Constitución española, vigencia del estado de derecho y separatismo. ¿De ejemplar a estado fallido?

Celebramos la Constitución. La Constitución Española es un documento de altísima calidad formal, y materialmente es muy avanzada. Su redacción sintetizó: a) qué venía a establecer -el fin de la confrontación entre españoles y un sistema democrático de representación y gobierno-; b) las anteriores constituciones de España; y c) las últimas versiones de la constituciones de los países democráticos más sólidos y adelantados.

Cuatro pilares conforman la Constitución Española: la democracia y el Estado de derecho, el Estado social del bienestar, la descentralización regional, y la economía productiva y competitiva.

La Constitución Española de 1978 abrió una nueva etapa en la historia política, social y económica de España. La fuerte expansión económica, el hondo cambio social y la sólida libertad política, se deben al sistema democrático que instauró la Constitución Española.

Por otra parte, conocemos que en nuestro mundo global la estabilidad política es una de las cualidades clave para la competitividad de una nación y para el progreso de sus gentes. La calidad de las instituciones ha venido a ser la explicación esencial de las diferencias económicas entre países. En la última década, la estabilidad política de España se ha resentido. No es el único país dónde eso ha ocurrido, claro. Gran Bretaña con el Brexit, y Estados Unidos con el presidente Trump, han padecido una altísima confrontación social e inestabilidad política aún siendo los países paradigmáticos de la democracia.

Se atribuye al populismo la presente radicalización política y social, y se la relaciona a menudo con impactos socio-económicos negativos de la globalización. En el caso de España, sin embargo, la inestabilidad política se ha forjado muy claramente en otros elementos, como son: 1. el desafío que el separatismo catalán lleva haciendo a la democracia española desde hace una década, con el instrumento de una administración pública como es Generalitat, y con la indolencia de los gobiernos centrales de España; y 2. el riesgo actual de extensión al conjunto de España de la descomposición que se ha generado en Cataluña.

«Se atribuye al populismo la presente radicalización política y social, y se la relaciona a menudo con impactos socio-económicos negativos de la globalización. En el caso de España, sin embargo, la inestabilidad política se ha forjado muy claramente en otros elementos«

La Constitución Española, mejor dicho, España misma, está socavada y en peligro cierto por dos motivos que en sí no se deducen de la Constitución sino de cómo ésta (no) se ha implementado. Estos dos motivos son:

1.-El déficit de vigencia del Estado de derecho español.

2.-El exceso de descentralización en el sistema llamado de las Autonomías.

Efectivamente, la combinación de la intensa descentralización autonómica y de las carencias del Estado de derecho, en particular en la Comunidad Autónoma de Cataluña, es el origen del hondo, largo y consentido desafío de los separatistas catalanes y de su Generalitat a la democracia y a la unidad de España. Eso llegó a materializarse en el otoño de 2017 en la forma de un golpe de Estado dado por una administración regional. Por tanto, el sistema de las Autonomías empezó como café para todos y ha terminado siendo cocaína para todos. Las Autonomías crearon unas amplias elites regionales que centrifugaron la unidad de España.

Al mezclarse ambas cuestiones, la descentralización de España ha devenido en excesiva, de una manera que amenaza, obviamente, con devorar España. La descentralización ha sobrepasado el punto óptimo de equilibrio entre, por un lado, el grado de desconcentración y, por otro lado, el progreso económico, la justicia social, la estabilidad política y la calidad de las instituciones.

En esta curva de la desconcentración del poder y de las competencias -al estilo lógico de la célebre curva de Laffer y que podría llamarse ¡curva de Brunet!-, el sistema de Comunidades Autónomas de la España actual se sitúa más allá del punto óptimo. Cuando languidece el Estado de derecho, las tendencias centrífugas prevalecen, como ha ocurrido en España desde 2004.

Vale decir que la tarea de descentralizar España en la forma de régimen autonómico, junto a la confrontación interpartidista, ya embarrancó a la II República Española y precipitó la guerra civil. Efectivamente, la descentralización fue una cuestión clave entonces, lo fue en 1978 con la Constitución, y lo es hoy para la administración del Estado y para el ser de España como país. Después del golpe aquel del otoño 1934, lúcidamente, Agustí Calvet (a. Gaziel (Varios años), Tot s’ha perdut. El catalanisme polític entre 1922 i 1934, Barcelona, RBA, p. 276) escribió: «O la implantación de un régimen autonómico en España era una tontería, una empresa descabellada, sin pies ni cabeza, o era una cosa seria, nueva, y, por lo tanto, ardua, difícil.»

A pesar de la Constitución Española, la indigencia del Estado de derecho español sobre aspectos y en partes importantes del territorio alimentaron los anhelos de un Estado ‘que funcione’, uno propio a cada Autonomía, o al contrario alentaron un Estado sin Autonomías o la independencia de las Autonomías como Estados independientes. Desde el punto de vista económico, el despilfarro del sistema de 17 CC.AA. es meridiano: fragmentación del mercado y multiplicación de mini Estados. Desde el punto de vista político, la deslealtad constitucional y la rebelión separatista son una conclusión inherente al sistema autonómico. Por otra parte, desde el punto de vista social, un supuesto derecho histórico a la diversidad ha venido a amparar la diversidad de derechos entre españoles y una grave disparidad real entre regiones.

Es sólo una mera creencia, aunque sea extendida, que las tendencias centrífugas son consustanciales al ser de España. Sin embargo, sí es cierto que estas tendencias centrífugas de las regiones españolas nublaron el siglo XIX y parte del siglo XX español. ¿Son las Comunidades Autónomas nuevas taifas que arruinarán la España del siglo XXI? ¿Cómo van a mantenerse 17 mini Estados paralelos dentro del Estado?

Evidentemente, la combinación virtuosa propugnada en la Constitución Española se tambalea. El desafío del separatismo catalán -perpetrado durante décadas por un ¡gobierno regional!- se ha basado en una desaforada descentralización y en la debilidad del Estado de derecho español. Tras un importante coste político, social y económico para los catalanes y para el resto de españoles, al fin, lamentablemente, una crisis constitucional habrá de decantar el futuro de España.

El déficit de vigencia del Estado de derecho español ha alentado el lance de los separatistas catalanes y de la Generalitat separatista contra la democracia. Las Figuras 3 y 4 dan cuenta de esta situación. Al no intervenir el Estado español, la impunidad del quebranto de la ley y las políticas desaforadas de la Generalitat fueron incrementando el precio político de la intervención, y ello disuadió aún más a los gobiernos de España a intervenir la Generalitat, hasta hacerlos irresponsables.

«La decadencia económica de Cataluña, la descomposición social y el caos político de Cataluña no parecen tener horizonte de superación.»

El coste acumulativo de la no intervención del Estado español y de la cronificación del desafío separatista lo han pagado todos los catalanes, en sobre manera personal los constitucionalistas. La decadencia económica de Cataluña, la descomposición social y el caos político de Cataluña no parecen tener horizonte de superación. Pero el precio astronómico de la inacción del Estado de derecho español ante el desafío separatista será pagado no sólo por Cataluña y los catalanes sino por España entera y el resto de españoles.

Por su transición ejemplar de la dictadura a la democracia y al Estado de derecho, y por su descentralización regional, tal como todo ello se concretó en la Constitución, España se convirtió en una democracia y una sociedad avanzadas, y por ello en un paradigma unánimemente admirado. Bien, de persistir, los excesos no corregidos del sistema de las Autonomías y la inacción del Estado de derecho español podrían convertir España en un ejemplo de Estado fallido.