Javier Pérez Royo está sosteniendo en diferentes tribunas que la de inhabilitación del presidente Quim Torra es una sentència infame y que «supone un paso más en el proceso de degradación de la justicia española».
«Es evidente que el presidente Torra se negó a dar cumplimiento a una orden de la JEC, pero también lo es que con ello no cometió ningún delito. Para que la negativa a dar cumplimiento a la orden de la JEC hubiera podido ser constitutiva de delito, el presidente Torra debería haber recibido una orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le impusiera el cumplimiento de esta obligación. Entonces sí que habría cometido el delito de desobediencia judicial, que es el único delito de desobediencia en que puede incurrir el presidente de una comunidad autónoma.»
En cambio, Marc Molins, en la Vanguardia —Poder sin límites—, entiende que «la legitimidad de la Junta Central para dictar órdenes vinculantes durante la campaña electoral está definida en los textos legales y ha sido objeto de una profusa elaboración técnica por parte de los órganos jurisdiccionales llamados a enjuiciar la causa».
Si bien «la supremacía política e institucional de la presidencia de la Generalitat de Catalunya en su ámbito competencial es indudable», tenemos un problema cuando «se malentiende el significado de esta supremacía y del poder que incorpora, negando la legitimidad de cualquier planteamiento discrepante».
Al pretender el presidente Torra situarse por encima de la Junta Electoral Central, el organismo que vela por el buen funcionamiento de los mecanismos de elección de los representantes políticos, por menor que sea el asunto en disputa —la exhibición de una pancarta en edificio público durante una campaña electoral—, refleja un talante como mínimo poco respetuoso con el ordenamiento gracias al cual llegó a ser elegido diputado.
En palabras de Molins, «el hecho de obviar el cumplimiento de un mandato que tiene por objeto garantizar la libre formación del voto aduciendo la falta de límites externos evidencia una forma de entender el poder impropia de nuestros tiempos».
Una decadencia catalana como la del siglo XIV
Ya dijo Ortega y Gasset que «el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar». Todos los intentos de resolverlo, en un sentido u otro, sólo han engendrado dolor, desgaste y decepción.
Antoni Puigverd, en la Vanguardia —Lasciate ogni speranza—, no ve ninguna solución en el horizonte:
«Ya no es posible comentar la política con ánimo constructivo: no sirve de nada. Nadie está dispuesto a ceder para construir algo con los que no piensan como él (… ) Conflictos como el catalán o como el de las dos Españas ya no tienen solución. La conflictividad es tan densa y espesa, tan empapada de resentimiento y odio que permanecerá entre nosotros durante muchos años. Décadas de incendio de baja o alta intensidad. Bosques quemando lentamente las energías del país.»
Su dictamen, pesimista como nunca, es que «el conflicto catalán no tiene solución. Arrastrará a Catalunya a una decadencia tan profunda como la del siglo XIV; y dejará a España siempre con este mal interno. Un mal que la condena a ser un país incompleto y fallido, ya que, para existir en la forma uniformista soñada, necesita fomentar baldíos periféricos y empujar a la segunda ciudad del país a la ruina.»
La asignación de responsabilidades puede ser una tarea muy larga, pero algo tendrán que ver las estériles disensiones entre catalanes con esa tendencia cada vez más acusada a buscar la ruina de la capital y del país. Hasta que no consiga el sosiego interno, no podrá Cataluña sobreponerse a su decadencia.
