Esto es lo que publicó Pilar Rahola en Facebook, hacia las 10 de la mañana del miércoles 28: «Ara els companys David Madí, Oriol Soler, Xavier Vendrell i Josep Alay, detinguts sotes les urpes de la Guàrdia Civil, prescriptora de tot el procés repressor. Ningú no els atura. Actuen amb tota la impunitat. Tácito mana a Espanya. Deu ser això la Taula de Diàleg.»
Tres ingredientes básicos que se repetirán en tantas otras reacciones a la última redada de dirigentes independentistas: las garras de la Guardia Civil; la alusión al teniente coronel Daniel Baena, jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Cataluña, que había usado el pseudónimo Tácito en Twitter, y el menosprecio a la mesa de diálogo sobre el conflicto político en Cataluña.
Un tweet de Carles Puigdemont manifestó rápidamente su apoyo a las víctimas de «aquesta nova urpada repressora». No se esgrime tanto la presunción de inocencia como la certeza de un montaje. Vilaweb, en una crónica humorística sin firma, resume los rumores y los giros de guión que se produjeron durante toda la mañana: «En sólo cinco horas han detenido a 21 personas, y eso sí que no es ninguna broma, a las que acusan de ser de Tsunami Democràtic, de desviar fondos al presidente Puigdemont, de confabularse con Rusia para lograr la independencia y de corrupción por una finca. Todo. Sorprendentemente, sin embargo, el asesinato de Kennedy, todo un clásico en estos filmes, todavía no ha aparecido en escena.»
Detenidos por su ideología
Vicent Partal denunciaba «la agresión que significa contra ciudadanos comprometidos, detenidos por su ideología», en sus Tres apunts d’urgència sobre el nou muntatge de la Guàrdia Civil contra l’independentisme, donde se centraba en estos aspectos:
«1. A la Guardia Civil no le para los pies ni el hecho de haber sido desacreditada y calificada de mentirosa por los tribunales españoles, en relación con operaciones similares.» Se refiere a la reciente sentencia sobre el caso Trapero.
«2. La responsabilidad política de la represión es del gobierno español. Y sólo si el independentismo lo entiende y actúa en consecuencia podrá enderezar la situación y avanzar.» Entenderlo significa que no hay nada que dialogar y que sólo la independencia frenará la represión.
«3. El papel de los medios es imprescindible para asegurar que los objetivos de aterrorizar y criminalizar se cumplen.» Se refiere a El Confidencial, el primer medio que informó de la operación en curso, y le atribuye esta función: «Marca públicamente a los detenidos, establece en el imaginario colectivo el relato que le conviene y condiciona la forma en que lo interpreta la sociedad.»
Cómo se gestiona el dinero público
Al día siguiente, Jordi Juan, director de La Vanguardia —Una de cal y otra de arena—, resume así la situación:
«La acción policial generó el malestar y victimismo de los sectores independentistas que hallaron el argumento idóneo para defender sus tesis y atacar al Estado. Leyendo o escuchando algunas declaraciones de ayer parecía que el propio Pedro Sánchez había hecho las detenciones.»
Y advierte que «no es la primera vez que detenciones presentadas con gran alharaca mediática acaban en bien poca cosa» y que cabe exigir «rigor para que la instrucción sea impecable y no se convierta en un freno para resolver este largo contencioso político».
El editorial del mismo diario —Las detenciones de ayer— dice lo mismo: «Es obligado exigir el máximo rigor a las instancias judiciales que instruyen causas con tan alta carga política. No es sólo la sentencia de un determinado caso lo que está en juego. También dependen de ese rigor el prestigio de la justicia, la convivencia social y la reconducción de un conflicto político que desangra al país. Y, si fuera el caso, hay que pedir asimismo cuentas a quienes obraron incorrectamente, por más que lo hicieran guiados por sus ideales. Porque por encima de unos y otros están los intereses de los ciudadanos. Entre ellos, una justicia libre de sospecha y una transparencia que permita conocer al detalle la gestión del dinero público. No hay causa política con futuro que pueda defender lo contrario.»
