El 67% de los catalanes considera que hay aún mucha o bastante corrupción en esta comunidad autónoma, según recoge el Barómetro de la corrupción en Cataluña: percepciones y actitudes ciudadanas de la Oficina Antifrau. El estudio, que se elabora cada dos años, ha sido presentado por el director de la entidad, Miguel Ángel Gimeno, y, según el mismo, el 79,5% de los encuestados percibe la corrupción en Cataluña como un problema «grave o bastante grave».
Los encuestados por la Oficina Antifrau consideran que la corrupción se da sobre todo en áreas de la Administración como Obras Públicas (75,1%), Urbanismo (67,7%) y Justicia (58,9%). Esta corrupción es situada por los ciudadanos en acciones como los contratos (67,9%), la concesión de licencias y autorizaciones (57,9%) y las subvenciones (54,6%).
Los partidos políticos son también considerados como fuente de corrupción, según este barómetro. Para un 76,5% de los encuestados es en estas formaciones en las que más actitudes corruptas se detectan. Le siguen las entidades financieras, con un 70,2% y los medios de comunicación, en los que, según la encuesta, 59,35% de los catalanes observa actitudes corruptas.
La mala imagen de los políticos
Los datos del barómetro de la Oficina Antifrau deberían preocupar especialmente a los políticos. Nada menos que el 53% de los encuestados percibe «poca o nula honestidad» en ellos. Y el 43,1% cree que se financian ilegalmente. Un 78,6% considera que existe demasiada relación entre política y negocios y el 84,1% considera que los políticos no rinden cuentas adecuadamente sobre su gestión. El 85,1%, además, percibe que «las relaciones entre cargos públicos y grupos de interés son poco o nada transparentes» y para el 85,8% de los encuestados «el patrimonio y la actividad económica de los cargos públicos deberían estar controlados por un organismo independiente».
El barómetro ofrece también datos sobre lo que denomina «tolerancia social hacia comportamientos inapropiados«. En este apartado, se observa que «la ciudadanía es ahora ligeramente más laxa que hace dos años». Así, para un 21,1% es aceptable que un alto cargo admita como regalos una caja de vino. El 14,4% admite que alguien que trabaje en el sistema sanitario público ayude a un familiar «a saltarse la lista de espera». Sin embargo, solo un 6,4% dice entender que un político «contrate a un amigo íntimo como cargo de confianza».
Otras conductas aceptadas por una parte destacada de los encuestados serían «hacer trampa en el empadronamiento para elegir escuela» (26,9%), «llamar a un médico amigo para evitar la lista de espera» (22,1%) o «no pagar el IVA correspondiente» (13,8%).
Finalmente, aunque el 38,8% de los encuestados considera la mejor forma de lucha contra la corrupción por parte de los ciudadanos es denunciar, un 50,5% dice que no lo haría por la dificultad que tendría para reunir las pruebas. El 29,2% renunciaría a hacerlo por miedo a las represalias. Casi un 29% descartaría la denuncia por considerar que los responsables no recibirían ningún castigo y el 27,5% asegura que no lo haría por desconocer los pasos a seguir.
