La rescisión del Gobierno socialista del contrato de armamento israelí a causa de las presiones de la izquierda radical ha generado una lluvia de críticas entre los sectores de seguridad y defensa del país. La cancelación, motivada por presiones políticas y el veto a Israel por el conflicto en Gaza, ha puesto en el punto de mira la operatividad de los cuerpos de seguridad, según diversas asociaciones profesionales y expertos del ámbito.
Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha sido una de las voces más críticas, advirtiendo que la falta de munición compromete la formación anual obligatoria en tiro de los agentes y su capacidad para garantizar la seguridad pública. Este cuerpo, que depende de los 15 millones de proyectiles del contrato anulado, también lamenta el impacto económico, ya que los costes asociados recaerán sobre sus propios recursos y no sobre los responsables políticos de la decisión.
SIN CONTRATO DE ARMAS. Independientes de la Guardia Civil: «Están poniendo en peligro la seguridad ciudadana
— IGC NACIONAL (@_IGC_) April 25, 2025
Entrevista a Daniel Fernández, vicepresidente y portavoz nacional de IGC, tras conocerse que el Gobierno ha rescindido unilateralmente el contrato de compra de balas a… pic.twitter.com/Pu2AauA9I5
Sectores similares, como las asociaciones de la Policía Nacional, comparten estas preocupaciones. Aunque no han emitido pronunciamientos públicos, fuentes cercanas señalan que la escasez de munición podría afectar también a este cuerpo, que requiere recursos similares para su preparación operativa y desarrollo de las tares que les son propias en el mantenimiento de la seguridad. En el ámbito militar, asociaciones del Ejército Español ven con inquietud los retrasos en los suministros y la limitación de proveedores estratégicos, especialmente tras la cancelación de otro contrato con Israel para modernizar tanques en 2024.
El debate refleja una tensión entre las prioridades operativas de los cuerpos de seguridad y las decisiones políticas del gobierno, ideológicas y motivadas por el potencial rédito electoral.
