta de Puigdemont unos días después no aclaraba si se había declarado o no la independencia, ni si procedía aplicar o no el artículo 155 de la Constitución, pero la incertidumbre duró poco.»

Broma o no, éste es el contenido de la resolución que se aprobó en el Parlamente el 27-O, fecha término de un viaje iniciado el 30 de septiembre de 2005 en el Parlamento de Cataluña, cuando el PSC, ERC, ICV-EUiA y CiU aprobaron el proyecto la Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Cataluña. Sólo el PP votó en contra de aquel proyecto y vale también la pena recordar las palabras que pronunció Piqué, primer espada del PP entonces, una vez finalizada la votación, para explicar por qué su formación había votado en contra del proyecto: “aquí hay una voluntad de alejar, incluso desde un punto de vista sentimental, emocional, a Cataluña del resto de España”. El tiempo ha demostrado que Piqué estaba en lo cierto porque el proyecto de máximos que impusieron Maragall (PSC), Mas (CDC), Carod-Rovira (ERC) y Ribó (ICV-EUiA) fue la semilla de la discordia que inició el proceso de desconexión entre la Generalidad de Cataluña y el resto de las instituciones del Estado.

¿Qué 155?

Una vez aprobada la resolución que declaraba constituida la república catalana el 27-O, instando al gobierno de la Generalitat adoptar las medidas apropiadas para hacerla efectiva, Puigdemont, Forcadell y Junqueras, procedieron a entonar a capella en las escalinatas del Parlamento esa fraternal tonadilla que amenaza con aplicar un buen golpe de hoz (o tal vez coz) a los enemigos, de la patria, acompañados por el coro de eufóricos diputados de JxS y la CUP, Sánchez (ANC) y Cuixart (Ómnium Cultural) y los alcaldes de la AMI blandiendo sus varas. El gobierno de España procedió, al fin, a solicitar la autorización preceptiva al Senado para aplicar el artículo 155 de la Constitución (debería de haberlo hecho ya el 6 de septiembre) y destituyó al presidente Puigdemont y a todo su gobierno, y disolvió el Parlamento de Cataluña hasta la celebración de nuevas elecciones autonómicas un par de meses después.

Un futuro negro

Contó el gobierno de Rajoy con el respaldo tibio del PSOE de Sánchez que condicionó su apoyo a aplicar el 155 al inicio de una reforma constitucional “porque la España de 2017 no es la misma de 1978”, y con el medido apoyo de un miope Ciudadanos que obligó a Rajoy convocar elecciones al Parlamento de Cataluña antes de finalizar 2017. La reforma que el PSOE exigía a Rajoy no era la que requería el Estado para impedir que vuelva a repetirse dentro de unos años lo sucedido en 2017, sino para facilitarles a los rufianes que estaban en segunda línea y salieron indemnes más instrumentos legales y financieros para volver a intentarlo. Igualmente, desastrosa resultó la exigencia de Ciudadanos de ir a elecciones inmediatamente dos meses después porque ello impidió al gobierno de España tomar las riendas del gobierno de la Generalidad, levantar las alfombras de la Administración catalana y sacar a la luz los resortes que hicieron posible la intentona golpista.

Rajoy cedió en ambos puntos a pesar de contar con mayoría absoluta en el Senado y la aplicación del 155 sólo sirvió para destituir de sus cargos en el gobierno y el Parlamento a los golpistas más prominentes y paralizar la actividad del Parlamento durante dos meses. Y poco más. Algunos líderes huyeron al extranjero (Puidemont, Rovira, Comín, Serrat, Gabriel, etc.) para escapar de la acción de los Tribunales y el resto (Forcadell, Junqueras, Romeva, Turull, Rull, etc.) fueron juzgados con todas garantías procesales por el Tribunal Supremo y condenados por sedición. No es una exageración afirmar que la aplicación del 155 fue un mero paréntesis en el proceso insurreccional ya que pocos meses después veíamos al sustituto designado por Puigdemont (Torra) instalarse en el Palacio de la Generalidad y al sustituto de Forcadell (Torrent) designado por Junqueras presidiendo el Parlamento de Cataluña.

Digámoslo claramente: la aplicación del 155 no sirvió para desentrañar la operativa logística y financiera que hizo posible la consulta el 1-O ni para desvelar los entresijos del papel que desempeñaron y las responsabilidades en que incurrieron algunos departamentos de la Generalidad (Presidencia, Mozos de Escuadra, Consejería de Economía, Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, etc.), las organizaciones independentistas ANC, Ómnium, AMI, y los grupos organizados de choque y sabotaje (CDRs) en el desarrollo y culminación del proceso insurreccional. Ni mucho menos sirvió la aplicación del 155 para asegurar la neutralidad de las instituciones de la Generalidad y el cumplimiento de las sentencias judiciales en el futuro, dos aspectos claves señalados por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría en su requisitoria a Puigdemont el 11 de octubre, como tampoco para implementar las reformas legales necesarias que impidieran a los mismos partidos y las mismas organizaciones independentistas volver a reeditarlo.

«La aplicación del 155 no sirvió para desentrañar la operativa logística y financiera que hizo posible la consulta el 1-O ni para desvelar los entresijos del papel que desempeñaron y las responsabilidades en que incurrieron»

Fue un 155 a la altura de un Estado no de guante blanco sino de mantequilla. Sólo el jefe del Estado en su discurso del 3 de octubre de 2017 y los Tribunales a lo largo de estos años han estado a la altura de las circunstancias; pero los jueces sólo pueden actuar cuando hay indicios claros de incumplimiento de las normas, no reformarlas, y con frecuencia los procesos incoados son lentos y las sentencias llegan con frecuencia demasiado tarde cuando el mal resulta ya irreparable. A nadie puede sorprender, por ello, que los independentistas que estaban en segunda línea durante el proceso insurreccional (Torra, Aragonés, Torrent, Rufián, etc.) sean quienes han tomado el relevo de los golpistas huidos o encarcelados y continúen al frente de la Generalidad y el Parlamento, cobrando los magníficos sueldos que les paga el Estado opresor mientras urden nuevos complots. Tampoco que Paluzie, la sustituta del encarcelado Sánchez al frente de la ANC, continúe su labor de propaganda y haya iniciado una política agresiva para hacerse con el control de instituciones públicas como las Cámaras de Comercio y los órganos rectores de las Universidades.

De momento, la máxima dominante dentro del dividido movimiento independentista (ERC, PDeCAT, CUP-Crida, Juntos por Cataluña, Partido Nacionalista Catalán, etc.) es mantener su apoyo al débil gobierno presidido por Sánchez, al que ellos auparon a La Moncloa el 1 de junio de 2018 por considerarlo el gobernante más propicio para sus desleales intereses. Esa debilidad no ha hecho sino acentuarse tras el acuerdo alcanzado entre Sánchez e Iglesias para formar un gobierno de coalición, PSOE-PSC-Unidas Podemos, siempre dependiente del apoyo que puedan prestarles los partidos independentistas en el Congreso. En tanto se mantenga está situación, el gobierno de la Generalidad podrá seguir extrayendo concesiones del gobierno de España, y los independentistas observarán con atención cómo se derriten las instituciones del Estado a la espera del momento propicio para hacer una nueva intentona. Han cambiado los nombres, pero quienes están hoy al frente del gobierno de las instituciones de autogobierno en Cataluña van a seguir empleando, como hicieron sus antecesores Puigdemont y Junqueras, los formidables recursos humanos y financieros de la Generalidad para mantener viva su cruzada contra la Constitución de 1978. Y cuentan para ello con la inestimable ayuda de Podemos desde dentro del gobierno de España.