El caso del coronel Diego Pérez de los Cobos es una mina. La existencia de un deep state, de un «estado profundo», que vigila y controla el funcionamiento de las instituciones, es una hipótesis que muchos quieren ver confirmada cuando salen a la luz informes sobre la presunta prevaricación del gobierno al permitir las manifestaciones del 8 de marzo a pesar del riesgo que entrañaban.
El gobierno español topa con el «deep state», afirma el editorial del Ara.
«El caso es que son el PSOE y Unidas Podemos, e incluso alguien tan cercano al deep state como Grande-Marlaska, los que están sufriendo ahora las consecuencias de formar parte de un gobierno que no es del gusto de esos contrapoderes. Resulta interesante, visto desde Cataluña, porque demuestra lo que muchas veces habíamos advertido: que si estos poderes se veían amenazados de alguna manera no irían sólo contra el independentismo, que constituye seguramente el riesgo más inmediato para su supervivencia, sino también contra quien osara cuestionar su supremacía.Esperamos que Pedro Sánchez entienda que debe aprovechar esta coyuntura histórica para actuar de forma decidida contra este deep state».
El editorial del Punt-Avui habla del sitio al gobierno de Sánchez y afirma que el informe que le ha costado el cargo al coronel «es tan poco fiable como la mayoría de los informes de la Guardia Civil -entonces fue el coronel Baena– en que se basaron las condenas a cien años de prisión por el referéndum del 1-O en Cataluña. Se trataba en el fondo de derribar a un gobierno legítimo; entonces el gobierno de Carles Puigdemont y ahora el gobierno del PSOE y Podemos».
Entre paréntesis, no hubo condenas de cien años. Si se suman todas las condenas sí se llega a esa cifra, pero es como decir que los dirigentes condenados tienen una altura de 20 metros; entre todos, claro. Es un dato que no aporta nada.
Pilar Rahola, en La Vanguardia –La bronca-, cree que «la guerra desatada entre los poderes más reaccionarios, sólidamente instalados en tribunales, fiscalías, ministerios de interior y uniformes, y con una clara estrategia de involución, y los más progresistas, situados en el poder político, será descarnada y virulenta».
José Antich, en el Nacional –España y el pulso de los otros poderes– exclama: «Militares y jueces, jueces y militares, un cóctel explosivo de poder paralelo en una España desvertebrada territorialmente, deshilachada institucionalmente y arruinada económicamente».
Contra quien se ponga por delante
Un «estado profundo», por definición, no actúa por procedimientos legalmente establecidos, ni emite informes que son debatidos y rebatidos al día siguiente por cualquier comentarista, ni tiene representantes conocidos que pueden ser cesados por el gobierno; pero de lo que se trata es de presentar a los políticos independentistas como víctimas de una conspiración urdida en las «cloacas del estado«.
Ese mismo «estado profundo», esas «cloacas del estado2, ahora van a por Pedro Sánchez, hasta ayer presentado en estos mismos medios como un gobernante poco fiable que está aprovechando la pandemia para dar un giro autoritario y centralizador en perjuicio de las autonomías en general y de la catalana en particular.
¿Quién apuñalará a Sánchez?, se pregunta Jordi Barbeta en el Nacional. Y se contesta: «Los jueces y la Guardia Civil».
«Que la Guardia Civil pretenda alimentar la acusación al Gobierno -como siempre, procedente de un abogado de trayectoria turbia– de prevaricar por autorizar la manifestación feminista del 8 de marzo es una prueba fehaciente de la voluntad políticamente conspiradora de los mandos del cuerpo».
Prosigue Barbeta, retratando a los protagonistas. Diego Pérez de los Cobos «es un fascista de trayectoria inequívoca ( ) que, como hizo en Catalunya, actúa brutalmente, sin disimular nada». De la jueza Carmen Rodríguez Medel «se sabe que es nieta, hija y hermana de guardias civiles» y «todo el mundo daba por hecho que sería la nueva directora general» de la Guardia Civil. Y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que «condecoró y retribuyó generosamente a los policías y guardias civiles por las palizas a los catalanes que querían votar el 1 de octubre, ahora no se le ha ocurrido nada mejor que anunciar un aumento de sueldo generalizado que costará a los contribuyentes 247 millones de euros». ¡Palizas!
Pero será en vano porque «la bestia es insaciable. Primero los catalanes y después quien se ponga por delante».