El entramado belga
En parecidos términos se expresa el editorial de El Periódico —Golpe al entorno de Puigdemont—: «La investigación está en curso, y aún es prematuro para expandir certificados de inocencia o de manipulación policial y judicial. Mantener la calma, sobre todo cuando se ostentan cargos públicos, nunca es un mal consejo.»
Jordi Mercader, también en El Periódico —¿Un 3% independentista?—, advierte contra las reacciones en caliente:
«Tan gratuito se antoja dar por descontada la culpabilidad de los detenidos por el solo hecho de haber sido detenidos por la Guardia Civil como suponer su inocencia por el solo hecho de que la Guardia Civil amontone errores desde hace tres años.»
Y aporta algunos datos que sugieren la solidez de la operación iniciada:
«Hay un juez experimentado dirigiendo la investigación, Joaquín Aguirre, el de la quiebra de Gran Tibidado perpetrada por Javier de la Rosa; hay un punto de partida, el supuesto fraude de subvenciones desviadas de la Diputación de Barcelona, hay una incógnita sobre cómo se financia el entramado belga de Carles Puigdemont y una sospecha sobre el nacimiento incentivado de Tsunami Democrаtic, descartada la generación espontánea.»
La conexión rusa
Ferran Casas, en Nació Digital, se ríe de la conexión rusa —Soldats russos? «Se non è vero, è ben trovato»— que aparece en las diligencias:
«Es evidente que personas cercanas a Puigdemont y a otros actores del independentismo en 2017 sondearon apoyos internacionales por todas partes. Pero es del todo inverosímil que Vladimir Putin quisiera enviar a Cataluña 10.000 soldados para dotarla de una milicia para hacer frente con las armas al ejército español. Entre otras cosas porque habría sido la primera vez que el ejército ruso —antes rojo— interviniera militarmente en un estado de la OTAN (…) Si el Estado da a ello alguna credibilidad, como mínimo debería llamar a consultas al embajador ruso en España, dado que representa a una potencia extranjera dispuesta a invadirlos y desestabilizarlos.»
La búsqueda de una supuesta oportunidad política en las detenciones también está siendo bastante habitual. Afirma Pep Martí i Vallverdú —Benemèrit ridícul—, asimismo en Nació Digital:
«Lo primero que llama la atención es el momento en que se produce la operación, sólo dos días después del acuerdo entre el PSOE y Podemos para encauzar los presupuestos del Estado, un hecho que da aire al ejecutivo español, que mantiene una batalla muy dura con el poder judicial. Las detenciones se producen en vísperas de que el Congreso vote el nuevo estado de alarma. Cuando la causa lleva más de un año bajo secreto judicial, es curioso que haya sido precisamente hoy [miércoles 28] que se haya ordenado la operación.»
La presunción de culpabilidad
El editorial del Punt-Avui ve confirmado que la represión no se detiene:
«El problema es que, como también ha ocurrido en ocasiones anteriores, la presunción de culpabilidad ya ha caído sobre los investigados, a los que les pueden venir meses, si no son años, de pagar la pena, aunque al final sean absueltos o ni siquiera juzgados.»
Y Joan Rueda se pregunta dónde están las pruebas, poniendo en duda que aparezcan:
«Vistos los precedentes, tendremos que esperar a ver qué pruebas (sí, pruebas, lo que determina culpabilidades en un caso judicial) tiene la Benemérita para continuar judicializando el proceso, algo que, según Pedro Sánchez, no está sucediendo.»
Reclutando soldados por todo el mundo
La directora del diario Ara —Les conjectures de la Volhov— duda de la seriedad de toda la operación:
«¿Cómo se puede tomar en serio una pretendida vía rusa basada en el hecho de que un tal Víctor Terradellas habló de la aportación de diez mil soldados y de la compra de la deuda pública por parte de Moscú en caso de independencia? ¿Quién, con un mínimo de inteligencia política, puede creérselo?»
Víctor Terradellas es algo más que «un tal», y vale la pena investigar qué hay de cierto en sus especulaciones, aunque sólo sea per determinar que no hay más que fantasía o megalomanía.
