La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) celebrará este lunes el primer debate que marcará el inicio formal del procedimiento para responder a los suplicatorios cursados por el Tribunal Supremo (TS) para levantar la inmunidad parlamentaria del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, los tres actualmente eurodiputados de JxCat.
El debate servirá para iniciar un procedimiento que se activó en enero, pero que las restricciones por el coronavirus obligaron a aparcar, y que se ha podido relanzar tras contar con el aval de los servicios legales para celebrar las sesiones por vía telemática.
En los tres expedientes, el encargado de redactar el informe que recogerá la opinión de la comisión parlamentaria, que en última instancia se someterá a la votación del pleno, es el conservador búlgaro Angel Dzhambazki, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). El reparto de los ponentes encargados de cada suplicatorio se realiza por turnos entre los distintos grupos parlamentarios y, en esta ocasión, la responsabilidad recaerá sobre un diputado que comparte grupo con la delegación de Vox, pero también con los nacionalistas flamencos de la N-VA.
Precisamente, fuentes jurídicas del equipo de Puigdemont, Comín y Ponsatí cuestionan que se haya designado un solo ponente para los tres eurodiputados porque el reglamento recoge que debe haber un ponente «para cada expediente de inmunidad», así como las implicaciones políticas y jurídicas que conlleva que sea un diputado que comparta grupo con Vox.
‘Fumus persecutionis’
Las reglas de la Eurocámara permiten rechazar un suplicatorio si se da un caso de ‘fumus persecutionis’, es decir, cuando se concluye que la intención de la petición es «perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución». La base de la defensa del equipo jurídico de Puigdemont, Comín y Ponsatí consistirá en argumentar que hay «persecución política» (fumus persecutionis) y que, como consecuencia, se quiere impedir que ejerzan de eurodiputados.
También pondrán sobre la mesa que el Tribunal Supremo (TS) «no es un órgano competente» en todo ello, y que no se puede acusar a los tres eurodiputados de hechos que en otros países de Europa no existen o no son delito, y recuerdan que hay precedentes en este punto.
Por su parte el suplicatorio se basa en que los hechos fueron anteriores a su condición de eurodiputados y que los ahora eurodiputados atentaron contra la unidad territorial de un estado miembro y transgredieron las normas constitucionales y estatutarias.