Cementos Molins resiste desde hace décadas como uno de los motores económicos de Cataluña, pero el procés está afectando a la mayoría que ostenta el presidente del Consejo de Administración, Juan Molins Amat. La rama familiar de los Molins Amat está dividida sobre el regreso de la sede social del holding a Barcelona, que fue trasladado a Madrid durante el otoño caliente de 2017. Se trata del grupo de accionistas que presentó una demanda para que se declarase ilegal el traslado y cuyo plazo de contestación por parte de la sociedad termina este diciembre.
El conflicto reside en que Juan Molins ve ahora tambalear su mayoría en el Consejo de Administración por esta cuestión. Las otras dos ramas familiares, la de Molins López-Rodó, cuyo tío fue Laureano López-Rodó, ministro de Franco, numerario del Opus Dei y uno de los catalanes más influyentes durante la dictadura, y la de Molins Gil, se han avenido a la decisión tomada por el 76% de los accionistas de mantener la sede de la cabecera empresarial en la capital española. Los Molins Amat, por contra, tienen discrepancias internas. Los partidarios de volver a territorio catalán consideran que «logísticamente no tiene sentido» estar fuera. Una de las figuras más visibles de esta rama familiar, el abogado Pau Molins, mantiene una postura de indecisión sobre la necesidad o no de volver, mientras que el presidente se opone al regreso.
Las mayorías del Consejo
Fuentes conocedoras del conflicto aseguran que «se ha convertido en un tema agudo» y que pese a que «estratégicamente no es significativo para la evolución del negocio» ha logrado afectar a «la configuración de las mayorías en el propio Consejo». Si antes contaban con una mayoría monolítica para no tener que abordar esta cuestión, ahora se empieza a plantear. «Es un tema que estorba«, remachan.
La intención del resto de miembros del órgano directivo es atajar la cuestión antes de que se inicie el pleito. Si en octubre de 2017 la marcha de la sede social ya generó divergencias entre familiares, no quieren que su regreso afecte al porvenir de la compañía. Y que el contencioso esté en abierto no ayuda a calmar la situación. La posición oficial de la compañía es que «no se dan las condiciones adecuadas de seguridad jurídica» para regresar y, en declaraciones a este medio, recuerdan que cuentan con una «mayoría amplia» en la junta de accionistas para mantener su posición.
Un imperio económico
A diferencia de otras empresas del sector de origen catalán, como Asland o Uniland (absorbidas por la francesa Lafarge y Portland Valderribas, respectivamente), Cementos Molins ha logrado mantenerse en la cúspide de un sector en crisis sin perder su vocación industrial catalana. La empresa tiene únicamente un 5% de sus acciones en bolsa, aunque estudian emitir más accionistas al mercado de valores. Las tres ramas familiares son las que siguen controlando el gran grueso de un negocio que, en el cierre de 2018, facturó 765 millones de euros (260 millones del total solo en España).
Desde que Joan Molins Parera fundó en 1928 lo que, con el tiempo, se convertiría en un imperio industrial, el núcleo familiar ha logrado preservar la cohesión. Solo la decisión sobre la idoneidad o no de devolver la sede a su lugar de origen ha logrado hacer tambalear los cimientos de una empresa sólida y estable. Y ahora su principal preocupación es paliar los efectos de esta controversia de naturaleza política.