El reciente pacto entre el Gobierno de coalición y ERC para eliminar la referencia al castellano como lengua vehicular de la nueva ley Educativa ha suscitado un gran rechazo en gran parte del constitucionalismo, especialmente en el de ámbito catalán. Tanto las fuerzas contrarias al nacionalismo del Parlament—a excepción del PSC— como entidades como Sociedad Civil Catalana (SCC) y Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) han interpretado el blindaje al monolingüismo vehicular como un misil en la línea de flotación de la Cataluña constitucionalista. Así, mientras PP y Cs recurrirán ante el TC la enmienda por estimarla anticonstitucional —y los segundos exigen su retirada para aprobar los presupuestos—, las asociaciones citadas no descartan movilizaciones en la calle para denunciar este «retroceso histórico de los derechos civiles».
Por lo que respecta al conjunto de la ciudadanía catalana, es difícil precisar cuál es su postura con respecto al reforzamiento de la inmersión obligatoria en catalán. Sobre todo, porque el Centro de Opinión de la Generalitat (CEO) nunca ha preguntado a la ciudadanía por sus preferencias en torno a la lengua escolar. Sin embargo, sí sabemos que, según un encuesta llevada a cabo por SCC en 2016, solo un 14% defiende el modelo de inmersión actual, decantándose la mayoría por una enseñanza trilingüe en catalán, castellano e inglés «a partes iguales». A tenor de estos resultados, es plausible considerar que la supresión del español como lengua vehicular no contaría con el aval de la mayoría de los ciudadanos catalanes.
Pero, ¿cuál es la opinión de los expertos sobre la controvertida enmienda y del modelo de inmersión en sí? «Considero que la enmienda no tendrá efectos legales en la práctica porque la jurisprudencia del TC y TS al respecto es clara: el castellano es legalmente lengua vehicular tanto si se cita explícitamente como si no en la ley», explica el lingüista y profesor de lengua y literatura españolas, Javier Pérez López.
«La ley se está incumpliendo, los derechos lingüísticos se violan y, en lugar de liderar la defensa del Estado de derecho, el Gobierno desinforma y desampara»
Javier Pérez López
Ahora bien, según este lingüista, que el castellano tenga el rango de lengua vehicular legalmente porque así lo amparan los tribunales no quiere decir que la ley se cumpla, «como se ha venido incumpliendo a lo largo de todos estos años». Prueba de ello son las reiteradas sentencias que obligan a la Generalitat a impartir al menos un 25% de clases en castellano «cuando alguna familia tiene el arrojo de demandar a la Administración». «Sobre lo que sí nos habla la enmienda aprobada», señala, «es de la relación del Gobierno con los derechos civiles cuando estos colisionan con sus intereses. La ley se está incumpliendo, los derechos lingüísticos se violan y, en lugar de liderar la defensa del Estado de derecho, el Gobierno desinforma y desampara».
Menos crítico con la enmienda se muestra el doctor en Filología catalana y autor de libro Liberalisme i normalització lingüística (1997), Albert Branchadell, para él que solo supone un retorno a la situación anterior a la LOMCE. «En ninguna Ley de educación, desde la Transición hasta Wert, había constado el carácter del castellano como lengua vehicular», recuerda Branchadell.
En cualquier caso, juzga que hay que distinguir con cuidado entre la eliminación de esta referencia en la Ley y la «supresión» del castellano como lengua vehicular. «El castellano seguirá siendo una lengua vehicular posible en todas las comunidades después de la aprobación de la enmienda. Sin ir más lejos, en Cataluña las autoridades educativas seguirán incluyendo en las instrucciones que envían cada año a los centros la posibilidad de impartir contenidos curriculares en castellano, una posibilidad que salió reforzada en el documento del consejero de Educación de la Generalitat», sostiene.
«El foco debe ponerse en los objetivos del sistema educativo en lugar de hacerlo en el reparto de lenguas vehiculares»
Albert Branchadell
Por su parte, Mercè Vilarrubias, autora de Por una ley de lenguas (Deusto, 2019), pone el acento en el carácter político del asunto. «Estamos frente a un planteamiento de intereses. A Esquerra le interesa decir que ha blindado la inmersión para marcar perfil nacionalista en su lucha con JxCAT, mientras que para Podemos es una forma de que Cs no apruebe los presupuestos. Todo esto es muy lamentable, porque los partidos están utilizando políticamente una cuestión muy importante», afirma. No en vano, advierte de que desde un punto de vista legal, la supresión puede tener consecuencias notables: «No olvidemos que se trata de un Ley orgánica».
De otro lado, ante el debate suscitado estos días en torno a la inmersión, no han sido pocas las voces que desde la izquierda han defendido el sistema aseverando que éste promueve la igualdad de oportunidades. Según Vilarrubias, «tenemos el problema de que la izquierda piensa que defendiendo el nacionalismo lingüístico defienden la diversidad y lo progresista». Esto ocurre, a su juicio, porque existe el miedo en la izquierda de que «las críticas al nacionalismo les suponga ser tachados de fachas o españolistas», con lo que «intentan ir sobre seguro». «Tendrían que cambiar los términos del debate. Que éste fuese constructivo y hubiera verdadera voluntad de entendimiento. Lamentablemente, no hablamos de lenguas, hablamos de política», sentencia.
«El problema es que la izquierda piensa que defendiendo el nacionalismo lingüístico defiende la diversidad y lo progresista»
Mercè Vilarrubias
Branchadell, por su lado, destaca que «lo que promueve la igualdad de oportunidades es la competencia de las personas en las dos lenguas oficiales. El llamado bilingüismo terminal es un objetivo que comparten todos los partidos políticos en Cataluña y que quedará inscrito en la reforma de la Ley de Educación. Mientras la inmersión no ponga en riesgo ese objetivo, la inmersión es un sistema aceptable aunque no sea el único posible». En todo caso, a su parecer, el foco debe ponerse en los «objetivos del sistema educativo en lugar de hacerlo en el reparto de lenguas vehiculares».
En cambio, para Pérez López, la supuesta igualdad de oportunidades que garantiza el statu quo monolingüe es «uno de los muchos mantras y falacias que envuelven un debate tan enmarañado como este». «Es obvio», argumenta, «que el hecho de que los niños de familias hispanohablantes aprendan a hablar catalán los prepara mejor para vivir en una sociedad bilingüe como la catalana. Sin embargo, suponer que para aprender catalán uno deba recibir toda su educación únicamente en catalán, que para ello se ha de abrazar el monolingüismo vehicular, es una falsedad».
Y es que, en su opinión, el monolingüismo vehicular «enseña intolerancia» en una sociedad bilingüe mientras el bilingüismo vehicular «enseña a compartir, a convivir, a ponerse en lugar del otro». «En pocas palabras: el statu quo no responde a criterios pedagógicos, sino a un proyecto de national building», concluye.
