Todo apunta a que la vacuna contra el Coronavirus empezará a administrarse en España a principios de 2021. El fin a la pandemia mundial que ha arrasado más de 1,3 millones de vidas en todo el mundo (42.039 en nuestro país), ya es una realidad.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) autorizó, a mediados de agosto, el primer ensayo clínico en fase III para la vacuna de la compañía Janssen, de la multinacional Johnson&Johnson. Hoy, ya son 8 los hospitales españoles que están llevando a cabo el ensayo.
Todo parece ir sobre ruedas. Hace un par de semanas se hablaba la farmacéutica americana Pfizer como una de las principales esperanzas por la vacuna que ha desarrollado junto a la empresa de biotecnología alemana BioNTech. Hoy, después de saberse que su compuesto requiere unas condiciones de conservación por debajo de -70° C, es es Moderna, otra farmacéutica estadounidense, quien se coloca a la cabeza en el ranking de popularidad.
A principios de esta semana, el director técnico de Moderna, anunciaba un 94,5% de efectividad en su vacuna que, además, cuenta con la ventaja de poder conservarse en congeladores convencionales. En estos momentos, sostiene, se están terminando de apuntalar las negociaciones con Europa que podría recibir, en enero del próximo año, un total de 1,6 millones de dosis.
Sin embargo, algo falla.
Desconfianza y rechazo al medicamento
Si hay algo que se ha repetido en los informativos durante estos últimos días es la desconfianza que muchas personas reconocen tener ante una vacuna que se ha desarrollado en apenas unos meses, mientras, generalmente, estos compuestos suelen tardar años en salir adelante.
Encuesta de El LIberal
Este diario quiso comprobar si, efectivamente, existe desconfianza o resistencia a la vacunación contra el Coronavirus.
¿Por qué después de meses de confinamiento, muertes, restricciones de movilidad y crisis económica, la gente no quiere vacunarse? ¿Qué pasa si el número de voluntarios a la vacunación no es suficiente para conseguir una inmunidad colectiva? ¿Puede el gobierno obligar a sus ciudadanos a la vacunación?
Esta última pregunta fue la que lanzó El Liberal, a través de redes sociales, a varios municipios del Área Metropolitana de Barcelona. Estos son los resultados:
De los 1221 participantes, un 65% (793) manifestó estar convencido de que el gobierno no puede obligar, de ninguna manera, a la vacunación. Por el contrario, 259 creen que debería ser obligatoria. Sin embargo, lo más llamativo ha sido la cantidad de personas que asegura que solo se vacunarán después de que lo haga toda la cúpula política de este país.
«El 65% de participantes cree que no puede ni debe obligarse a la vacunación»
¿Hay en España una base legal para obligar a la vacunación?
Existen diferentes leyes y artículos de la Constitución Española (CE), que podrían contener alguna rspuesta a esta pregunta a pesar de que, tal como publicó hace unos días Onda Cero, «el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) explica que su ordenamiento no incorpora explícitamente el deber de vacunación y nadie puede, en principio, ser obligado a vacunarse. Por tanto, en España, salvo en situaciones excepcionales, las autoridades no obligan a ponerse ninguna vacuna. Es decir, son de carácter voluntario».
Aun así, hay algunos artículos de la CE y otros textos legales que podrían dotar de una «cierta capacidad» al gobierno para establecer la obligación devacunarse.
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de estados de alarma, excepción y sitio, que en su art. 12 dice que “la autoridad competente podrá adoptar por sí, según los casos, además de las medidas previstas en los artículos anteriores, las establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas«.
Ley orgánica 3/1986 de medidas especiales para la salud pública, que señala que «las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad».
Entonces ¿Se puede o no obligar en un caso excepcional?
Para dar respuesta a la pregunta, hablamos con Josu de Miguel Bárcena, profesor de derecho constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que nos explicó lo siguiente:
«Estamos ante un asunto muy complejo, ya que este supuesto tiene algunos problemas constitucionales. El art. 43 de la CE encomienda a los poderes públicos proteger la salud pública y el art. 30.4 CE habla de deberes de los ciudadanos en caso de calamidad pública».
«El art. 43 de la CE encomienda a los poderes públicos proteger la salud pública y el art. 30.4 CE habla de deberes de los ciudadanos en caso de calamidad pública»
«A partir de ahí, y teniendo en cuenta el Estado de Alarma (que permite una incidencia más profunda en Derechos Fundamentales (DDFF), podría llegar a regularse la obligación de vacunarse aunque, entiendo que, no de manera general».
¿Cómo se podría regular?
De Miguel cuenta que el Tribunal Constitucional (TC) señala que esto sería una especie de intervención corporal, por lo que es necesario previsión legislativa, principio de proporcionalidad y, quizá, autorización judicial, por lo que considera, que solo sería necesaria en casos extremos. Ya se vio con el sarampión en Murcia hace unos años, añade.
«La previsión legislativa sería específica porque, si no me equivoco, no vale la Ley de 1986 de Emergencias Sanitarias, tal y cómo está. Si ello es así, es porque tenemos el art. 15 CE (derecho a la integridad física) y la Ley de autonomía del paciente, que permite el rechazo del tratamiento, como sería el caso».
