A pesar del exhaustivo informe de la Sindicatura de Cuentas de Catalunya sobre las irregularidades en los contratos y sobrecostes de la Línea 9 de metro, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, aseguraba ayer en el Pleno del Parlament que el “coste fijo de la construcción de la L9 del Metro de Barcelona es el mismo».
“Las cifras no son nuevas, se conocen desde el año 2011, pero la L9 ha sido un proyecto que se ha visto afectado por diferentes situaciones que han demorado su finalización”.
Calvet asegura que, “la L9 es una prioridad del Govern de la Generalitat para fortalecer el transporte público metropolitano. Se ha incrementado la dimensión de proyecto, aumentado el número de estaciones, mejorado técnicas de construcción”.
El diputado de Cs, Nacho Martín Blanco, interpeló al Govern en el Parlament a pedir «disculpas» por una obra que «ha sido un auténtico desastre» y que se ha vinculado con «corruptelas seguramente relacionadas con el 3%, con su partido».
«Si cree que hay irregularidades o corruptelas, se va a Fiscalía, no lo diga aquí en sede parlamentaria de manera impune», contestó Calvet al diputado naranja.
Para Calvet, “la L9 es prioritaria, necesaria y estratégica”, además de afirmar que “es una apuesta clave para el sistema de transporte público de Barcelona que enlazará toda el área metropolitana y que permitirá disponer de una propuesta robusta de transporte público y reducir emisiones para contribuir en la lucha contra el cambio climático”.
La última gran obra del Govern Pujol con 15 años de retrasos
La Generalitat de Cataluña dirigida por Jordi Pujol, colocaba la primera piedra de la Línea 9 en Badalona en el año 2002. Se anunciaba como una infraestructura singular, la línea de metro más larga y moderna de Europa empezaba a construirse. La joya en las infraestructuras de Cataluña. Un metro automatizado del siglo XXI para satisfacer la demanda de transporte público, ofreciendo un servicio seguro, regular y rápido, con altas prestaciones de calidad, confort y atención al público.
El año 2007 estaba fijado como el estreno, la L9 uniría la ciudad de Barcelona de un extremo al otro, con un recorrido de 48 kilómetros en 52 estaciones y un coste total de 2.464 millones de euros.
Pero, cuando tan solo queda un mes para llegar a 2021, la realidad es otra, la L9 sigue siendo un proyecto a medias y actualmente la construcción del tramo central sigue parada hasta 2022. Los más optimistas, apuntan al 2025 como fecha para finalizar las obras. Pero lo más escandaloso es calcular la factura prevista para el coste final de la L9, más de 16.000 millones de euros debido a los intereses y mantenimiento, un hecho que multiplica casi por siete el presupuesto inicial de 2002.
Informe Sindicatura de Cuentas
El informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, ha fiscalizado la obra hasta 2016, confirmando una serie de irregularidades cometidas en la construcción de la línea 9 de metro, que suponen unos sobrecostes de 5.000 millones de euros, 251,5% respecto al precio inicial del proyecto.
En resumen, de los 2.464 millones de euros previstos en el 2002 hasta los 6.927 millones del presupuesto actual del proyecto. No obstante, a esta cantidad tenemos que sumar los 9.692 millones correspondientes al pago del canon del Govern a las concesionarias de las estaciones entre el 2009 y el 2044. De este modo, el presupuesto global de la L9 se dispara hasta 16.619 millones.
La construcción de la L9 fue encomendada por la Generalitat de Cataluña a la empresa pública de infraestructuras GISA en el año 2000 en virtud de un convenio formalizado por ambas entidades, convenio que en aquella fecha regulaba los encargos de obra a la empresa pública.
El año 2003, el Gobierno atribuyó a IFERCAT, empresa administradora de las infraestructuras ferroviarias de la Generalitat, el carácter de administrador único de la L9 y responsable de su construcción y mantenimiento. IFERCAT se subrogó en la totalidad de los derechos y las obligaciones que correspondían a la Generalitat en su condición de mandante de GISA.
La Sindicatura de Cuentas ha emitido un total de dieciséis informes de regularidad sobre las empresas públicas GISA/Infraesctructures.cat e IFERCAT correspondientes a los ejercicios 2000 al 2014. El objeto de estas fiscalizaciones ha sido la revisión de las cuentas anuales y del cumplimiento de la legalidad en materia de contratación administrativa.
Reproches de PP y Cs
Tras conocerse el informe de la Sindicatura de Cuentas, el portavoz del Partido Popular en Barcelona, Óscar Ramírez denunciaba que “la construcción de la Línea 9 es el ejemplo claro de la desastrosa gestión de los gobiernos de la Generalitat, un despropósito que empieza con Pujol, el tripartito y los últimos gobiernos independentistas y que la acaban pagando todos los catalanes. Una hipoteca estimada en 16.000 millones, con unos sobrecostes escandalosos del 251,5%”.
“Las infraestructuras estratégicas de Catalunya se venden como innovadoras a nivel mundial, pero todos los retrasos de construcción las convierten en obsoletas e insuficientes”, asegura Ramírez.
Por su parte, el líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa ha valorado la línea de metro L9, como “uno de los proyectos más ruinosos que se han hecho por una administración pública regida por el separatismo y CiU».
«Ese sobrecoste se ha ido en mala gestión, retrasos y además corrupción, porque las concesiones de la L9, igual que las de la Ciudad de la Justicia, sirvieron para pagar el 4% que se pagaba a CiU, ya que se hablaba del 3% pero muchas veces fue del 4 y del 5″, aseguraba Carrizosa.