Dicho sea de paso, también ha sido mencionado por buscar apoyos en otra superpotencia. Así lo hacía el Triangle —Un ejército catalán con mercenarios—:
«En la agenda del presidente de [la Fundación] CATmón, Víctor Terradellas, investigada por la Policía Nacional, aparece la idea de montar un ejército catalán con mercenarios de los EE.UU. La anotación que aparece es la de la empresa Dyncorp, que es una de las mayores empresas privadas militares de los EE.UU. con sede en Virginia y que ha sido contratada en multitud de misiones exteriores por el gobierno de los EE.UU.»
La conclusión de Esther Vera es que las detenciones no resolverán nada:
«El Proceso ha sido un desafío al Estado y no se puede esperar que la justicia española no actúe. Ninguno de los protagonistas se engañó en este sentido, pero las incursiones no hacen más que agrandar un problema que no desaparecerá, porque una gran parte de los catalanes se han ido mentalmente de España.»
Qué tipo de personajes tenían acceso al presidente Puigdemont
El editorial del Ara —Només una llei d’amnistia pot aturar això— explica así en qué consiste la estrategia del Estado:
«Coger a un personaje colateral del independentismo, como en su día el juez Santiago Vidal y ahora el que fue cargo de CDC Víctor Terradellas, para darles la máxima credibilidad, aunque lo que digan sean tonterías, y a partir de ahí construir una causa general contra el independentismo».
Sí, el juez Santiago Vidal habrá dicho muchas tonterías pero no las decía en el bar sino ante un público entregado y llegó a ser senador por ERC.
El editorial, que apuesta por «poner el reloj a cero» mediante una amnistía que proporcionaría la «desaparición del delito» y dejaría claro que el conflicto requiere «una aproximación y una solución políticas», lanza al mismo tiempo una advertencia:
«El independentismo también debería hacer autocrítica sobre qué tipo de personajes tenían acceso al presidente Puigdemont o hacían ver que actuaban con su visto bueno.»
Dañar la estabilidad de España
José Antich, en El Nacional —¡Los rusos, los rusos!—, entiende que «el objetivo es, una vez más, atemorizar al movimiento soberanista, dejar meridianamente claro que la represión no se ha acabado y que las causas judiciales van a seguir siendo el camino hasta que no haya una rendición en toda la regla».
Y Vicent Partal presenta sus consejos a los políticos independentistas sobre cómo reaccionar, porque ya no hay ningún otro remedio</a>, ante «el nuevo zarpazo de Madrid».
Parte de la base que «España ha entendido que desde el Primero de Octubre la cuestión catalana ya no es un debate regionalista sobre cómo organizar internamente España sino un combate, como tantos otros en la historia, de una nación para liberarse de otra nación. Buena parte de los políticos catalanes no han sabido situarse en este marco —o no se han atrevido— y así nos ha ido en estos tres larguísimos años».
Partal pide unidad de acción entre los tres grandes partidos independentistas, y para conseguirla, el recurso a «un relator, una comisión relatora» que garantice una negociación rápida y el cumplimiento de los acuerdos.
Estos partidos se comprometerían a «una serie de acciones claras y contundentes, muy visibles» y a mantenerse de acuerdo en todos los ámbitos: «Hay que concretar qué se hace conjuntamente en el Parlamento español, qué se hace en el parlamento y en el gobierno catalanes, qué se hace con los pactos municipales y qué se hace en Bruselas, en el exilio, en Europa y en el Consejo para la República.»
Es decir, que cada partido renuncie a hacer política por su cuenta y se someta a una estrategia única, que, como en la fábula del cascabel para el gato, haría falta ver quién la establece y la dirige.
El principio rector de esta estrategia será «qué hace más daño al contrario, es decir qué hace más daño a la estabilidad de España, y qué refuerza más la posición de la nación catalana».
Cabe preguntarse si un partido que se compromete en público a hacer daño sistemáticament a la estabilidad de España no está exhibiendo un motivo para que se le aplique suspensión o disolución judicial según lo previsto en la LO de partidos políticos.