Después de revisar la consulta con detenimiento, el profesor sostiene que todo lo dicho opera en el vacío, porque puedes implantar una vacunación obligatoria pero, entonces, su no cumplimiento debería tener alguna consecuencia. «¿Cuál seria?, se pregunta, ¿sanción económica?, ¿imposibilidad de entrada en espacios públicos de la administración? ¿vacunación por vía compulsiva?. Todo, -sobre todo esta última-, parecen malas ideas.
«Por todo lo dicho, considero que la vacunación obligatoria es mala idea. Poco probable porque no habrá para todos. Con resultado adverso porque, como sabes, en tiempos críticos, sube el nivel de conspiranoia … lo que reforzaría a los antivacunas. Por ello, entiendo mejor una labor de publicidad, explicación, transparencia, campañas … mejor, que obligar por ley».
«La vacunación obligatoria es mala idea. Poco probable porque no habrá para todos. Con resultado adverso porque en tiempos críticos sube el nivel de conspiranoia, lo que reforzaría a los antivacunas»
Josu de Miguel Bárcena
Insisto, claro, que no es imposible. Se puede obligar vacunar a niños con la prohibición de acceso a escuela. No es lo mejor, pero … en todo caso, es un asunto complejísimo, que pone las costuras constitucionales al límite.
Negacionismo
Hay quienes, desde el principio, han insistido en que esta pandemia es una pantomima del gobierno, «una simple gripe exagerada a la máxima potencia». Hemos visto a diversos colectivos quejarse de la imposición del uso de la mascarilla, del confinamiento obligatorio, de las restricciones de movilidad posteriores y, como no, también de la vacuna.
Médicos por la verdad es una de las asociaciones que han denunciado incansablemente lo que aseguran es «manipulación gubernamental y terrorismo informativo». Este medio intentó, sin éxito, contactar con la doctora Natalia Prego, miembro de esta asociación que, en su día, fue protagonista de unas declaraciones que ponían en entredicho la versión gubernamental acerca del virus. En esta ocasión, ha sido la doctora María José Martínez Albarracín quien ha dado un paso al frente para cuestionar la efectividad y seguridad de la vacuna.
Otro colectivo que se manifestó el pasado 8 de noviembre en el centro de Madrid para mostrar su rechazo a la imposición de las mascarillas, a la gestión del gobierno y la inminente vacuna fue la plataforma Policías Por la Libertad. Tampoco, en este caso, Sonia Vescovacci, Policía Nacional y cara visible del grupo en las redes sociales, ha contestado a la invitación de El Liberal para ofrecer en este reportaje, su punto de vista.
No hay obligación legal pero ¿hay obligación moral de vacunarse?
Según se desprende de una publicación de Mayo Clínic (líder mundial de atención médica, investigación y educación, sin fines de lucro), la inmunidad colectiva -en este caso, contra la COVID-19-, «ocurre cuando una gran parte de la comunidad se vuelve inmune a una enfermedad, haciendo que sea poco probable la transmisión de persona a persona. Como resultado, toda la comunidad tiene protección, no solo los que sean inmunes».
¿Qué porcentaje de personas inmunes se necesita para conseguir una inmunidad colectiva?
«Esto varía según la enfermedad. Cuanto más contagiosa sea, más alta debe ser la proporción de población que necesita ser inmune para detener la transmisión. Por ejemplo, el sarampión es una enfermedad muy contagiosa. Se calcula que el 94 % de la población debe ser inmune para interrumpir la cadena de contagio».
Miedo a posibles efectos adversos
El miedo a lo desconocido, y más, tratándose de una «intervención corporal», como manifiesta Josu de Miguel, es algo lógico.
Muchas personas (tal como se ha comentado al principio de este reportaje), declaraban en la encuesta que si alguien debe vacunarse en primer lugar, son los políticos de este país. «Primero que se pinchen ellos y a ver qué pasa» o «igual que fueron los primeros en acceder al PCR, que sean los primeros en probar la vacuna».
«Primero que se pinchen los políticos y a ver qué pasa. Igual que fueron los primeros en acceder al PCR, que sean los primeros en probar la vacuna»
Respuestas a la encuesta de El Liberal
La política mancha a la ciencia
Después de leer todas y cada una de las respuestas, queda claro que parte del miedo a la vacuna va asociado al descontento sobre la gestión del gobierno en esta crisis sanitaria. Las manifestaciones que nunca debieron permitirse, la falta de previsión y provisión de EPI para el personal sanitario o la poca transparencia con la que se ha llevado la situación, son motivos suficientes, según muchas personas, para pensar que detrás de la vacuna también existe un cierto interés político.
Cuestión de solidaridad
Para María Mercedes Jiménez Sarmiento, Bioquímica de Sistemas de la división bacteriana y científica titular del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CSIC), «la obligación es moral ya que, si la vacunación no es general, poco se avanza para erradicar la enfermedad».
«Con la vacunación nos protegemos nosotros, sostiene Sarmiento, pero también protegemos a los demás. Es solidaridad».
