El activismo separatista pierde fuelle a falta de liderazgos, sin el apoyo del Govern y acosado por la acción de la Justicia

El activismo separatista más radical se estrenó ante los catalanes con motivo del referéndum ilegal del 1-O. Fue entonces cuando se dieron a conocer organizaciones como los Comités de Defensa de la República (CDR), que, junto a otros grupos, tuvieron su papel más estelar en las violentas algaradas con las que el separatismo respondió a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés, en 2019. Un año más tarde, poco queda de aquellas organizaciones que, a lo largo de un semana, convirtieron Barcelona en escenario de una dura batalla campal, destrozando mobiliario urbano, quemando contenedores y arrasando con las terrazas e instalaciones de numerosos establecimientos.

Uno de los motivos de este parón tiene mucho que ver con la falta de un liderazgo claro. Así lo expresan algunos de estos grupos en sus canales de comunicación en redes sociales. El controvertido Tsunami Democràtic, dirigido, según se desprende de la información del caso Volhov, por personas estrechamente vinculadas a JxCat y ERC, dejó de dar órdenes en diciembre del año pasado y, por intereses meramente electoralistas, no actuó en una ocasión tan idónea como lo fue la inhabilitación del ex presidente Quim Torra.

Grupos como Desobediència Civil admiten que fue Tsunami Democràtic el que propició «la vía de acción más contundente que se ha vivido en Cataluña y el movimiento de jóvenes y mayores que acabó suponiendo». Sin embargo, la desaparición de esta organización ha supuesto que «falte de nuevo empoderamiento y preparación para actuar con objetivos claros para volver a tener fuerza suficiente para obligar a negociar y/o imponer la autodeterminación catalana».

Con la vista puesta en las próximas elecciones

En cualquiera de estos grupos es una constante la crítica a la falta de unidad y de dirección. Todos aseguran querer tomar las calles y forzar una declaración de independencia. Sin embargo, las acciones que han organizado en los últimos meses no han tenido el resultado esperado. Sorprende que ninguno de ellos apele a la pandemia del COVID-19 como excusa para el fracaso. Dirigen más sus críticas hacia los partidos separatistas y el Govern, que, al contrario de lo que sucedió en 2017 y en 2019, no se muestra colaborador en estos momentos. Y, además, actúa como acusación particular en los numerosos procedimientos judiciales abiertos contra muchos de estos activistas por su protestas violentas.

«Busquemos puntos de encuentro entre las fuerzas independentistas, fuerzas políticas, entidades, asociaciones, personas individuales», reclaman desde Donec Perficiam, «creemos firmemente que el próximo 14-F [día en el que se celebrarán las elecciones autonómicas] puede ser una de las últimas oportunidades que tenemos de hacer efectiva la república catalana».

Irlanda y las repúblicas bálticas como ejemplos

«España no ha permitido que fundemos nuestra república independiente«, lamentan desde Desobediència Civil, «nosotros no hemos sido capaces de imponerla». Acusan al Estado de «encarcelar a líderes políticos y sociedad civil» y de «perseguir, represaliar y censurar toda disidencia independentista». Admiten, además, que las vías que pensaron que les llevarían al éxito «han sido insuficientes» y, con el fin de «solucionarlo», dirigen su vista hacia otras formas de lograr la independencia, poniendo como ejemplo los violentos casos de «India, Irlanda, Lituania, Estonia y Letonia«.

Otros como La Partida Final se muestran «hartos de mentiras» y arremeten contra los medios que analizan sus acciones, además de contra España asegurando que es «un estado fascista, un estado podrido, un estado represor» que actúa «contra el pueblo catalán». Conscientes de que las últimas acciones separatistas han sido un fracaso, intentan animar a los activistas con frases grandilocuentes y aseguran «no querer políticos». «Te necesitamos», dicen en su canal de Telegram, «para que seas una pieza más de esta partida, te necesitamos para poder cambiar las cosas, te necesitamos para construir un futuro digno para la clase trabajadora». Su mensaje concluye con apelaciones a los «compañeros caídos» y ánimos para «tomar su herencia» y organizarse «para vencer».

La doble vara de medir separatista

Con las revueltas de octubre de 2019 como objetivo y habiendo participado en las últimas manifestaciones contra la gestión del COVID-19 en Cataluña, sorprende, por otro lado, la contundencia con la que estos grupos han respondido a las pintadas que hicieron manifestantes del sector de la restauración y la hostelería sobre el Palau de la Generalitat el pasado fin de semana. En Desobediéncia Civil, aseguran que se trata de «un ataque sin precedentes al máximo órgano de gobierno de Cataluña, así como representante del voto de los ciudadanos y ciudadanas del país». Culpan a la extrema derecha de este acto y, echando mano del republicanismo de la Guerra Civil en Madrid, les advierten: «No pasaréis».

En esta postura sí coinciden con el Govern, que también se ha mostrado contundente a la hora de condenar los hechos. Nada que ver con la acción de la Generalitat cuando, en octubre de 2019, el vandalismo separatista destrozó el centro de Barcelona, llegando, incluso, a levantar buena parte del asfalto para sacar los adoquines con los que atacaron a los Mossos y a la Policía Nacional. «El Govern será implacable contra las algaradas y contra el acoso a comercios de la ciudad», ha dicho la portavoz del Ejecutivo ahora presidido por Pere Aragonés, «seremos implacables contra estas actitudes violentas».

Está claro que la guerra abierta entre JxCat y ERC ha influido en la pérdida de protagonismo de estos grupos. Lo mismo ha sucedido con la cada vez menos influyente Assemblea Nacional Catalana (ANC). Resulta difícil hoy en día pensar en que estas entidades radicales vuelvan a tomar las calles con éxito. Al final, la realidad ha acabado por imponerse y quienes podrían liderar las revueltas son conscientes de que, con la ley en la mano, el Estado tiene las de ganar. La cárcel, las inhabilitaciones y las multas se han mostrado, finalmente, como las mejores herramientas contra quienes pensaron que estaban por encima de la ley.