La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento europeo ha dado este martes luz verde al informe sobre la reforma de la euroorden que propone que las ofensas contra la integridad constitucional de un Estado miembro entren dentro de los delitos por los cuales se pasa a un proceso de extradición automática.
El informe plantea así añadir «los crímenes contra la integridad constitucional de un Estado miembro que involucren el uso de la violencia» a la lista de 32 delitos que actualmente garantiza la entrega automática de la persona reclamada por el Estado que emite la euroorden.
La elaboración del informe ha estado motivada por el caso del ex presidente Carles Puigdemont y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí. Así lo reconoció el responsable del texto, el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, quien se refirió al caso de Puigdemont como un ejemplo «de aplicación deficiente de la norma» y de «impunidad». El informe, además, recoge cuestiones técnicas y no entra a valorar casos concretos en que el ponente haya detectado problemas en la ejecución.
El texto subraya también que se debería valorar incluir otro tipo de delitos entre los que se garantizara la entrega inmediata. En este sentido, propone los casos de crímenes ambientales, ciertas formas de evasión fiscal, abusos sexuales, violencia de género, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. La propuesta, además, plantea que las euroórdenes emitidas por un Estado miembro sean «reconocidas y ejecutadas directamente por otro Estado miembro, excepto en determinados casos muy específicos». Plantea también que si el Estado miembro rechaza la euroorden tendrá que presentar «argumentos objetivos y factuales» que justifiquen la decisión.
