El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha firmado este lunes el decreto de convocatoria de las elecciones catalanas para el 14 de febrero y de disolución del Parlament, después de que se haya agotado el plazo de dos meses establecido por la Ley de Presidencia sin que se haya investido a un nuevo presidente tras la inhabilitación de Quim Torra.
El decreto se publicará este martes en el Diario Oficial de la Generalitat (Dogc), 54 días antes de la celebración de los comicios, tal y como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg). Aragonès ha firmado la convocatoria de elecciones después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, haya comunicado que se ha agotado el plazo sin investir a ningún presidente, por lo que esta medianoche quedará disuelta la Cámara catalana.
En declaraciones tras la firma del decreto, Aragonès ha asegurado que el 14 de febrero se celebrarán elecciones al Parlament y que el Govern trabajará para «garantizar que se puedan celebrar con la máxima normalidad posible y que la pandemia afecte lo mínimo» a los comicios.
«El Parlament no se detiene del todo»
Por su parte, Torrent ha defendido en rueda de prensa que, pese a que se disuelva la Cámara, el Parlament no se detiene del todo, ya que se activará la Diputación Permanente, el órgano que gestiona la actividad parlamentaria cuando se convocan elecciones autonómicas. En este sentido, ha apuntado que previsiblemente a partir del 11 de enero se celebrará alguna reunión de la Diputación Permanente para convalidar decretos que apruebe el Govern sobre el coronavirus.
Preguntado por la valoración de la legislatura, ha destacado que ha servido para «recuperar» las instituciones catalanas tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. También ha afirmado que ha sido una legislatura «marcada por la represión, con episodios muy relevantes políticamente y muy dolorosos desde un punto de vista personal», como el encarcelamiento del exconseller Jordi Turull antes de su segundo debate de investidura como presidente de la Generalitat, y por la judicialización de la actividad parlamentaria.
Sin embargo, ha negado que haya sido una legislatura perdida y ha reivindicado la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2020, tras tres años de prórroga, y de varias leyes que han «ampliado derechos de carácter cívico y material». Asimismo, ha apostado por que la próxima legislatura sea la de la «reconstrucción» tras la crisis provocada por el coronavirus y que sirva también para recuperar la unidad estratégica en el independentismo.