La semana pasada, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, activó un plan de emergencia climática que constaba de más de 100 medidas para reducir la contaminación en los próximos diez años. Lo ambicioso del proyecto no ha sorprendido a nadie, pues es conocida la sensibilidad de los comunes en la cuestión climática. Sin embargo, tampoco le habrá extrañado a nadie que el vídeo que promociona dicha campaña se haya emitido exclusivamente en catalán -si bien ha sido subtitulado en castellano en las redes sociales-.
Y es que no es la primera vez que el consistorio comandado por Colau opta por excluir el castellano de sus comunicaciones o campañas informativas. El mes pasado, sin ir más lejos, el grupo municipal de Ciudadanos en Barcelona denunciaba que el Ayuntamiento discrimina de manera sistemática el uso del español en sus contenidos digitales. Una discriminación que no es producto del azar, pues, según establece el pliego de contratación de estos servicios, los tuits que se difundan desde la cuenta oficial del consistorio «se harán en catalán y de manera excepcional en catalán y español».
Carteles en árabe o urdú pero no en castellano
También han sido objeto de controversia en varias ocasiones los carteles y folletos que el Gobierno de Barcelona suele distribuir en el barrio Gótico para convocar a la ciudadanía a los Consejos de Barrio. En ellos, además del catalán, se emplean lenguas extranjeras como el árabe, el tagalo, el bengalí o el urdú. En cambio, el castellano brilla por su ausencia. Ante las críticas de partidos como PP o Cs -las últimas, el pasado noviembre- el concejal de Ciutat Vella, Jordi Rabassa advirtió en Twitter de que no debía atizarse el conflicto lingüístico y aseguró que «todas las lenguas son respetadas y ninguna es menospreciada». Asimismo, justificó la elección de «lenguas minorizadas» en detrimento del español por su fuerte presencia en el distrito.
Pero, sin duda, la polémica lingüística de mayor resonancia tuvo lugar hace dos meses, cuando el Ayuntamiento difundió un vídeo contra la violencia de género en el que dos jóvenes castellanohablantes realizaban comentarios machistas ante la indignación de un tercero, éste de condición catalanoparlante. Como era previsible, las redes ardieron al entender que el spot estigmatizaba a los usuarios del español. La alcaldesa se limitó a tachar el incidente de «fake new» y atribuirlo a la mala fe de Ciudadanos y la «extrema derecha», pero seguidores de los comuns en redes y medios como Eldiario.es fueron más allá alegando que en los otros vídeos de la campaña también aparecían machistas expresándose en catalán. No obstante, nadie supo explicar por qué en ninguna de estas piezas se daba la situación a la inversa -esto es, que el machista hablase en catalán y el feminista en español-.
Discriminación del español en los concursos municipales
Otro extremo cuestionable de la política lingüística del Ayuntamiento es que éste exige que toda la documentación que entreguen las empresas que opten a un concurso público debe estar en catalán. Los partidos de la oposición consideran esta practica discriminatoria con la mitad de los catalanes, pero también con las empresas del resto de España que optan a un concurso en Barcelona. Además, señalan que excede lo establecido en el reglamento de Usos Lingüísticos municipal, que especifica que los documentos deben presentarse «normalmente» en catalán pero no impide que esto pueda hacerse en castellano.
Por último, las pingües subvenciones que el consistorio ha otorgado a Plataforma per la Llengua -una entidad que espió a niños de más de 50 colegios para comprobar si hablaban en catalán en el patio- también han estado en el ojo del huracán. No en balde, la autodenominada «ONG del Catalán» ha recibido desde que Colau es alcaldesa un total de 77.000 euros en subvenciones (27.000 euros en 2016, 20.000 en 2017, 18.000 en 2018 y 12.000 en 2019). Pese a que el monto de las ayudas ha ido declinando, las entidades probilingüismo critican que el gobierno de Colau subvencione a una asociación que aboga por el catalán como única lengua oficial y que ha impulsado iniciativas tan controvertidas como la creación de una app para señalar a los comercios que atienden en castellano.
«Sectarismo lingüístico»
Con la exclusión del español en la casi totalidad de sus comunicaciones, el Ayuntamiento «se olvida de que es una institución que representa y da servicio a una sociedad bilingüe», juzga Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). Requerida por El Liberal, Losada alerta de que el problema se ha agravado con el paso de los diferentes gobiernos municipales, «lo que demuestra que el sectarismo lingüístico afecta por igual a los partidos nacionalistas que a otros que, como el actual, intentan aparentar que no lo son».
Así, Losada recuerda que para el consistorio el castellano no es digno de estar en las distintas instancias, las redes sociales, los flyers informativos, las actividades de los centros cívicos, etcétera. «Y cuando lo está», aclara, «lo representan personajes marginados y agresivos como el del polémico vídeo contra la violencia de género». Siendo ésta la situación, la responsable de AEB se plantea que la razón del veto al español «no es la mentira de la protección del catalán, sino algo mucho más simple: hispanofobia».
