El secretariado nacional de la ANC ha aprobado el decálogo de principios de acción política institucional que ha de servirles para «examinar y valorar las propuestas de los partidos independentistas antes y después de las elecciones» del próximo 14 de febrero.
La ANC se define como «un organismo popular que acoge alrededor de 80.000 personas de todos los rincones de la sociedad catalana» y «la organización de la sociedad civil más influyente de Cataluña en el ámbito político-cultural». Si bien el concepto de sociedad civil se presta a controversias académicas, en principio una organización que persigue objetivos políticos es lo que se suele llamar un partido político.
Sin embargo, dado que la ANC no quiere competir por el momento en el mercado electoral pero sí influir en él, es más bien un lobby, un grupo de presión, es decir, según el diccionario de la Academia: «un conjunto de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una organización, esfera o actividad social». Los miembros de la ANC, decididos a «conseguir la independencia de Cataluña de un modo totalmente pacífico y democrático», quieren mantener en el debate político catalán la independencia como objetivo prioritario, y orientar a los electores para que voten en función del mismo.
¿Cuánto puede pesar el posicionamiento de la ANC en la política catalana? En las últimas elecciones al secretariado nacional, el pasado junio, votaron «8.876 miembros de pleno derecho (…), un 19,73% del censo total»: estos son los datos definitivos que ofrece la misma ANC. De ellos se deduce que esta organización cuenta con casi 45.000 militantes o afiliados —lejos de los 80.000 mencionados en otro lugar—, y que su interés por la democracia interna es más bien escaso, puesto que la participación no llegó al 20%.
Qué duda cabe que la influencia de un lobby en la opinión pública va más allá del círculo de militantes activos y hay que medirla por su presencia en los medios de comunicación, pero no es arriesgado pensar que, ante un censo de cinco millones y medio de electores, los partidos prestarán una atención muy relativa a sus exigencias. En cualquier caso, el marco mental del independentismo irredento queda definido en este prolijo decálogo.
Menos policía, más espionaje
Se observan en él dos características principales: el legitimismo, republicano por supuesto, y la subversión.
Consideran vigente el mandato del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la consiguiente declaración de independencia del día 27, hasta el punto que ningún resultado electoral adverso a la independencia ha de ser interpretado como una revocación de aquél.
Para que quede claro: «Si bien el 50% + 1 de los votos independentistas legitimaría aún más el mandato del referéndum del Primero de octubre, este último, por sí solo, obliga a las instituciones a hacer efectiva la independencia.»
Además, un pequeño juego de prestidigitación electoral para leer los resultados en clave de referéndum: «Para saber si hemos alcanzado la meta del 50% + 1 de votos se tendrán en cuenta los votos recibidos por todas las fuerzas políticas independentistas, hayan obtenido representación parlamentaria o no.» El paso siguiente será sumar a los que ni siquiera se han presentado.
En cuanto a la subversión, no necesita mucho esfuerzo de interpretación esta frase: «Hay que apostar por la acción unilateral, ya que está demostrado reiteradamente que no hemos obtenido ningún rédito de ningún tipo de negociación con instituciones, partidos, entidades o cualquier otro ente del Estado español». Si no hay nada de qué hablar, ¿cómo puede el presidente de la Generalitat seguir siendo el «representante ordinario del Estado en Cataluña»?
¿Y cómo puede la desobediencia orientar la actuación de una administración? «Poner en marcha las acciones necesarias para revocar por la vía de los hechos (…) las leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña y vetadas por los poderes españoles.» ¡Por la vía de los hechos!
También está la licencia para delinquir si se puede argumentar que se ha hecho en nombre de la causa: «La Generalitat se retirará de la acusación particular en los procesos judiciales contra ciudadanos acusados de participar en protestas en defensa de los derechos fundamentales y de los derechos nacionales de Cataluña, y renunciará a personarse en un futuro.»
La policía catalana está amenazada: «Reestructurar, renovar y, si es necesario, depurar el Cuerpo de Mossos», con especial atención a la Brimo, que «se ha mostrado de manera reiterada con un talante autoritario y con numerosas actitudes y actuaciones personales claramente fascistas y discriminatorias».
También proponen crear la «Agencia Nacional de Inteligencia de Cataluña», como si el Estado no tuviera la competencia exclusiva en materia de defensa y relaciones internacionales. Se deberá crear también por la vía de los hechos.
En definitiva, el programa marco de la ANC es más de lo mismo, como si nada hubiera pasado. Los partidos independentistas no van a cuestionarlo públicamente, porque al fin y al cabo la ANC es una criatura suya. Luego, a la hora de gobernar, ya se verá.
