A menos de cuatro meses para las elecciones al Parlamento de Cataluña, lo que se puede tener por seguro es que seguirán reguladas íntegramente por la vieja Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), de 1985, ya que la catalana es la única comunidad autónoma que carece de ley electoral propia.
Que el mismo Parlamento que no ha conseguido nunca el consenso necesario —harían falta 90 diputados— para modificar el régimen vigente haya llegado a proclamar la independencia con una mayoría notablemente menor, dice mucho de la capacidad del independentismo para hacerse cargo del país.
Con o sin ley propia, esta vez la pandemia impone la necesidad de facilitar el voto por correo, y de establecer medidas de prevención de riesgos en el voto presencial.
Tareas de desinfección en los colegios
Se hablaba, a primeros de mes, de un informe, según recogía El Nacional, que «apunta la posibilidad de aprobar una ley electoral parcial “únicamente para hacer frente a las medidas necesarias en la actual situación de pandemia”, o incluso el aplazamiento, como sucedió en las elecciones gallegas y vascas, o, si hace falta, la suspensión de la convocatoria electoral».
Entre las medidas que se aconsejan figuran «la posibilidad de la votación electrónica para los residentes en el extranjero» —¿y por qué no para todo el mundo?—, el establecimiento de franjas horarias de votación «para personas vulnerables» y «para personas sometidas a cuarentena» —¿cómo?—, la «interrupción de las votaciones para llevar a cabo tareas de desinfección» con custodia de urnas por los miembros de la mesa —lo que estimulará la presentación de denuncias por irregularidades reales o imaginarias—, y el «establecimiento de varias jornadas de votación» —lo que dará más trabajo a los encuestadores a pie de urna—.
Dicho informe también sugiere medidas que no requieren modificación legislativa, como la «recomendación de acudir al colegio electoral con el voto preparado» —siempre ha sido una buena idea, para evitar las miradas curiosas que nunca faltan—, o que todos los votantes reciban en su casa los sobres y todas las papeletas —para desespero de ecologistas—, o la «posibilidad de imprimir el sobre y la papeleta» —lo que ahorraría mucha tinta a la administración—.
La JEC decidirá
Comentando el mismo informe, El Periódico añade esta posibilidad en el voto por correo: que, «una vez que el cartero acuda a entregar el material de votación, pueda llevarse al mismo tiempo el sobre con el voto, y actuar así como custodia para agilizar y facilitar el trámite, haciendo posible que el sufragio pueda realizarse sin salir de casa».
También se contempla el voto delegado, «siempre que se solicite el apoderamiento ante notario por videoconferencia, aunque, de no ser posible, se facilitará material de protección a los notarios para que puedan acreditarlo a domicilio, algo especialmente útil en hogares con personas mayores y hospitales».
Aportaba El Periódico un dato que no pasará por alto a nadie: «Toda la logística podría conllevar un coste de un 50% más que anteriores contiendas electorales, es decir, hasta 20 millones de euros en total.»
A parte de las medidas que son únicamente sugerencias, todas las novedades planteadas requieren la aprobación de la Junta Electoral Central. La misma JEC cuya orden de retirar una pancarta desobedeció el presidente Torra, desobediencia que ha acabado comportándole la inhabilitación por un año y medio, inhabilitación que, a falta de acuerdo para encontrarle un sustituto, llevará a la convocatoria anticipada de elecciones.
