Las ejecutorias del TS revocando el tercer grado de los políticos presos por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos han provocada una nueva oleada de victimismo entre el independentismo basada en falsedades notorias. La primera y más repetida es que se castiga a los presos por su ideología. Se repite constantemente que España no es una democracia, que se limita la libertad de expresión. En España la libertad de expresión puede estar amenazada, véanse los intentos de censura a lo políticamente incorrecto, pero no precisamente al independentismo que forma parte, al menos en cuanto a libertad de expresión en medios y redes sociales, del establishment. De no ser así ni gobernarían la Generalitat, ni dispondrían de altavoces mediáticos públicos y privados, ni los partidos independentistas estarán legalizados, ni independentistas estarían en la CNMV por poner un ejemplo.
Las ejecutorias lo exponen correctamente: «Yerra la juzgadora de instancia al dejar entrever que la estimación del recurso del Ministerio Fiscal implicaría exigir al interno que modificara su ideología. El Sr. Junqueras no fue condenada por su ideología independentista. Fue declarado autor de un delito de sedición en concurso con un delito de malversación de caudales públicos en su modalidad agravada, con base en los hechos declarados probados en el juicio histórico de nuestra sentencia. Nadie cumple condena en un Centro Penitenciario por sus ideas políticas. Buena prueba de ello es que el gobierno autonómico de Cataluña, en la actualidad, está presidido por un dirigente del mismo partido político -y, por tanto, de la misma ideología- que el interno recurrente. La sentencia que encabeza la presente ejecutoria -pese a que sus fundamentación y alcance quieran debilitarse mediante una inadmisible reinterpretación por la administración penitenciaria- no condena a disidentes políticos, no condena a líderes independentistas».
«No han cumplido el 25% de la condena, y, además, mantienen por activa y por pasiva, aunque es cierto que con más o menos entusiasmo, que lo volverán a hacer»
Aclarado, salvo para quiénes mantienen sus consignas al margen de la verdad, que no hay persecución del independentismo, por otra parte algo que si se da en Occidente en países inequívocamente democráticos, la segunda cuestión a analizar es si en estricta técnica jurídica corresponde o no el tercer grado. Aquí también la respuesta es inequívoca. No. No han cumplido el 25% de la condena, y, además, mantienen por activa y por pasiva, aunque es cierto que con más o menos entusiasmo, que lo volverán a hacer. Y lo que volverán a hacer no es ser independentistas, pueden serlo sin problemas, si no intentar la secesión sin cumplir con los requerimientos legales.
Y no estamos ante un trato discriminatorio. Iñaki Urdangarin tampoco ha obtenido, hasta ahora, el tercer grado y lleva bastante más de un 25% de pena cumplida. Y no recuerdo que haya declarado que volverá a las andadas en cuanto esté en libertad.
Dicho todo lo anterior el gobierno español, si piensa que es positivo el perdón, es quién debe tomar las decisiones en primera persona, vía indulto, o reforma de la sedición, asumiendo ante la opinión pública las ventajas, tener mayoría parlamentaria, y costes, posible pérdida de votos en futuras elecciones, de hacerlo. Pero no pretendiendo que el Poder Judicial le haga el trabajo. A mí me parece que el indulto, de las penas de cárcel pero de no de inhabilitación, sería una buena decisión, entre otras cosas porque acabaría con lo único que mantiene viva una precaria unidad independentista y sostiene el vínculo sentimental con muchos catalanes independentistas que se sienten estafados por el `procès’ y sus líderes.
