El separatismo ha cerrado filas en torno a la detención del que podría llamarse el Estado Mayor del procés, formado por David Madí, Oriol Soler y Xavier Vendrell. Una operación desarrollada por la Guardia Civil en la que también se ha detenido al hombre fuerte de Carles Puigdemont en Barcelona, Josep Lluís Alay, que ya ha sido puesto en libertad. Desde JxCat, la diputada Laura Borràs, imputada en otro caso de corrupción, ha llamado a los independentistas a echarse a la calle y, de momento, está confirmada una protesta en la Plaza Sant Jaume de Barcelona, a las 13.00 horas, y en la que está previsto que participen partidos políticos y entidades vinculadas al separatismo. La protesta ha sido convocada por Òmnium Cultural y se han sumado, entre otros, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), JxCat, ERC y el PDeCAT.
La operación investiga por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona la relación de los detenidos con la financiación del procés y, sobre todo, del entramado de entidades encabezado por el líder de JxCat y eurodiputado fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, en Waterloo. La Justicia investiga, además, el vínculo entre empresarios, administraciones y la organización anónima Tsunami Democràtic, que promovió los violentos altercados en Barcelona tras la publicación de la sentencia del 1-O en octubre del año pasado.
Entre los detenidos este miércoles se encuentra precisamente el hombre fuerte de Puigdemont en Barcelona, Josep Lluís Alay, encargado del oficina del ex presidente en la capital catalana. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Puigdemont ha asegurado que «actuar contra los disidentes políticos es una enorme violación de los derechos fundamentales». En otro tuit, Puigdemont ha asegurado que «intentan la muerte política y civil del independentismo» justo un día después de que se cumpla el tercer aniversario de la efímera declaración de independencia de octubre de 2017. «Continuamos luchando por una causa justa y democrática», ha añadido, «no lo han logrado y no lo lograrán. Todo mi apoyo a los detenidos en este nuevo zarpazo represor».
El líder de ERC, Oriol Junqueras, en prisión por el referéndum ilegal del 1-O, también ha mostrado su apoyo a los detenidos en su cuenta de Twitter. «La represión contra el independentismo no tiene freno», ha asegurado Junqueras, «no desfalleceremos. Por la libertad, la justicia social y la República Catalana».
El ex presidente Quim Torra también se ha pronunciado sobre las detenciones. Ha acusado a España de insistir «en la deriva represiva y autoritaria». «Este es su mensaje de diálogo», ha apuntado Torra, que ha calificado de «vergonzosa» la operación policial.
La también condenada por el referéndum ilegal del 1-O y ex presidenta del Parlament y de la ANC, Carme Forcadell, se ha preguntado en su perfil de la red social si las detenciones tienen como objetivo ocultar el escándalo de la asistencia de varios ministros del PSOE al aniversario del digital de Pedro J. Ramírez, El Español. Y el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, ha pedido que acaben los «montajes para criminalizar al independentismo» porque «el conflicto necesita una solución política que desactive la represión policial y judicial: amnistía y autodeterminación».
El único separatista que se ha acordado del COVID-19 este miércoles ha sido el diputado autonómico de JxCat Albert Batet: «Todo el país preocupado por la pandemia y las duras consecuencias económicas y sociales y el Estado español obsesionado con la represión, persiguiendo el 1-O, persiguiendo al presidente Puigdemont y persiguiendo al conjunto del indepedentismo. ¡Qué vergüenza!».
El secretario general de JxCat, Jordi Sánchez, condenado y en prisión por el referéndum ilegal del 1-O, ha calificado las detenciones de «venganza pura«, además de una «evidencia» de que España solo busca «la confrontación«. «Detendrán», ha augurado, «a todas las personas que apoyan al presidente legítimo Carles Puigdemont. ¡Vergüenza democrática de España!».
Desde la CUP, finalmente, se han calificado las detenciones como parte de «un entramado policial y mediático, que persigue criminalizar el independentismo». Los cupaires han denunciado «informaciones intencionadamente confusas y contradictorias para vincular corrupción con independentismo». El líder de la formación, el diputado autonómico Carles Riera, en declaraciones en TV3, ha pedido, por su parte, «una respuesta de movilización ciudadana desde hoy y una respuesta institucional conjunta».
