El principal diario suizo sentencia España: “¿Es un estado fallido?”: así titula el Nacional su información sobre un artículo aparecido el pasado día 9 en el Neue Zürcher Zeitung. No es una sentencia, es sólo una pregunta; una pregunta muy pertinente a la luz de los datos que el artículo presenta. Avancemos la conclusión: «España todavía no es un “Estado fallido”, pero no está lejos de serlo.»
Algunos independentistas han mencionado dicho artículo entendiendo que ya es un estado fallido y que les da la razón en sus pronósticos sobre la pronta disolución de España. Aunque el panorama que dibuja no es nada halagüeño, el propósito del autor, Friedrich L. Sell, catedrático emérito de teoría económica, no es emitir una sentencia sino lanzar una advertencia a la Unión Europea por lo que respecta a las anunciadas subvenciones para salir de la crisis.
En su opinión, no es conveniente una rápida y masiva inyección de fondos controlada únicamente por Bruselas sino que hará falta el concurso de instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional para seleccionar los proyectos que merecen recibir financiación de la UE y evaluar su cumplimiento.
Los motivos que justifican esta desconfianza en la capacidad española para afrontar la crisis son, en primer lugar, la crisis constitucional en lo tocante a la monarquía y al separatismo catalán. Sobre este segundo aspecto, afirma: «El gobierno de Cataluña, que en el mejor de los casos representa a una escasa mayoría de la población, sigue un curso irreconciliable de secesión respecto al centro de España. Esto lo facilita el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, porque ha aceptado el chantaje en el parlamento de Madrid a cambio de la necesaria tolerancia parlamentaria del partido de izquierda catalán ERC.»
No hay aquí nada de lo que los independentistas puedan sentirse orgullosos: forman parte del problema. Pero, a algunos lectores que no pasan del título, la idea que España sea, o esté cerca de ser, un estado fallido les resulta reconfortante. Sell señala claramente como una debilidad del gobierno su dependencia de fuerzas centrífugas: «ERC, pero también Bildu, recientemente brazo político de la organización terrorista vasca ETA».
Otros motivos son: la crisis del gobierno de coalición, con Podemos exigiendo un aumento de impuestos y cuestionando la jefatura del Estado, más las dificultades encontradas en la gestión de la pandemia, en la que, «en lugar de cooperar, los gobiernos regional [de Madrid] y central se culpan mutuamente»; la crisis de los partidos, especialmente el PP, que «se hunde en un pantano de maquinaciones criminales», y la crisis judicial, siendo incapaces el PSOE y el PP de ponerse de acuerdo en la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional.
La de Estado fallido no es una noción exacta en la que todo el mundo coincida, es más bien una manera de adjetivar la situación de un país en un momento dado. Sell entiende que existe un Estado fallido «cuando ninguno de los tres poderes de un Estado constitucional democrático sigue cumpliendo lo que la Constitución y el pueblo esperan de ellos: legitimación democrática y al mismo tiempo funcionalidad comprensible», y en este artículo sólo alerta de que España no está lejos de serlo.
El uso que el independentismo hace de esta noción viene de lejos. Por ejemplo, Marta Rovira, secretaria general de ERC, declaraba en noviembre de 2017, cuando Oriol Junqueras entró en prisión, que «hoy el Estado español es un Estado fallido, democráticamente fallido, que ha tocado fondo».
El mismo año, cuatro meses antes de la declaración de independencia, Ferran Mascarell declaraba que «el Estado español es un mal Estado, que no cumple bien sus funciones, que no hace bien su tarea como instrumento al servicio de la sociedad. Algunos incluso se atreven a afirmar que es uno de los peores estados de Europa (…) yo creo que el Estado español es un Estado fallido, un Estado que no ha sabido construirse (…) un Estado que no funciona, ineficiente y que no ha tenido la capacidad de reactivarse o de reformularse a través del tiempo».
Vicent Partal escrivia, en noviembre de 2014, que la consulta sobre la independencia organizada por el gobierno de Àrtur Mas «ha demostrado al mundo, ante todo, que España es un estado fallido», debido a «la incapacidad de España de mantener el imperio de su ley en Cataluña».
Desde luego, la advertencia de Friedrich L. Sell es muy digna de ser tenida en cuenta por el gobierno actual, frágil e incapaz de infundir confianza en la población en estos difíciles momentos, pero no sirve a los propósitos independentistas. Estos llevan años calificando España de Estado fallido y anunciando su final, y a sus reiterados vaticinios, sólo cabe responder con la manida frase «los muertos que vos matáis gozan de buena salud».
La descomposición política de España
Junto con el anterior, y como sirviéndole de apoyo, se cita otro artículo, L’Espagne en échec?, de Benoît Pellistrandi, aparecido el mismo día 9, que analiza la descomposición política española y que vendría pues a corroborar la idea de Estado fallido.
Dentro del resumen que ofrece de lo sucedido en los últimos meses, advierte de la «incapacidad del sistema para organizar la solidaridad interterritorial» y califica de «francamente catastrófica la extrema tensión actual entre el gobierno central y la Comunidad de Madrid.»
Mención aparte merece la situación en Cataluña: «Quedarán para el folclore las declaraciones de los separatistas catalanes que afirmaban que la Cataluña independiente habría evitado la epidemia y notaremos que, según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (julio de 2020), dependiente de la Generalitat en Cataluña, el 50,5% de los encuestados se declara en contra de la independencia y el 42% a favor, la cifra más baja desde junio de 2017. ¿No es esto un indicio del retorno a la realidad que provoca la epidemia?»
Pellistrandi analiza también la crisis constitucional y de gobierno provocada por el descrédito de la monarquía, el cuestionamiento del modelo constitucional de 1978 y las tensiones separatistas. Comentando el veto del gobierno a la venida de Felipe V a Barcelona para presidir la ceremonia de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, afirma: «Los nacionalistas catalanes quieren expulsar al rey de Cataluña. El presidente Sánchez parece estar de acuerdo.»
Y denuncia el triste y crispante papel de la política en España: «Mientras que los españoles están preocupados con razón por las consecuencias económicas y sociales, la clase política se deleita en debates estrictamente políticos. Los separatistas catalanes, que siguen siendo la clave última de la estabilidad parlamentaria de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, están subiendo las apuestas a medida que se discute el proyecto de presupuesto del 2021 (…) Su demanda no es fiscal ni económica. Es política: se trata de conseguir que el gobierno español haga nuevas concesiones ante el conflicto catalán.»
Ambos artículos son realmente interesantes, pero no del tipo que les conviene airear a los independentistas ya que están muy lejos de serles favorables, ni siquiera se muestran mínimamente comprensibles a sus demandas.
