Cuatro. Ese es el número de meses que un grupo de manifestantes secesionistas lleva cortando una de las principales arterias de Barcelona, la Meridiana, para protestar por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. El bloqueo -que llevan a cabo en el cruce entre la Avenida Fabra i Puig y la citada Meridiana- impide la libre circulación de vehículos, obligando a desviarse a los conductores que entran y salen de la ciudad, y ocasionando perjuicios a multitud de ciudadanos que viven en los barrios colindantes.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Barcelona ha terminado reclamando al Govern que ponga fin a dichos cortes, según cuenta hoy La Vanguardia. En un informe al que accedido este medio, la Guardia Urbana exige que se prohíban las protestas, alertando que tan tenido lugar «alteraciones de orden público» que han puesto en peligro a las «personas y los bienes». En el documento -la Guardia Urbana había enviado otros tres con anterioridad pero menos contundentes- alertan que desde el día 24 acuden «encapuchados con actitud violenta tanto hacia los agentes de la policía barcelonesa que regulan el tráfico como con los ciudadanos que les recriminan su actitud».
Tras conocerse el informe de la Guardia Urbana, el portavoz del grupo de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha enmarcado hoy los cortes en el «derecho» de los vecinos a protestar. «Si hay cortes en la Meridiana es porque hay vecinos que deciden hacer uso de su derecho a expresar unas ideas», ha subrayado Pujol. Asimismo, ha destacado que en JxCat se consideran «defensores de la libertad de expresión» y que la problemática originada a raíz de estas movilizaciones es fruto de la «represión» y de «no haber buscado» una solución por la vía política de «aquello que se ha intentado resolver en los tribunales».
«Meridiana Vía Libre»
En cambio, la reclamación de la Guardia Urbana sintoniza con lo reclamado por la Campaña «Meridiana Vía Libre», emprendida por Impulso Ciudadano y S»ha Acabat. Ambas entidades han recogido cerca de mil firmas de ciudadanos contrarios a los cortes y han solicitado al consistorio y a la conselleria de Interior que modifiquen el lugar de concentración para «facilitar el tránsito y no interrumpir el descanso diario de los ciudadanos«.
Y es que, tal y como explican, «dado el escaso número de personas que se concentran cada noche y las actividades que desarrollan en la calzada (hogueras, actuaciones musicales, comidas, juegos de cartas y consumo de bebidas alcohólicas ) resulta imprescindible que las autoridades hagan uso de su potestad y dispongan que el legítimo ejercicio del derecho de reunión se lleve a cabo en lugares colindantes más idóneos para las protestas (no siempre pacíficas) y actividades lúdicas que desarrollan los concentrados y evitar así las graves alteraciones que están produciendo».
Altercados entre manifestantes y agresiones a periodistas
Dichas alteraciones han terminado más de una vez en enfrentamientos entre partidarios y detractores del secesionismo. El último tuvo lugar el pasado domingo, cuando un cordón de seguridad establecido por los Mossos evitó un choque entre varios manifestantes que protestaban por los cortes y un grupo de 200 autodenominados «antifascistas». Y solo un día antes, el sábado, fue agredido el periodista y responsable de e-notícies, Xavier Rius, al que un grupo de CDR increparon, rodearon y zarandearon tratando de que dejase de grabar la escena. Rius, que criticó la pasividad de los Mossos ante los hechos, ha presentado una querella contra Torra, Colau, los Mossos y la Guardia Urbana responsabilizándolos de lo ocurrido por no haber impedido los cortes en todos estos meses.
Aparte de los altercados, los tenderos y restauradores del paseo Fabra i Puig -eje comercial clave del distrito de Sant Andreu- han hecho saber que, desde que empezaron las interrupciones del tráfico -que comienzan a las 19.30 y se alargan hasta el cierre de los comercios- han perdido entre un 20% y un 40% del negocio. Asimismo, alertan de que desde el pasado noviembre se han cerrado seis negocios en Fabra i Puig y los locales que han quedado vacíos no logran alquilarse o venderse.
Hartazgo entre los vecinos
Por su parte, muchos vecinos de los barrios cercanos sufren a diario las consecuencias de las protestas. Es el caso de Beatriz, de 74 años, que cuenta a El Liberal que toma el bus a diario para ir a cuidar a su nieto en la otra punta de la ciudad: «Por culpa de los cortes, me hacen dar unos rodeos horribles y termino llegando a mi casa muy tarde. Una de las veces, el conductor me hizo un favor y me acercó hasta la parada del Metro. «Si ellos se saltan las normas, pues yo también», me dijo». Otra vecina del barrio, Marta, de 32 años, lamenta que los manifestantes no muestran ninguna empatía con los vecinos. Tanto es así, cuenta, «que el otro día, cuando vieron que algunos coches se desviaban por una calle cercana para salvar el bloqueo, fueron hasta allí para taponarla».
Pese a las quejas de entidades, vecinos y Guardia Urbana, la Conselleria de Interior ha descartado hasta el momento tomar cartas en el asunto. El departamento alega que el de manifestación es un derecho especialmente protegido que solo puede restringirse en casos excepcionales y que esas circunstancias no se dan. Así, una vez que se comunica la manifestación, dice Interior, la obligación de la policía es proteger a los participantes. Cabe recordar que los primeros cortes de la vía tuvieron lugar sin que las concentraciones fueran comunicadas. Tras las multas correspondientes, la ANC se inscribió como convocante y comunicó a Interior que interrumpiría el tráfico diariamente para protestar contra la sentencia del Supremo y la inhabilitación de Torra. En cualquier caso, y según su último comunicado, está previsto que la protesta finalice el próximo 28 de febrero.
