El pasado mes de abril, en pleno confinamiento domiciliario, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciaba la revisión de «los instrumentos legales necesarios» para intentar hacer frente a los bulos en las redes sociales. El objetivo era, dijo, «impedir que se vayan de rositas aquellos que contaminan la opinión pública«. Con otras palabras expresó una idea similar el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, cuando en el mismo mes admitió que uno de los objetivos de este cuerpo era «minimizar el clima contra la gestión del Gobierno en la crisis«. Ahora, y vía Boletín Oficial del Estado, conocemos que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha puesto en marcha, a través del Consejo de Seguridad Nacional, la llamada «Comisión Permanente contra la desinformación«. Una iniciativa activada días después de que Unidas Podemos haya instado al Ejecutivo, a través de la Comisión de Interior, a intervenir en las redes sociales para acabar con los discursos de odio.
Según la disposición que da luz verde al que podría llamarse embrión del futuro Ministerio de la Verdad, la libertad de expresión y el derecho a la información en España «se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios». Algo que, aseguran, se ha incrementado durante la pandemia del COVID-19: «La desinformación puede estar presente y afectar a cualquier campo y, en los tiempos actuales, se ha observado de manera directa en la actual pandemia, viéndose acompañada de una infodemia sin precedentes».
Todo el control en manos del Gobierno
Con este objetivo, y apoyándose en diversas directrices europeas, se pone en marcha «un sistema nacional para la prevención, detección, alerta, seguimiento y respuesta cuyas causas, medio y/o consecuencias estén relacionadas con la desinformación». Un sistema que tendrá que «establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España». Algo que, añade, «resulta imprescindible».
En esta «lucha contra la desinformación», la comisión estará integrada por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la Desinformación, las autoridades públicas competentes y «el sector privado y la sociedad civil«. A estos últimos, medios y sociedad, adjudica el rol de «identificación y no contribución» a la difusión de lo que se consideren bulos o desinformación, además de «la promoción de actividades de concienciación y la formación o el desarrollo de herramientas» para evitar la propagación de estas informaciones presuntamente falsas «en el entorno digital». Algo que, por ejemplo, ya está haciendo Twitter con personas como el aún presidente de EEUU, Donald Trump, algunos de cuyos mensajes sobre un presunto pucherazo en las elecciones han sido señalados por la red como bulos, impidiendo a los usuarios marcarlos como favoritos o compartirlos.
La nueva comisión contra la «desinformación», por otro lado, tendrá cuatro niveles de activación. Según la disposición publicada en el BOE, estos niveles «sirven tanto para detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos para la Seguridad Nacional, como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas». Así, apoyará totalmente a la Secretaría de Estado de Comunicación, dirigida por el periodista Miguel Ángel Oliver, cuya trayectoria profesional está estrechamente vinculada a medios del grupo Prisa y de Mediaset. Además, realizará valoraciones técnicas de «los riesgos y amenazas a través de informes agregados», formulará «propuestas relativas a la dotación de recursos y priorización para las actuaciones identificadas», elevará al Consejo de Seguridad Nacional recomendaciones y elaborará la propuesta de «la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación«, entre otras funciones.
