Aunque a finales de verano la previsión del Gobierno era reformar el delito de sedición antes de que acabase el año, en estos momentos este propósito podría resultar no tan acuciante para el Ejecutivo. Al menos, es lo que puede inferirse después de que esta semana, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya dejado entrever que tal vez no se cumpla el objetivo de aprobar la reforma del Código Penal en el Consejo de Ministros antes de que acabe el año. Del mismo modo, la portavoz María Jesús Montero defendió ayer la necesidad de adecuar los tipos penales a la legislación europea —pese a que Bruselas esta semana ha desmentido que exigiese al Gobierno la reforma del delito de sedición— pero matizó que existían otros retos «todavía pendientes», como la «reforma del órgano de gobierno de los jueces».
Y es que, preguntada directamente durante la rueda de prensa por si la reforma llegaría antes de los comicios catalanes del 14F, Montero esquivó la pregunta y recordó la necesidad de abordar otras reformas pendientes como la ya citada renovación del CGPJ, de parte del Tribunal Constitucional o de la cúpula de RTVE.
En busca del votante que se fue a Cs
Esta posible dilatación de la reforma del delito de sedición hasta después de las elecciones catalanas podría entenderse como una forma de no perjudicar las opciones electorales del PSC. Recordemos que los socialistas catalanes llegan a estos comicios con la ambición de recobrar parte de los votos que hace dos años se fueron a Ciudadanos. En este sentido, la reforma de la sedición —que presumiblemente rebajaría las condenas de los políticos presos por el procés—, así como la exclusión del castellano como lengua vehicular en la ley Celaá son vistos como asuntos que podrían lastras sus posibilidades.
