La Fiscalía General del Estado, dirigida por Dolores Delgado, ha intentado poner orden en los aspectos jurídicos relacionados con la okupación de viviendas. Lo ha hecho emitiendo este martes una instrucción de obligado cumplimiento para los fiscales que, entre otras cuestiones, obliga a los servicios sociales a hacerse cargo de los okupas cuando estos demuestren que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
En el punto quinto de la instrucción, la Fiscalía indica que los fiscales deberán tener en cuenta si en el inmueble ocupado se encuentran personas con «especial vulnerabilidad», «claro desamparo«, menores o discapacitados. En estos casos, los fiscales, además de tramitar el desalojo del inmueble, deberán «poner en conocimiento de los servicios sociales» esta situación. Estos servicios deberán adoptar, «con carácter previo al desalojo«, las medidas necesarias para la protección de los ocupantes, «proveyendo en su caso las soluciones residenciales que procedan».
Retrasará los desalojos «durante meses»
Una orden que recaerá directamente sobre los ya de por sí saturados servicios sociales, habitualmente municipales, y que, según juristas consultados por El Liberal, «no parece la mejor solución para la seguridad jurídica». «Se da pábulo al ocupante para ocupar la morada ajena mientras disfruta de la ocupación«, añaden, «pero el ciudadano no tiene porqué pechar con la carga de mantener el legítimo derecho a la vivienda de los demás con cargo a la suya propia».
Otras fuentes consideran que este punto de la instrucción es «preocupante«. Aseguran que la instrucción firmada por Dolores Delgada en este sentido «demorará» los desalojos «durante meses», pues serán los servicios sociales los que tendrán que buscar una vía alternativa para los okupas antes de abandonar el inmueble.