Entre paréntesis, Barbeta se refiere a «un Partido Popular que votó no a la Constitución». No es cierto: «La Junta Nacional, en su reunión del 30 de octubre de 1978, emitió un comunicado pidiendo el sí. Al día siguiente se votaba en Pleno. ¿Qué votó su grupo parlamentario? Pues 9 votaron sí (entre ellos Fraga y López Rodó), 2 se abstuvieron (Licinio de la Fuente y un tal Álvaro de la Puerta) y 5 votaron en contra (entre ellos Federico Silva y Fernández de la Mora)» –Las dudas de Alianza Popular con la Constitución de 1978
El PSOE recoge ahora lo que sembró en octubre de 2017, insiste Pere Martí en Vilaweb.
«El problema es la existencia en España de una red de poder que hace y deshace al margen de los gobiernos, con el objetivo de conservar el poder y mantener la unidad del estado. El estado profundo que se mantiene desde el franquismo y que elimina a todo el que considera enemigo, con la connivencia de sectores judiciales, militares y policiales. Una trama que cuando tiene dificultades no duda en sacar la extrema derecha a la calle».
¿Pero qué pretende ese estado profundo, en estos momentos? «El objetivo ahora es que Podemos sea expulsado del gobierno español y el PSOE formalice un pacto de legislatura con Ciudadanos, o bien forzar elecciones anticipadas para que las gane el PP».
Y se lo tienen bien merecido: «El PSOE, y sobre todo Podemos, critican ahora ese estado profundo que les hace guerra sucia, pero si lo hubieran combatido cuando se manifestó contra el independentismo quizás la situación sería diferente».
La potencia de la calle
Vicent Partal, a propósito de todo esto, ve que «vamos entrando en una fase nueva y muy importante del proceso de independencia» -tan nueva y tan importante como dijo que eran todas las anteriores-, y cree -como siempre- que «ya basta de lamentaciones; hay que reaccionar de inmediato».
Seguidamente, nos presenta, para el debate independentista: cuatro constataciones y tres conclusiones. Y aún dice que «nunca, en toda mi vida, he intentado convencer a nadie».
Inventando su propia terminología geopolítica, distingue en Europa entre el centro y la periferia. Los del centro, como el Reino Unido, negocian para encontrar soluciones a la cuestión nacional, mientras que los de la periferia, como la Unión Soviética, Yugoslavia y España, prefieren autodestruirse debido a «la dinámica autoritaria que encienden en el momento en que se niegan a reconocer la existencia del problema». Pasemos por alto lo que tardó el Reino Unido en ponerse a negociar el asunto irlandés.
Según Partal, el proceso catalán tenía la intención de evolucionar «de la ley a la ley» y «proclamar la independencia siguiendo la vía de las naciones centrales», pero España, ay, reaccionó como un estado periférico, utilizando la represión. Un marciano que leyese esto preguntaría de inmediato por las matanzas y las deportaciones habidas en Cataluña.
Y así estamos. Sigue habiendo un gobierno independentista en la Generalitat, pero no importa: «Ya no tenemos instituciones equiparables a lo que teníamos y las puntas culminantes del movimiento ya llegan todas de la calle: la ocupación del aeropuerto, las Marchas de la Libertad, Urquinaona, la defensa persistente de los presos » Se refiere a las protestas patrocinadas por la administración autonómica y buena parte de la local contra la sentencia del jucio a los líderes independentistas, en octubre de 2019.
Se considera pues un éxito el haber dificultado los desplazamientos en Cataluña, con su secuela de destrozos y pintadas, siendo la mayoría de los perjudicados catalanes a los que se pretende liberar. Un éxito y, por lo tanto, un modelo a seguir en la «nueva fase».
Finalmente una advertencia, que los malpensados considerarán una amenaza: «Al haber negado la democracia [por no haber permitido el referéndum de 2017], España debe correr también con todas las consecuencias de haberlo hecho. Incluida una muy importante: si les da lo mismo la voluntad de la gente, entonces no hay ningún porcentaje que se nos pueda exigir. Y éste es un aviso con precedentes históricos muy serios: si no queréis que nos contemos, no será necesario que nos contemos».
Más claro no se puede decir que ya no importan los resultados electorales ni la representatividad de los líderes. Ante «la potència enorme que tiene la calle», que se quiten las instituciones, los procedimientos y el respeto a las minorías. Estamos advertidos.
