El Departamento de Educación, dirigido por el republicano Josep Bargalló, ha creado un nuevo frente de incertidumbre y nerviosismo en los centros de educación especial. De acuerdo con la Conselleria de Salud, regida por la también republicana Alba Vergés, ha anunciado que los alumnos que den positivo en una prueba PCR serán confinados en los propios centros y no en sus domicilios.
Así lo ha asegurado esta semana el director general de Centros Públicos, Josep González Cambray, quien, en una entrevista en RAC1, ha explicado que Educación tiene previsto no cerrar ningún centro de educación especial «en caso de confinamiento» y ha añadido: «En caso de un positivo, haremos el confinamiento dentro de la misma escuela«.
Un anuncio que ha generado incertidumbre en unos centros que ahora mismo intentan prestar sus servios en medio del «caos más absoluto«. Así lo indican desde uno de los consultados por El Liberal y que ha pedido que su nombre no sea publicado: «No sabemos nada de esto. Nos van dando las instrucciones casi a diario por lo que nunca sabemos qué va a pasar. Además, de ser cierto, ¿cómo pretenden hacerlo? Nosotros no tenemos ni espacio, ni material, ni personal para poder hacernos cargo».
¿Dónde está el protocolo?
Más contundentes son en la reacción los integrantes de la Agrupació de Famílies per una Elecció Educativa Segura (AFEES), cuya presidenta, Sesa Cameán, explica que llevan días intentando conseguir el «protocolo» que permita a Educación tomar esta decisión sin que haya sido posible. La entidad nació en mayo y desde entonces reclama al Govern un regreso a las aulas seguro, tanto para los alumnos como para los docentes y el resto del personal.
«Es un secuestro institucional«, resume Cameán, que subraya que, además, «va en contra de las leyes de libre circulación y obliga a los docentes a hacerse cargo de estos niños que tienen a sus propias familias». En su opinión, esta controvertida medida se basa fundamentalmente «en economía y tantos por ciento, que es de lo único de lo que entienden en la Generalitat». Y es que, en otras circunstancias y en una situación en la que el alumno no puede asistir al aula por enfermedad, existen servicios a los que recurrir para que no pierda el ritmo de las clases, como la atención domiciliaria por parte del profesorado o, incluso, la de los numerosos voluntarios que trabajan con asociaciones de familias cuyos hijos están escolarizados en la Educación Especial. Alternativas que, con la pandemia del COVID-19, han desaparecido.
«Encerrar a estos niños en caso de contagio en los centros es como un recorte«, asegura la presidenta de AFEES, «se hace para evitar sobrecostes«. Tanto es así que, según explica, los médicos ya no expiden los certificados necesarios para, en caso de menores con enfermedades crónicas, poder acceder a este tipo de apoyo educativo.
Sin EPIs en las aulas
Cameán pone en duda que esta decisión pueda realmente aplicarse dada la situación de este tipo de centros. La presidenta de la AFEES explica que en estos colegios faltan ahora mismo recursos imprescindibles como los famosos EPIs (equipo de protección individual), necesarios para unos docentes que trabajan con alumnos a los que, por ejemplo, puede resultarles difícil llevar la mascarilla constantemente. Pero también con otros a los que el hecho de llevarla les genera brotes de agresividad. Chavales, en definitiva, con los que el maestro ha de tener contacto físico necesariamente y para el que no tiene la protección adecuada. De ahí que desde el sector se exija a Educación que adopte las medidas necesarias pero, sobre todo, que lo haga visitando los centros y conociendo de primera mano cuál es la situación real de los mismos. «Es fácil hacer escritos y leyes desde una mesa pero hay que bajar a la calle para ver lo que está sucediendo realmente», afirma Sesa Comeán. Y añade: «No queremos hacer este tipo de comparaciones pero esto recuerda al nazismo«.
Lo cierto es que la situación en las aulas catalanas está siendo complicada en esta primera semana de regreso a la actividad. 87 centros educativos tienen un total de 111 grupos confinados por haberse detectado casos de COVID-19 entre sus integrantes. Y todo indica que, en los próximos días, las cifras aumentarán. Algo que ya esperaban desde antes de septiembre los integrantes de la AFEES, que agrupa a unas 4.000 familias de las cuales 3.000 no están llevando a sus hijos al colegio en estos momentos. Es lo que llaman «huelga educativa» y tiene como objetivo obligar a Educación a adoptar las medidas necesarias, «cuesten lo que cuesten», para garantizar que las aulas serán espacios seguros, tanto para sus hijos como para los profesionales que trabajan con ellos.
8.000 familias en «huelga educativa»
No son, sin embargo, los únicos que han decidido no enviar a los menores a clase. En toda Cataluña, y según los datos de AFEES, son 8.000 las familias que han optado por esta forma de protesta. Pretenden, entre otras cuestiones, que Educación ponga en marcha un sistema que les permita decidir si quieren clases presenciales, telemáticas o una fórmula mixta, en función de la situación de la pandemia. Algo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en diversos estados de Estados Unidos, en los que las familias son las que deciden a diario, con los datos que reciben del sistema educativo, qué hacer. Lo explicaba recientemente desde Houston la doctora Sonia Villapol en el programa de YouTube La Reunión Secreta.
Desde Educación no se ha tomado, de momento, ninguna decisión sobre esta «huelga educativa». «Nos están ignorando», lamenta Cameán. E, incluso, se ha difundido la idea de que son familias fuera del sistema, como las de la etnia gitana, las que han tomado esta decisión, lo que ha llevado al Síndic de Greuges a exigir este viernes que no se estigmatice a este colectivo. Un toque de atención dirigido fundamentalmente a los medios públicos catalanes, TV3 y Catalunya Ràdio, que han informado estos días sobre la supuesta «baja asistencia en centros con más alumnado gitano».
Desde AFEES, finalmente, se augura que las próximas semanas serán difíciles en los colegios catalanes. Tienen claro que se incrementarán los contagios mientras que los recursos prometidos por Educación siguen sin llegar. Y temen que la «segregación» por la que apuesta Educación en el caso de los centros de educación especial pasará también a los ordinarios. Mientras tanto, siguen sin tomarse medidas que faciliten la conciliación familiar en aquellos casos en los que las familias tengan que cuidar de un menor contagiado y nada se sabe sobre el desarrollo de la educación telemática a través de la entrega a los alumnos de tablets o portátiles a cargo del erario. Todo es estos días confuso en el mundo pero, sobre todo, en los colegios, donde se dan la mano la ilusión de casi todos los niños por volver y el miedo de los adultos a las consecuencias que pueda tener este regreso.
