El constitucionalismo no piensa quedarse quieto ante el pacto de PSOE, Podemos y ERC para blindar la exclusión del castellano en las escuelas de las comunidades con dos lenguas oficiales. Tal y como adelantó El País el martes y se ha hecho efectivo hoy, el Gobierno ha suprimido de la nueva ley de Educación —conocida como ley Celaá— la referencia al español como lengua vehicular, alusión que incomodaba a los socios nacionalistas del Ejecutivo y facilitaba que los padres contrarios a la inmersión pudieran recurrir ésta ante los tribunales.
Ante esta situación —que ha sido interpretada por todas las asociaciones probilingüismo como un atropello a los derechos de los castellanohablantes—, tanto Ciudadanos como PP han anunciado que tomarán medidas. En concreto, Cs piensa llamar a todas las puertas: al Tribunal Constitucional, a la Unión Europea, al Defensor del Pueblo y a la Alta Inspección educativa. Lo ha anunciado su presidenta, Inés Arrimadas, a través de un mensaje y un vídeo en su cuenta de Twitter.
Cs denuncias décadas de «inacción» del PP y PSOE
En su alocución, Arrimadas ha recordado que la «inacción cómplice» de los gobierno del PP y del PSOE durante décadas «ha permitido que se vulneren derechos lingüísticos y que el español no sea lengua vehicular» en las escuelas de algunas comunidades. También, que su partido lleva años denunciándolo «ante Europa y ante muchas instituciones, porque se incumplen sentencias de los tribunales clarísimas y derechos fundamentales». Ahora, Cs volverá a dar la batalla en este asunto porque la enmienda del Gobierno y los nacionalistas supone «blindar por ley» el tradicional «atropello» de los derechos de los hispanohablantes en Cataluña y otras comunidades.
En este sentido, el eurodiputado Jordi Cañas ya se ha puesto manos a la obra y ha formulado un pregunta por escrito a la Comisión Europea en la que insta a tomar medidas ante la enmienda de Gobierno de Sánchez y sus socios. En el texto, Cañas denuncia la «inacción cómplice» del Ejecutivo español ante el incumplimiento de la ley en la Escuela Catalana —que no acata las sentencias que establecen que el castellano debe ser vehicular al menos en un 25%— y pregunta a la CE: «¿Qué va a hacer para garantizar el derecho fundamental de los niños españoles a ser educados en su lengua materna y oficial de su Estado, y a su no discriminación por motivos de lengua en España?»
El PP incluye en la defensa a la concertada
Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, ha manifestado en su cuenta de Twitter que su formación piensa actuar contra el blindaje de la inmersión, así como contra lo que consideran ataques a la escuela concertada: «Recurriremos al Tribunal Constitucional la ley Celaá si el Gobierno y sus socios nacionalistas excluyen el castellano como lengua vehicular y liquidan la libertad educativa contra la concertada. Sánchez pretende permanecer en el poder negociando el futuro de nuestros hijos». La propuesta ha contado con el apoyo del sindicato de profesores Anpe.
