Miquel Sàmper (JxCat), consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, publica un artículo en La Vanguardia: Nos faltan policías.
Empieza recordando que «en el año 2006, en una junta de seguridad de Cataluña, se fijó el máximo número de efectivos de que podía disponer el cuerpo de Mossos d’Esquadra: 18.267». El tope se está acercando; según datos del Idescat, en 2019 teníamos 16.916 policías autonómicos.
Sàmper afirma que la cifra máxima es «insuficiente y alejada de los estándares no solo europeos, sino también de los que se dan dentro del Estado español». Padecemos «un déficit policial fijado por el Estado».
Que en Cataluña hacen falta más policías lo sabe cualquiera que mire la crónica de sucesos o que pasee por la calle. Pero conviene recordar que cada vez que se comete un delito surge de inmediato un político diciendo que se trata de «un hecho aislado» y que los datos sobre la criminalidad son siempre presentados desde una perspectiva optimista hasta el delirio. Antes de denunciar el déficit policial habría que suprimir el superávit de optimismo oficial.
Menos policías, más inseguridad
Por algún extraño prejuicio ideológico, Sàmper siente la necesidad de hacer constar lo obvio: que «la carencia de efectivos policiales que sufrimos va en contra de la seguridad de los catalanes» y que de esta manera la sociedad tiene «menos capacidad de garantizar los derechos y las libertades».
No necesita convencernos. Su enumeración de las actividades policiales es superflua; ya las conocemos y las aplaudimos, a riesgo de que los medios próximos a la Generalitat, siempre partidarios de la impunidad, nos lancen la acusación habitual de adoptar una «actitud autoritaria» o de apoyar la «represión policial».
Justifica la necesidad de tener más policía en base al incremento de visitantes extranjeros —antes de la pandemia, claro está—, que llegaron a superar los 19 millones en 2019, y a la irrupción de los delitos cibernéticos. Ni una palabra de los delitos relacionados con la inmigración, ni sobre la facilidad con que mafias de todo pelaje se instalan entre nosotros. Tampoco sobre el hecho que desde 2015 estamos en el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista.
Nivel 4 es “riesgo alto” y todo parece indicar que nos vamos a quedar así durante muchos años. Los salafistas controlan una de cada tres mezquitas en Cataluña, informaba El País en 2016, y a ver quién los contrala a ellos. Sàmper ha desaprovechado muchas evidencias para sostener su petición.
Hasta 22.000 mossos
Concluye que, para renovar la plantilla, «hacen falta nuevas promociones de mossos, de forma constante e intensa», y además «hay que aumentar la cifra máxima de mossos», hasta llegar a los 22.000.
Bien está, y urgente es, pedir más policías, pero antes convendría cambiar ciertas ideas y actuaciones que son una rémora constante en la lucha contra el delito en Cataluña, y que forman parte del problema y no de la solución.
Afirmar de cara a la galería, ante cualquier contratiempo, que la policía no es la solución es un lugar común que desde la extrema izquierda se ha extendido a casi todo el espectro político. Pues bien, hay que decir claramente que sí hay soluciones policiales, por supuesto que no para todos los problemas de la humanidad pero sí cuando alguien vulnera el código.
La policía ha de ser defendida y no desautorizada por quienes son sus responsables políticos, algo en lo que el presidente Quim Torra se ha lucido más de una vez. Y por supuesto esos responsables no pueden estar en ambos lados de la ley: no pueden impulsar a sus CDR, o como se llamen en cada temporada, a «apretar» cometiendo sabotajes y algaradas callejeras, y al mismo tiempo enviar a los Mossos a contenerlos. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha nunca ha sido un buen sistema de gobierno.
En una sociedad bien entendida, todos los cuerpos de seguridad han de colaborar y no competir, y cada uno ha de tener sus competencias bien delimitadas. Lo mínimo que se ha de exigir a un gobierno democrático es que no comprometa a su policía en aventuras que bordean la ley, o abrigue fantasías sobre lo que puede llegar a ser.
Por ejemplo, cabe recordar que en el proyecto de constitución que en sus horas libres redactó el juez Santiago Vidal, se dice que «Cataluña es un territorio libre de ejército y fuerzas armadas, salvo la policía propia (Mossos), encargada de la seguridad pública». Es sólo mala literatura, pero textos como éste sirvieron de estímulo propagandístico durante los años del proceso.
Una última contradicción: Sàmper está en un gobierno que cuenta con el apoyo de un grupo, la CUP, que pide día sí día también la disolución de la unidad antidisturbios de los Mossos, la Brimo. Pensando en un eventual nuevo gobierno independentista, el consejero de Interior debería negociar antes con ellos, no vaya a ser que los nuevos mossos que pide acaben disueltos inmediatamente después de recibir sus destinos.
