El sector inmobiliario de Cataluña ha asegurado este lunes que la proposición de ley de regulación de los alquileres, que se debatirá esta semana en el Parlament, es inconstitucional y asegura que dificultará el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables.
En un comunicado este lunes la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha afirmado que la normativa «vulnera la Constitución española, atenta contra el derecho a la propiedad privada y fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña».
En el escrito, Asval ha defendido que su aplicación generaría enormes desequilibrios en el mercado del alquiler en Cataluña y «ahuyentaría la inversión necesaria para desarrollar un sector profesionalizado ante la falta de seguridad jurídica», ha informado. Así, advierte de que el desarrollo del mercado inmobiliario catalán puede verse «seriamente perjudicado», al provocar que el interés de los inversores se traslade a otras comunidades.
Además, afirma que esta ley incentivaría la economía sumergida, ya que muchos propietarios podrían verse tentados a compensar ilegalmente la diferencia entre el precio regulado y el de mercado. «Esto generaría graves consecuencias para los inquilinos, la salud de la economía catalana, sus ingresos fiscales y para el grueso de los propietarios, ya que la mayoría actúa conforme a la ley», ha aseverado.
La asociación ha asegurado que, si la proposición de ley catalana se llega a aprobar, solicitará al Gobierno y a los partidos políticos con representación suficiente en el Congreso que impulsen un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional.
Las rentas más bajas, los más perjudicados
Asval afirma que los colectivos vulnerables, las rentas más bajas y los jóvenes serán los más perjudicados, ya que asegura que el control de precios produce una reducción de la oferta, lo que dificulta el acceso, y el propietario se decantará por inquilinos con mayor solvencia. Además, ha apuntado que en Cataluña el ‘stock’ de vivienda social es «bajo y notablemente insuficiente» para cubrir el aumento de la demanda esperado.
Por todo ello, Asval ha apelado a las fuerzas políticas que apoyan esta norma en el Parlament a reflexionar sobre sus efectos negativos y retirar el proyecto «al ser contrario al derecho de propiedad reconocido en la Constitución». «Apelamos al Govern para que reflexione y rectifique sobre esta medida, y solicitamos al Gobierno y al resto de partidos que tomen las medidas necesarias para evitar la puesta en marcha de esta ley que atenta contra la Constitución, el Estatut y que genera graves perjuicios al mercado inmobiliario», ha afirmado la directora general de Asval, Beatriz Toribio.
