Aunque la exclusión del castellano como lengua vehicular en la ley Celaá ha generado un amplio rechazo dentro del ámbito constitucionalista, entre el mundo nacionalista ha sido recibida como un triunfo en toda regla. Así, ayer, mientras ERC se felicitaba por haber «blindado» la inmersión, Plataforma per la Llengua aplaudía la enmienda e instaba a desplegar todas sus posibilidades.
En un comunicado, la autodenominada ONG del catalán —célebre por haber espiado la lengua de los alumnos en el patio o espoleado el señalamiento de los dependientes que utilizan el castellano—, celebra que la nueva ley de Educación incorpora la enmienda «propuesta por Plataforma per la Llengua que elimina la vehicularidad del castellano y permite a los gobiernos autonómicos adoptar las medidas necesarias para alcanzar la plena competencia comunicativa en catalán de todo el alumnado».
A pesar de ello, la entidad nacionalista —que ha recibido más de dos millones de euros en subvenciones desde 2016— alerta en su documento que, según sus propios datos, las proporciones de alumnos de Cataluña, la Comunidad Valenciana y las islas Baleares que no alcanza las competencias mínimas en catalán «son elevadas y superiores a quienes no las alcanzan en castellano en todos los territorios».
Extender la inmersión al recreo
Dada esta situación, la plataforma insta en el comunicado a los gobiernos catalán valenciano y balear a «tomar de manera inmediata todas las medidas efectivas y necesarias para garantizar la competencia de la lengua catalana en todo el alumnado, y por tanto, un esfuerzo profundo y renovador del programa de inmersión lingüística, que incluya ámbitos educativos como el patio, el comedor y las actividades extraescolares».
La RAE, preocupada
En el extremo opuesto, la Real Academia de la Lengua (RAE) ha manifestado su «preocupación» por que ley Celaá «no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna». A través de un comunicado, la RAE ha recordado que el español conforma una «comunidad cultura que integran cerca de 600 millones de personas» y que «más de 485 millones lo tienen como lengua materna». «Esta circunstancia convierte al español en un bien de valor incalculable», resalta la RAE, «y obliga a todos los Gobiernos, especialmente el de España a garantizar su conocimiento y libre utilización», ha remarcado la entidad.
