El Gobierno ha aprobado este viernes en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso el dictamen de la Ponencia sobre la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como ‘Ley Celaá’, con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País. La representante de EH Bildu, se ha ausentado de la sala antes de terminar la sesión, mientras que PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra.
El apoyo conseguido este viernes en la comisión, no sería suficiente para el Ejecutivo en el Pleno del Congreso de la próxima semana, en donde el dictamen será de nuevo debatido y deberá ser ratificado por mayoría absoluta (176 diputados), ya que se trata de una reforma de una ley orgánica, y continuar su tramitación en el Senado.
El dictamen recoge algunas de las enmiendas aprobadas en las últimas semanas y que han generado fuertes críticas entre la oposición, como es el caso de la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en educación, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares, cuestión que ha suscitado una gran polémica. De hecho, PP, Cs y Vox ya han anunciado que llevarán esta Ley al Tribunal Constitucional (TC) si es apoyada por la mayoría absoluta de la Cámara baja.
El texto también incluye: el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la «excepcionalidad» de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.
Discrepancia entre PSOE y Podemos por la ética
A pesar del acuerdo de Gobierno, Unidas Podemos ha mantenido vivas numerosas enmiendas que tenían que ver con la bajada de ratios por aula, ampliación de oferta de plazas públicas, la empatía animal en el currículum, así como el mantenimiento en 4º de Eso de la materia de ética, que la LOMLOE relega a los dos cursos de Bachillerato. En esta última, los morados esperaban el apoyo del PP ya que los ‘populares’ tenían una medida similar entre sus propuestas. La portavoz del PP en esta materia, Elena Castillo, ha pedido a su homólogo de Podemos, Javier Sánchez Serna un ‘quid pro quo’ con ambas enmiendas, pero, finalmente, no han llegado a un acuerdo y la iniciativa no ha prosperado.
En cuanto al debate, las críticas a la ley han llegado principalmente de PP, Vox y Ciudadanos, que se han centrado en los temas más polémicos que se han hecho públicos desde que se conoce el contenido de la LOMLOE o los acuerdos a los que se ha llegado en su tramitación: la inmersión lingüística, la repetición de curso y la situación de la concertada y de los colegios especiales o la Alta Inspección Educativa.
La diputada del PP Sandra Moneo ha acusado al PSOE de no haber buscado el acuerdo y de ser «el peor enemigo de la educación» a través de una ley que «ataca la libertad frontalmente y la calidad del sistema». La portavoz de Educación ‘popular’ ha lamentado que el texto hable de «inclusión» sin tener en cuenta la «equidad» y que por ejemplo, no distinga entre las necesidades de los menores con diferentes discapacidades. «Con sus medidas hundirán al más débil», ha advertido.
Una ley de «dudosa garantía democrática»
Para Vox, esta norma es «un entreguismo a quienes quieren romper España», según la ha definido su portavoz en esta materia, Joaquín Robles López. Su compañera Georgina Trías, por su parte, ha criticado la falta de libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y ha advertido al Ejecutivo que cuando el TC se pronuncie «tendrán que implantar el ‘pin parental'» de Vox para cumplir con ste derecho.
Muy crítica ha sido también la representante de Ciudadanos, Marta Martín, quien ha calificado la ley como una «vergüenza» y considera que es de «dudosa garantía democrática». La diputada también ha criticado el «trampantojo» de las repeticiones, y ha recriminado al PSOE sus propuestas sobre la Alta Inspección Educativa que, a su juicio, no son «democráticas». La diputada ha ofrecido a los socialistas, durante la sesión, un «acuerdo de mínimos», pero que «se ajusta a las sentencias del Constitucional» en este sentido, y que determina que en aquellas comunidades en las que se ha sometido a los alumnos a la inmersión lingüística tengan, al menos, el 25% de enseñanza en castellano. La propuesta ha sido rechazada.
La norma tampoco ha gustado al diputado de Navarra Suma Sergio Sayas, para quien esta ley se ha tramitado con «escaso carácter democrático» y «totalmente de espaldas al sector de educación». A su juicio, es un «castigo» a la escuela concertada, «anula» la educación diferenciada, algo «claramente inconstitucional», y con ella «va a ser difícil» poder estudiar en español en algunas comunidades.