El escándalo en torno a Ferrovial sigue generando polémica. El mes pasado, el asunto cobró de nuevo actualidad porque la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, no solo admitió que no rescindía el contrato de seguimiento de contactos del Covid-19 tal y como había prometido, sino que renovaba la prórroga del contrato con la citada empresa para la gestión del servicio telefónico 061 CatSalut Respon. «Lo necesitamos», fue su argumento. Recordemos que el contrato se situó en el centro de la polémica por haber sido suscrito con una filial de Ferrovial, empresa salpicada por la corrupción del Caso Palau.
Hoy, el contrato con la cuestionada empresa ha vuelto a situarse en el ojo del huracán. Durante el pleno del Parlament, la diputada del PSC, Assumpta Escarp, ha denunciado que Ferrovial ya habría cobrado 50 millones de euros por el contrato de rastreo otorgado por la Generalitat. Asimismo, ha denunciado que el servicio se encuentra «colapsado» y no funciona adecuadamente. Durante su intervención, Escarp ha recriminado a Vergés que el Govern mantenga el contrato de seguimiento de contactos de Covid 19 a pesar de que se comprometió a ponerle fin. «Ferrovial y sus filiales han recibido 54 millones de euros. ¿Que hemos sacado de esto? Un sistema de rastreo que no funciona y un 061 colapsado», ha resumido Escarp.
Ante esta acusación, Vergés ha defendido la gestión de la Generalitat recordando que ésta se encuentra gestionando una «pandemia mundial». Asimismo, ha asegurado que la Generalitat ha mejorado el sistema de rastreo y reprochado al partido socialista su desconocimiento sobre cómo funciona la Administración pública.
Críticas de los ‘comuns’
La del PSC no ha sido la única crítica realizada al Govern a cuenta de Ferrovial esta semana. Este lunes, el diputado de los comunes en el Parlament, Marc Parés, arremetió contra la Generalitat por su contrato con la empresa salpicada por corrupción. «El caso de los rastreadores no se aguanta por ninguna parte», resumió.
