El colectivo Universitaris per la Convivència ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, como réplica a los manifiestos independentistas de Puigdemont y 23 eurodiputados contra el Estado español por la condena de la Universitat de Barcelona (UB).
Los eurodiputados independentistas, entre los que se encuentran varios fugados de la justicia, sostienen que no existe un principio de neutralidad al que estén sometidas las universidades españolas y que la sentencia que ha condenado a la Universidad de Barcelona por vulneración de derechos fundamentales vulnera en realidad los derechos a la libertad de expresión y a la autonomía de la propia universidad. También apelan al principio de representación de los órganos de gobierno de la universidad.
El escrito de Universitaris per la Convivència, que también está dirigido a la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, y a la Comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel; aclara que la demanda judicial que ha dado lugar a la sentencia no es cuestión de las autoridades españolas sino del propio colectivo que entiende que los manifiestos que promueven una posición política de la universidad —en un tema que, además, genera una gran controversia social— atentan contra los derechos fundamentales a la educación, la libertad ideológica y la libertad de expresión de los miembros de la comunidad universitaria.
Este colectivo expone en su réplica que «el ordenamiento jurídico español es claro al señalar que ‘la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales’ (artículo 103.1 de la Constitución) y la jurisprudencia de los altos tribunales españoles ha establecido hace ya tiempo que ese precepto debe interpretarse como incluyendo el principio de neutralidad». También subraya que esta es la postura manifestada reiteradamente por el Defensor del Pueblo.
Libertad de expresión solo de los individuos
En cuanto a lo que los eurodiputados consideran derechos vulnerados a las universidades, Universitaris per la Convivència apunta, en primer lugar, que «la libertad de expresión, tal como reiteradamente ha señalado nuestro Tribunal Constitucional, es un derecho cuyos titulares son exclusivamente los individuos y nunca las instituciones«. En segundo lugar, subraya que la autonomía universitaria es un derecho cuyos límites «están claramente fijados en el artículo 2 de nuestra Ley Orgánica de Universidades, donde se establece que (…) está prevista únicamente para cuestiones relativas a su organización y funcionamiento». Y, en tercer lugar, aclara que «con respecto al principio de representación de los órganos de gobierno de la universidad al que se refieren los eurodiputados nacionalistas, es esencial recordar que los claustros universitarios en modo alguno son órganos de representación política». Explican los profesores firmantes que, al no haber sido elegidos por su ideología, los claustrales carecen claramente de legitimidad para pronunciarse sobre cuestiones no académicas en nombre de sus representados.
Concluye Universitaris per la Convivència destacando que «hemos buscado amparo judicial, no sin antes haber expuesto en los mismos claustros y en carta abierta a los rectores nuestro parecer sobre lo que consideramos un tema nuclear para la convivencia en nuestras universidades y para la garantía y promoción de la libertad académica y del espíritu crítico de profesores y alumnos».
Este colectivo observa con nitidez que se ha articulado una campaña coordinada entre las diferentes fuerzas nacionalistas en la línea de los argumentos que esgrimen los referidos eurodiputados y manifiesta su firme voluntad de contrarrestarla con contundencia porque están en juego derechos fundamentales y esto, además, en un entorno que ha de servir para el encuentro y debate respetuoso entre todas las sensibilidades existentes. Jamás la Universidad puede tener una ideología oficial so pena de renunciar a su esencia misma.