El incendio de la nave okupada del Gorg, en Badalona, se ha convertido en una nueva guerra entre la izquierda y la derecha en la ciudad presidida por el popular Xavier García Albiol. Desde el primer momento del siniestro, que se ha saldado con tres muertos y una veintena de heridos de diversa consideración, formaciones y entidades progresistas arremetieron contra el alcalde. Tanto es así que el jueves, incluso, promovieron una manifestación de los okupas del Gorg por las calles de la ciudad llamando al primer edil, entre otras cosas, «racista».
Lo cierto es que Xavier García Albiol retornó a la Alcaldía de Badalona el pasado mes de mayo. Desde 2015 el sillón del primer edil había sido ocupado por la cupaire Dolors Sabater y, posteriormente, por el socialista Álex Pastor, que tuvo que dimitir en abril tras ser sorprendido por los Mossos circulando ebrio en su vehículo por Barcelona en pleno confinamiento. La ocupación de la nave del Gorg tuvo lugar hace unos 12 años y fue a partir de 2017 cuando la situación se comenzó a tornar insostenible para los vecinos a causa de las molestias que causaban en el barrio las cerca de 200 personas que residían ilegalmente en el inmueble. Esta ocupación nunca fue denunciada por el propietario de la nave por razones de «humanidad».
El actual alcalde heredó el problema y en agosto se dirigió a los okupas del Gorg para exigirles que dejaran de molestar al barrio. Los vecinos, mientras tanto, le habían pedido que pusiera fin a una situación cada día más desagradable. Algunos relatan que, en el interior de la nave, se celebraban fiestas ilegales, con música hasta altas horas de la madrugada y que, incluso, existían dos restaurantes que daban servicio a personas del exterior del inmueble. Otros afirman que en dentro del inmueble se traficaba con drogas y que en el mismo se refugiaban, entre los inmigrantes subsaharianos, algunos delincuentes habituales.
Desde los partidos y entidades de izquierdas, además de promover la manifestación de los okupas, se han lanzado todo tipo de acusaciones contra el primer edil. Es el caso de la ex alcaldesa Sabater, quien ha reprochado a Albiol no haberse «acercado» a las víctimas ni haberles expresado su pésame en los primeros momentos del siniestro.
Albiol se ha defendido con datos de estos ataques. El alcalde ha asegurado en un comunicado que, desde su llegada a la Alcaldía, ha tomado «todas las medidas posibles desde el ámbito social, urbanístico, jurídico y de la seguridad». El primer edil ha explicado también que el Consistorio solicitó al juzgado por escrito poder entrar en el inmueble para «comprobar las condiciones de higiene, salubridad y calidad de vida de quienes vivían allí».
El alcalde ha confirmado que los problemas de convivencia se agravaron a partir de 2017 por cuestiones de «convivencia y delincuencia por una parte de las personas que ocupaban». Albiol ha insistido en que su Gobierno actuó desde el primer momento en el que entró en el Consistorio. Y ha puesto como ejemplo que, desde julio, los cuerpos de seguridad han intervenido un total de 25 veces en el inmueble, con «controles preventivos o con intervenciones solicitadas por los vecinos». Es más, el propio alcalde estuvo en la zona y algunos de los okupas se enfrentaron a él.
Semanas antes, el Ayuntamiento, además, abrió un expediente para «restablecer la legalidad en la nave». Con este fin, se han elaborado varios informes técnicos con los cuales el 11 de noviembre se inició un trámite de urgencia para, una vez más, intentar «restablecer la legalidad«. La nave tenía uso industrial y, por lo tanto, no podía ser utilizada como vivienda. En octubre, finalmente, el Consistorio se dirigió por escrito a los Juzgados de Badalona por «problemas de ámbito social y sanitario del interior y el exterior de la nave». En el mismo escrito, se solicitaba autorización judicial para poder acceder al interior. Los Juzgados nunca respondieron.
