Un presidente de la Generalitat tiene un mandato de cuatro años durante los cuales puede comparecer a petición propia ante el Parlamento cuando le parezca oportuno, puede dirigirse a los ciudadanos en cualquier momento, y dispone de medios de comunicación públicos a su disposición, pero el presidente Torra quiere hacernos creer que su libertad de expresión ha sido vulnerada por el pérfido Estado español —«un Estado instalado en la venganza»—; quiere hacernos creer que no le bastaban el Parlamento, ni las ruedas de prensa, ni las entrevistas, ni los mensajes institucionales sino que necesitaba expresarse mediante una pancarta colgada en el balcón del palacio donde reside y precisamente durante los días que dura una campaña electoral.
Fue en septiembre de 2019. La pancarta rezaba «Llibertat presos polítics i exiliats — Free political presoners and exiles» (la ha vuelto a poner en Twitter, como reafirmándose en la heroicidad) y pretendía reflejar un «clamor muy mayoritario de la sociedad catalana y un compromiso democrático del Govern con las personas que sufren represión por haber defendido la democracia, los mandatos electorales y los derechos fundamentales». Pero cualquier clamor, más o menos mayoritario, tiene muchos cauces donde expresarse. En aquel momento el país estaba lleno de pancartas, no hacía falta otra más en un edificio oficial. Cuando uno llega a la presidencia de la Generalitat, son sus actos de gobierno los que han de hablar por él, no su balcón.
Ahora, Torra pretende presentar aquella pancarta tan innecesaria como inoportuna, por cuanto contravenía a las órdenes de la Junta electoral central, como un hito de la libertad de expresión, y de esta manera, en caso ‘de una condena de inhabilitación, aparecer como víctima de un sistema intolerante. La jugada es muy burda, pero ya no importa. Oportunamente situado el debate de política general en el Parlamento catalán el día antes y el día después del jueves 17 de septiembre, cuando tiene lugar en el Tribunal Supremo la vista por el recurso contra su inhabilitación, queda garantizado el protagonismo de un presidente sobradamente amortizado, a quien todos los grupos de la cámara, excepto el suyo propio, pidieron que convoque elecciones de una vez. De irresponsabilidad calificó no hacerlo el portavoz de ERC.
Los réditos de la inestabilidad
David Miró, en el Ara —Excepcionalistes contra institucionalistes—, enmarca esta actitud de Torra en la política llevada a cabo por JxCat durante toda la legislatura: «El excepcionalismo consiste en aprovechar las instituciones como palanca para crear una inestabilidad que resalte el carácter “excepcional” del momento histórico. Uno de los ideólogos de esta corriente es Josep Costa [vicepresidente primero del Parlamento de Cataluña], que defiende que el independentismo crece cuando hay confrontación y se desinfla en contextos de normalidad.»
En contra de esta política, o mejor dicho antipolítica, están los institucionalistas de ERC, quienes «creen que este camino profundiza en la división en bloques porque aleja a los no independentistas de la Generalitat y, además, no permite poner en primer plano la idea del “buen gobierno”, básica para ensanchar la base.» Tener un presidente inhabilitado, proseguir la legislatura con un gobierno en funciones o el desprestigio de las instituciones son asuntos que aún preocupan a los de ERC mientras que alegran la vida a los de JxCat.
Miró no lo dice pero es fácil pensar que la designación de Quim Torra como presidente, un activista ajeno a la política de gestión, incapaz de transmitir firmeza y convicciones, forma parte de ese excepcionalismo que cree avanzar deteriorando la administración autonómica. Las próximas elecciones opondrán en primer término los seguidores del proceso independentista contra los que se resisten a él, y en segundo término a los independentistas que creen que a pesar de todo hay que ejercer las competencias autonómicas contra los que se creen tan inteligentes como para intentar otra vez una confrontación que ya perdieron hace tres años.
Vengativo e irresponsable Estado
En Vilaweb, Vicent Partal hace un elogio del Quim Torra más real. Después de relatar una anécdota sobre la intervención del presidente en una compra excepcional de material sanitario en los momentos más duros de la pandemia, como si esa intervención fuera un mérito que hubiera que premiar pasando por alto un acto de desobediencia a la Junta Electoral, emite esta sentencia:
«Hoy España le expulsará del cargo de presidente de la Generalitat —no es necesario que nos engañemos, que el juicio ya se ha hecho antes de empezar—. Y es así que asistiremos a algo que hay que denunciar como lo que es, sin ambages: el nacionalismo español, obcecado, vengativo e irresponsable como él solo, echará de la presidencia de la Generalitat, aunque en plena lucha contra la pandemia, un servidor público que ha vivido noche y día, hace meses, dedicado completamente a defender la vida de todos los ciudadanos, sean quienes sean, votan lo que votan y piensan como piensan.»
Ante este intento de presentar a un presidente accidental como un hombre providencial, convendría recordar que si Quim Torra es inhabilitado por un cierto período de tiempo, no por ello la Generalitat dejará de existir ni sus trabadores dejarán de cumplir con su deber.
