El juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, que investiga una presunta trama de corrupción vinculada al procés, se ha negado a ejercer de «censor«, tal y como le reclamaba el abogado de uno de los investigados, el controvertido Gonzalo Boye. Este representa en el caso a Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Carles Puigdemont en Barcelona, detenido a finales del pasado mes de octubre e investigado por presunta malversación de fondos vinculada a la participación de Puigdemont en la conferencia internacional Crans Montana en 2017.
La filtración a los medios del sumario del caso cuando ya había sido levantado el secreto llevó a Boye a pedir al juez la deducción de testimonio de particulares por la difusión en los medios de noticias vinculadas a Alay. El representante del jefe de la oficina de Puigdemont también había solicitado que se evitara la publicación de datos, fotografías o vídeos vinculados con la causa. Algo que ha denegado el juez Aguirre en un auto apelando a que no existe legislación que ampare esa petición. Además, ha añadido que el abogado no ha justificado «por qué el juez instructor habría de ejercer una función de censor que desapareció de España aproximadamente en 1976».
Boye, por su parte, ha mostrado su rechazo al auto en su cuenta de Twitter. Lo ha hecho en un mensaje en el que también ha criticado que la decisión judicial haya sido notificada a los medios antes que a él: «Si en lugar de notificárselo a la prensa me lo notifica a mí, igual hasta puedo recurrir».
El juez, por otro lado, considera que lo publicado hasta ahora no afecta a la vida íntima de los afectados pues están siendo investigados por delitos referentes a la corrupción «en un sentido amplio, es decir, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, etc». Por ello, recuerda que en semejante contexto, solo «deben ser excluidas» de la investigación «aquellas conversaciones referentes a convicciones religiosas o la vida familiar, las aficiones personales y semejantes, puesto que no guardan relación». Por el contrario, conversaciones entre algunos de los investigados, como es el caso del propio Alay o David Madí u Oriol Soler y relacionadas con trámites vinculados a la Generalitat y a algunos consistorios no pueden ser considerados vida íntima.
