El Tribunal Constitucional ha decidio suspender el debate sobre el recurso presentado por el Partido Popular contra la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans, conocida como Ley Trans, argumentando «serias discrepancias» en su bloque progresista. La ponencia del magistrado Juan Carlos Campo, que respaldaba mayoritariamente la constitucionalidad de la norma, ha sido retirada por falta de consenso, según afirma el propio tribunal.
Aprobada en 2023 bajo el liderazgo de Irene Montero, bien conocida por el fiasco del Solo Sí es Sí, la Ley Trans permite el cambio de sexo registral sin requisitos médicos o psicológicos, incluso para menores de 12 a 16 años con «madurez y consentimiento informado«. La Ley no establece baremos para evaluar dicha «madurez». El PP recurrió la norma, planteando enmiendas que buscan proteger derechos fundamentales. Entre estas, destacan la exigencia de salvaguardas en espacios como cárceles, refugios para víctimas de violencia de género y competiciones deportivas, donde la autodeterminación de género genera conflictos con los derechos de las mujeres. También se cuestiona la manifiesta ausencia de requisitos médicos para menores, que suponen un riesgo para su bienestar. Estas propuestas, vistas como razonables por sectores que piden un equilibrio entre derechos trans y de otros colectivos, generan debate.
La ponencia de Campo, que solo consideraba inconstitucionales aspectos secundarios de la ley u suscribía los puntos fundamentales del texto, no ha logrado el respaldo de las magistradas progresistas Inmaculada Montalbán y María Luisa Balaguer. Estas, junto a magistradas conservadoras como Concepción Espejel, han expresado contundentes preocupaciones sobre las implicaciones de la ley en los derechos de las mujeres, alineándose parcialmente con los planteamientos del PP, que al final del día no parten de un planteamiento ideológico. La falta de acuerdo lleva al TC a posponer el Pleno previsto, dejando la resolución en suspenso.
Las tensiones en el bloque progresista, que controla la mayoría del TC, evidencian la dificultad de abordar un tema tan polarizante bajo los absolutos en que se fundamenta la ley. Las enmiendas del PP siguen ganando eco en un debate que exige un escrutinio mucho más cuidadoso que el efectuado hasta hoy sobre la norma.