M. Mercedes Jiménez Sarmiento
¿Qué diría a quienes ponen en duda la garantía de seguridad de la vacuna, por el tiempo récord en que se ha conseguido? ¿A qué se debe este ahorro de tiempo?
Las vacunas son los medicamentos más seguros. La aprobación de todo medicamento cuenta con unas fases o pasos de investigación preclínica (en laboratorio y animales de experimentación) y clínica (tres fases con individuos sanos hasta llegar a 30.000-40.000 personas), en las que es imprescindible demostrar que son seguras (sin efectos secundarios) y eficaces (otorgan protección). La seguridad debe ser demostrada desde las fases preclínicas en las que se utilizan dosis muy altas.
Si muestran efectos tóxicos al principio, en cultivos o animales, no pasan a ninguna fase clínica en humanos y las vacunas son aun más seguras, porque se desarrollan para administrarlas a toda la población. Han salvado millones de vidas desde su implantación gracias a que las campañas de vacunación se realizan extensivamente a toda la sociedad.
«Vacunar a unos pocos no sirve para erradicar la enfermedad«
La aprobación de una vacuna lleva consigo unas normas reguladoras muy exigentes por parte de las autoridades sanitarias de la OMS, LaAgencia europea del medicamento (EMA) y la Agencia española (AEMPS). Entre esas normas, se exige la publicación de resultados en revistas científicas, revisadas por científicos independientes a los que desarrollan la vacuna. Esto es muy importante. Si no se cumplen esas normas, no hay aprobación.
«La aprobación de una vacuna lleva consigo unas normas reguladoras muy exigentes por parte de las autoridades sanitarias de la OMS, LaAgencia europea del medicamento (EMA) y la Agencia española (AEMPS).
M. Mercedes Jiménez Sarmiento
Estamos ante una situación de emergencia. Una vacuna tarda unos 10 años en aprobarse, efectivamente, pero la enorme inversión económica y de recursos humanos a la que estamos asistiendo, ha hecho que esos plazos se acorten muchísimo.
La mayoría de las compañías y laboratorios participantes en los más de 200 desarrollos de vacunas que están en marcha, ya eran especialistas en vacunas o en las tecnologías que están utilizando.
Otra razón para acortar los plazos, es que ya se están fabricando millones de dosis, incluso antes de ser aprobadas, para tenerlas listas para su distribución pero siempre que se aprueben por las autoridades reguladoras.
En ningún caso se van a traspasar límites que impliquen falta de seguridad o de efectividad. Para eso están las autoridades reguladoras que no se guían por el contenido de notas de prensa de las compañías, sino que están para garantizar la salud de la población mundial.
«En ningún caso se van a traspasar límites que impliquen falta de seguridad o de efectividad. Para eso están las autoridades reguladoras»
M. Mercedes Sarmiento
¿Cómo se puede garantizar que no habrá efectos secundarios a largo plazo?
Los efectos secundarios pueden aparecer, a pesar de ser probadas en miles de individuos, porque al vacunar a millones de personas no se puede garantizar la ausencia total. La respuesta inmune depende de cada individuo.
En la fase 3 (vacunación de decenas de miles de individuos de distinta raza, sexo, edad, muestras lo más heterogéneas posibles) se observa ya si hay efectos secundarios con muy poca incidencia (éstos se presentan, a veces, cuando se vacuna a millones de personas). También hay otro control imprescindible, denominado doble ciengo. La mitad de esa muestra se les inocula, de forma anónima y sin saber lo que están inyectando, la vacuna y a la otra mitad placebo (generalmente suero fisiológico que no tiene efecto) y bajo control médico periódico se les deja que sigan su vida normal.
Cuando alguna de estas personas se infecta, se analiza si pertenece a individuos vacunados (en este caso la vacuna no funcionaría) o a individuos con placebo. El contenido de las notas de prensa aluden a este hecho, más del 90% de los individuos que se han infectado pertenecen al grupo del placebo por lo que se traduce en protección de los que han sido vacunados.
La vacunación (y la enfermedad), depende del estado de cada individuo, pero el seguimiento va a seguir existiendo. Esta es, la denominada fase 4, que prosigue después de su autorización.
¿Cree que hay una obligación moral?
La obligación es moral. Si la vacunación no es general, poco se avanza para erradicar la enfermedad ya que con ella, nos protegemos nosotros, pero también protegemos a los demás. Es solidaridad.
Aunque la vacuna no sea obligatoria, sí podría serlo para acceder a distintos servicios como guardería, escuela, transportes, etc, igual que lo es presentar la cartilla de vacunación para campamentos infantiles, actividades juveniles, reconocimientos médicos en trabajos o carnet de conducir, etc.
Sería necesario convencer a las personas de la vacunación voluntaria, por todos estos motivos. Son seguras, nos van a proteger, vamos a proteger al resto de personas, a las personas más vulnerables, evitar más fallecimientos y colapsos del sistema sanitario y podremos acceder a nuestras costumbres anteriores y a nuestra forma de vida anterior, más rápidamente.
