El Consejo de Ministros extraordinario presidido por Pedro Sánchez ha dado luz verde este domingo a un nuevo decreto de estado de alarma que, según ha explicado el presidente, pretende que esté vigente hasta el próximo 9 de mayo. Durante el mismo, será el Consejo Interterritorial de Sanidad el que se ocupe de la llamada «cogobernanza» del Estado con las comunidades autónomas, que quedarán facultadas para decidir qué medidas aplicar en sus territorios sin tener que dar explicaciones ante la Justicia.
El Gobierno, sin embargo, incluirá en este decreto la disposición de toque de queda en todo el país desde las 23.00 hasta las 6.00 horas. Un toque de queda para el que Sánchez ha pedido a los medios una definición «más contemporánea» para evitar imágenes que, según ha subrayado, nada tienen que ver con la situación actual. Las comunidades autónomas tendrán cierto margen, pudiendo iniciar estas «restricciones a la movilidad» a las 22.00 horas o concluirlas a las 7.00, según ha explicado el presidente en su comparecencia tras la celebración del Consejo de Ministros extraordinario.
Todo dependerá del ‘semáforo’
Las comunidades, que podrán confinar perimetralmente todo su territorio o solo una parte, tomarán las decisiones en función del ya conocido como semáforo COVID-19. Un baremo que contempla 4 niveles de gravedad, en función de la ocupación de camas en UCIs y plantas y del número de contagios constatados formalmente a través de las pruebas PCR. El nivel más bajo es aquel en el que se den 25 casos por cada 100.000 habitantes. El más alto, el 4, queda fijado a partir de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. En estos momentos y a nivel nacional, España se encuentra, según este semáforo, en el nivel 4, con 362 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de Cataluña, esta incidencia acumulada es de 448.
El nivel 4 da vía libre a la aplicación de medidas extremas como los confinamientos domiciliarios similares al que ya vivimos entre marzo y junio. En el caso de Cataluña, el Govern no contempla de momento esta posibilidad, aunque, según señaló ayer su portavoz, la consellera Meritxell Budó, está sobre la mesa. Lo que sí está claro es que el Govern decretará en breve el toque de queda y que baraja ordenar el cierre de los centros educativos. En estos momentos, una de las medidas en vigor más duras es la del cierre de los bares y restaurantes, que aún permanecerán con las persianas bajadas una semana más. Si el PROCICAT da luz verde al toque de queda, este tipo de negocios lo tendrá aún más difícil para volver a abrir sus puertas.
Sin respuestas sobre la Navidad
El presidente Sánchez, por otro lado, ha subrayado durante su comparecencia que ni el Gobierno ni las comunidades tienen la intención de adoptar medidas extremas salvo que sean necesarias. Sin embargo, Sánchez ha dejado en el aire la respuesta sobre qué sucederá en fechas tan señaladas como la Navidad y se ha limitado a recordar las medidas que, bajo este decreto de estado de alarma, estarán vigentes hasta mayo. Medidas que, ha señalado, están siendo adoptadas por recomendación de «los expertos» y que se analizarán semanalmente en el Consejo Interterritorial de Sanidad, que es el que ha puesto en marcha el semáforo COVID-19.
El presidente ha insistido en que este nuevo estado de alarma cumple tanto con «el marco legal» como con la Constitución. «Da una cobertura jurídica y constitucional«, ha dicho Sánchez, «para la restricción de derechos fundamentales como es el de movilidad». Como ya hiciera el viernes, Sánchez ha insistido en que España afronta esta segunda ola de la pandemia mejor preparada que en marzo. Pero también ha admitido cómo está afectando esta situación a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, que «se ven obligados a restringir su vida social». A todos les ha pedido «disciplina, resistencia, moral de victoria y dar lo mejor de cada uno» que «solo con la unidad lo conseguiremos».
