El Decreto ley aprobado hoy por el Govern, que obliga a reducir al 50% el alquiler de los locales comerciales -bares, restaurantes, centros de estética, bingos, casinos, salas de juego y ludotecas, por ejemplo- cerrados en cumplimiento de las últimas restricciones para contener la curva, no cuenta con el beneplácito de patronales como Foment del Treball y PIMEC.
Ambas organizaciones consideran que la norma pone contra las cuerdas a los propietarios, cuya renta se verá perjudicada con la entrada en vigor de la misma. Además, coinciden en que la Administración, en este caso el Govern, debería hacerse cargo de las pérdidas que producirá el parón económico, en lugar de cargarlas sobre los propietarios, especialmente los pequeños tenedores.
Hacen falta medidas más solidarias para afrontar la problemática, según PIMEC
Josep González, presidente de PIMEC, pide al Govern que también tenga en cuenta a los pequeños tenedores y ahorradores, propietarios de los locales que verán rebajada su renta con la aprobación de esta norma. A menudo, son responsables de inmuebles adquiridos con préstamos hipotecarios a los que deberán hacer frente, tanto si se para o reactiva la actividad económica. La patronal que representa a las pymes y los autónomos catalanes valora que el Ejecutivo catalán pretenda evitar el cierre de empresas y la destrucción de empleo pero no cree que sea la mejor medida: “Los propietarios no deberían asumir solos las consecuencias de la decisión de bajar la persiana. Por lo tanto, se debería repartir el juego y que la Administración se hiciera cargo de una parte de los costes de esta rebaja”.
El presidente de PIMEC sugiere medidas de calado “pero equilibradas y creativas” que permitan mantener el flujo monetario económico y, al mismo tiempo, protejan los intereses de las pequeñas empresas y los ahorradores. En concreto, ha hecho referencia a la bonificación fiscal del IRPF o Impuesto de Sociedades a los arrendadores que se avengan a rebajar o condonar el alquiler durante el estado de alarma i los cierres administrativos, como ya se hace en Italia. También ha propuesto aplicar una carencia sobre los préstamos hipotecarios de los inmuebles sometidos a una rebaja forzosa del alquiler, una medida aplicada en numerosos países vecinos en estos momentos, difíciles en términos económicos.
«Los propietarios no deberían asumir solos las consecuencias de la decisión de bajar la persiana. Por lo tanto, se debería repartir el juego y que la Administración se hiciera cargo de una parte de los costes de esta rebaja»
Josep González, presidente de PIMEC.
El Decreto Ley provoca inseguridad jurídica y es de dudosa constitucionalidad, según Foment
Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, pide a la Generalitat que se concentre en la promoción de ayudas directas y la inyección de fondos económicos en los sectores de actividad afectados por las medidas extraordinarias, en lugar de aprobar normas y leyes que hacen un flaco servicio a empresarios, trabajadores y, a partir de hoy, también a los propietarios de locales y establecimientos de alquiler. “Este Decreto Ley es de dudosa constitucionalidad y provoca inseguridad jurídica. La suspensión de la actividad en bares, restaurantes, gimnasios, centros de belleza, etc.; así como la consiguiente pérdida de ingresos no puede ser asumida por los propietarios de los locales, ni tampoco por los empresarios. Creemos que debería repercutir en la Administración que ha ordenado el cierre de los negocios o ha limitado parcialmente su actividad”, ha asegurado.
«Este Decreto Ley es de dudosa constitucionalidad y provoca inseguridad jurídica. La suspensión de la actividad en bares, restaurantes, gimnasios, centros de belleza, etc.; así como la consiguiente pérdida de ingresos no puede ser asumida por los propietarios de los locales, ni tampoco por los empresarios«
Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball.
Aunque consideran correcto promover una negociación, desde Foment insisten en que no se puede dictar una norma que la altera y condena a los propietarios a perder una parte o la totalidad de la renta. «El Decreto ley es injusto y lesivo para los propietarios y agrava, aún más, el cierre de negocios y la pérdida de ocupación», ha criticado Sánchez Llibre.
